Derecho humano al agua y alimentación

Por Kamel Athie

(Tercera de cinco partes)

El Gobierno Mexicano, atendiendo la Resolución 64/292 donde la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 8 de febrero de 2012 publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que adicionó un sexto párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza el derecho humano al agua.

Dentro de las disposiciones constitucionales, que incorporaron expresamente el derecho humano al agua, se estableció, en el Artículo Tercero Transitorio, la obligación de que el Congreso de la Unión emitiera una Ley General de Aguas cuya finalidad sea garantizar el cumplimiento pleno y efectivo del derecho humano al agua con la participación que corresponda a la Federación, estados, Distrito Federal, municipios y ciudadanía.

La importancia de emitir por parte del Congreso una nueva Ley General de Aguas radica en lo siguiente:

El tema del agua es un asunto de seguridad nacional y, por tal motivo, el recurso hídrico debe estar bajo la rectoría del Estado que, mediante el establecimiento de bases, apoyos y modalidades y apegado al orden constitucional, logrará que los tres órdenes de gobierno ejerzan sus atribuciones con el fin de garantizar el derecho humano al agua, sin comprometer su sustentabilidad ni frenar el desarrollo económico.

Disponer de agua en cantidad y calidad suficientes para el consumo humano, es una de las demandas básicas de la población, pues incide directamente en la salud y bienestar general. Es por ello que la autoridad debe respetar, promover y favorecer de manera prioritaria el derecho humano al agua de: los pueblos y comunidades indígenas, guarderías, hospitales, centros de salud, Asilos e; instituciones educativas y de investigación.

Una parte igual de importante que hacer llegar agua en cantidad y calidad a los hogares mexicanos, es el saneamiento y prevención de la contaminación de cuerpos de agua. Por tal motivo, resulta necesaria la implementación de medidas para prevenirla y controlarla, con la participación de la Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios, concesionarios del agua y a la ciudadanía, a fin de proteger y conservar el recurso hídrico.

Legisladores, gobierno, grandes usuarios de agua y ciudadanos aceptan que es necesario considerar el acceso al agua potable y saneamiento, y a la alimentación,   como derechos humanos básicos, sin embargo no ha sido aprobada la Ley General de Aguas, y probablemente ninguno de esos actores ha reparado en las siguientes interrogantes:

1.- ¿Todos los municipios tienen la capacidad técnica y financiera para afrontar este desafío?

2.- ¿Qué ocurrirá en aquellos lugares donde por las más variadas razones, no sea posible cumplir con este mandato constitucional?

3.-  ¿ Ante quién recurrirán a quejarse los ciudadanos que no cuenten con el mínimo indispensable para su uso personal y doméstico?

Es claro que por lo menos en 2,300 municipios pobres que tienen miles de comunidades rurales tendrán problemas para suministrarles el vital líquido a sus habitantes, que ya desde ahora deberían estar recibiendo los mínimos de agua marcados por la ONU. En estos casos las medidas emergentes serían distribuir el agua en pipas, las cuales ciertamente no tienen por falta de recursos económicos para adquirirlas y darles mantenimiento, así como para sufragar el pago de choferes y combustibles.

Mucho menos tendrán dinero para financiar los estudios de fuentes alternas de abastecimiento y dotar de manera segura a la población desprotegida mediante la construcción de infraestructura. Es claro que si no tienen recursos para los estudios, menos tendrán para las obras hidráulicas. En el mismo caso están los habitantes de miles de colonias populares de las ciudades medias y grandes.

Garantizar el derecho humano al agua, en los términos que aquí se han enunciado, requiere de un cambio de las prioridades del gasto público, donde los proyectos del sector hídrico sean considerados como estratégicos para la felicidad de las familias y la producción de alimentos. Es urgente también instrumentar un sistema de financiamiento del sector hídrico acorde a las necesidades de México, que son abatir rezagos de conservación, mantenimiento y modernización de la infraestructura hidráulica construida, pero también para la construcción de nuevos proyectos en los diversos usos.

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