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Inédita condena de 52 años de cárcel a general del ejército por tortura y asesinato

Cd. de México; Un juez federal condenó a 52 años con 6 meses de prisión al General de Brigada Manuel Moreno Aviña, ex comandante de la Guarnición Militar...
  • Por Reportero noc
Inédita condena de 52 años de cárcel a general del ejército por tortura y asesinato

Un juez federal condenó a 52 años con 6 meses de prisión al General de Brigada Manuel Moreno Aviña, ex comandante de la Guarnición Militar de Ojinaga, Chihuahua, por la tortura, asesinato e inhumación clandestina de un civil, registrada en 2008.

René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en Chihuahua halló culpable al militar de los delitos de tortura, homicidio calificado y violación a las Leyes de Inhumación, en la modalidad de destrucción de cadáver, informó el Consejo de la Judicatura Federal.

Para el juez, Moreno Aviña es plenamente responsable del crimen de José Heriberto Rojas Lemus, un joven veinteañero originario de Uruapan, Michoacán, que murió el 25 de julio de 2008, después de ser torturado con descargas eléctricas en una palapa de las instalaciones militares de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), en Ojinaga.

Por estos hechos, el juzgador impuso al General el pago de una multa de 410 días de salario, equivalente a 20 mil 295 pesos, y 15 años de inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.

También condenó a Moreno Aviña y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al pago de la reparación del daño por un monto de 250 mil 470 pesos a favor de quien acredite los derechos sucesorios de la víctima.

Pero la sentencia del juez Ramos Pérez también es contra la institución de la Sedena, a la que condenó a ofrecer una disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía de no repetición del hecho delictivo que se cometió por un servidor público.

De acuerdo con el juez, el Ejército también deberá efectuar una declaración pública a través de los medios electrónicos o escritos, donde restablezca la dignidad y reputación de la víctima.

Al mismo tiempo, ordenó a la Sedena brindarle a los deudos de la víctima la atención médica y psicológica que requieran de los servicios sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos, como como consecuencia del delito.

Para el juez Ramos Pérez, quedó acreditado que la joven víctima fue detenida en las primeras horas del 25 de julio de 2008, por elementos en activo de la Tercera CINE en Ojinaga y que después fue llevado a las instalaciones de esa unidad, donde los militares lo ataron y mojaron para aplicarle descargas de energía eléctrica en el cuerpo.

El objeto de las torturas era obtener información sobre la muerte de un militar.

El joven José Heriberto Rojas Lemus fue vejado en presencia de varios militares, que interrogaban a otros individuos, por orden del General Moreno Aviña.

Las torturas se prolongaron hasta aproximadamente las 9:00 horas del mismo día, lo que originó que falleciera a pesar de los primeros auxilios que le fueron proporcionados, a consecuencia muy probablemente de fibrilación ventricular y paro cardiorrespiratorio secundarios a descargas eléctricas.

Después, por órdenes directas del General Moreno Aviña, el cadáver de la víctima fue subido a un vehículo y transportado a un rancho en el que fue incinerado de manera clandestina, sin hacerlo del conocimiento de la autoridad ministerial.

"El órgano jurisdiccional concluyó que en forma directa y consciente, en acuerdo previo, de manera conjunta y sirviéndose de otros, el sentenciado realizó los hechos delictivos y de actuaciones no se advierten elementos de prueba alguno que demuestren que el acusado haya actuado ilícitamente en contra de su voluntad o alguna otra circunstancia excluyente de responsabilidad, además como se ha asentado, éste era el superior de mayor jerarquía en las instalaciones de la referida Compañía", señaló el juez. 

Entre 2008 y 2009, cuando Moreno Aviña estuvo al frente de la Guarnición Militar de Ojinaga, se instauró un régimen de abuso sistemático, en el que los militares bajo su mando se vieron implicados en robos, allanamientos ilegales, secuestros, torturas y homicidios.

En 2010 el general y otros 21 subordinados fueron detenidos y llevados a juicio por la justicia militar y federal, por estos hechos.

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