Aprueban código de ética para diputados

Ciudad de México.- Los tiempos del charolazo,  las tomas de tribuna, el empleo de groserías y las llegadas al recinto con copas de alcohol encima quedaron erradicados, en teoría, al aprobarse ayer el Código de Ética para  la Cámara de Diputados.

Los legisladores aprobaron reformas a su reglamento interno para incluir la obligación de cumplir con ese código.

Quien lo infrinja podría suspendérsele su dieta y recibir una amonestación. Incluso sería acreedor a la remoción temporal o definitiva de los cargos que desempeñe en comités o comisiones del Congreso.

La reforma fue avalada con 318 votos en favor, 26 en contra y 35 abstenciones.

El dictamen fue elaborado por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con base en iniciativas que, por separado, presentaron los diputados Carolina Monroy del Mazo (PRI) y Jorge Triana Tena (PAN).

La también secretaria general del PRI celebró el fin de todas estas prácticas anómalas, y que ya no habrá más legisladores que interrumpan las sesiones sin razón, utilicen “lenguaje vulgar” y se ostenten como altos funcionarios.

Añadió que con la aprobación del código se pretende “crear personajes de vida ejemplar”.

El panista Jorge Triana Tena consideró imperativo que la Cámara de Diputados cuente con un código deontológico de principios y de preceptos a seguir que, paradójicamente, no existe para el Legislativo; en el poder  Ejecutivo se tiene desde 2002 y en el Judicial desde 2014.

Sancionarán toma de tribuna y charolazo

En teoría, se acabaron  en San Lázaro los tiempos del charolazo, las tomas de tribuna, el uso de groserías y las llegadas al recinto con copas encima, al aprobarse ayer el Código de Ética de los diputados federales.

Ayer, la Cámara de Diputados aprobó en lo general reformas a su Reglamento para expedir el Código de Ética del recinto legislativo de San Lázaro con 318 votos favorables, 26 en contra y 35 abstenciones; de inmediato se inició la discusión de las reservas presentadas a cinco artículos.

El dictamen fue elaborado por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con base en iniciativas que, por separado, presentaron los diputados Carolina Monroy del Mazo (PRI) y Jorge Triana Tena (PAN).

Monroy del Mazo, también secretaria general del PRI, celebró el fin de todas estas prácticas, y que ya no habrá más legisladores que interrumpan las sesiones sin razón alguna, utilicen “lenguaje vulgar” y se ostenten como altos funcionarios de gobierno.

Afirmó que con el nuevo Código de Ética para el comportamiento de los legisladores dentro del recinto legislativo de San Lázaro se pretende “crear personajes de vida ejemplar”, a partir de los errores y defectos como humanos, tomando “las mejores decisiones fundamentadas en un código de honestidad y principios éticos básicos”.

En entrevista con Yuriria Sierra para Grupo Imagen Multimedia, la secretaria general del PRI explicó que el código incluye sanciones si la conducta de los diputados no es “ejemplar, seria, respetuosa, responsable, tolerante y honesta”, con acciones que generan desconfianza ciudadana. 

Explicó que quien viole el Código de Ética se hará acreedor a una amonestación pública o privada, la suspensión de la dieta, como lo señala la Constitución, y la remoción temporal o definitiva de los cargos que desempeñen en comités o comisiones del Congreso.

Monroy del Mazo agregó que, con esto, “pretendemos ampliar la responsabilidad de los asambleístas, dándole un peso jurídico importante al Poder Legislativo que incluya a diputados y senadores”.

Confirmó que se pretende llevar el modelo a los Congresos estatales y, a partir del próximo periodo de sesiones, impulsarlo “para que los servidores públicos que hemos sido elegidos por sufragio, por voto directo, tengamos una gama más amplia de sanciones, entre otras, la destitución”.

En tanto, el panista Jorge Triana Tena consideró imperativo que la Cámara de Diputados cuente con un código deontológico de principios y de preceptos a seguir que, paradójicamente, no existe para el Poder Legislativo; en el Poder  Ejecutivo se tiene desde 2002 y el Poder Judicial desde 2014.

Fue “el sexto intento por poner en la mesa un código de ética parlamentaria en el país; el último de ellos fue en 2010”.