La columna

Serrano: al nacional del PRI.

El PAN: pidiendo “el diezmo” a sus militantes.

La censura a María Teresa Guerrero Olivares: otro petardo político.

La Sección 8ª y la CTM: dos rayas más al tigre.  

Quien al parecer se incorpora al CEN del PRI, como colaborador del líder nacional Enrique Ochoa Reza, es su tocayo Enrique Serrano Escobar, ex candidato a gobernador del Estado de Chihuahua. Ahora, con las aguas más tranquilas, luego del viacrucis político que le han significado a miles de priístas los más de 120 días transcurridos después de la noche triste del 5 de junio de 2016, la revolución vuelve a hacer justicia al ex abanderado tricolor -y no así a la mayoría de las víctimas de los daños políticos colaterales-, al colocársele como alto funcionario nacional del histórico partido. Sin duda, Serrano, que no es nuevo en las lides políticas de la capital del país, en las que tuvo la oportunidad de incursionar durante su gestión como diputado federal, tendrá bastante quehacer al lado de Ochoa, independientemente de la consolidación de sus vínculos políticos con importantes personajes chihuahuenses radicados en la Ciudad de México, como los exgobernadores Patricio Martínez y Reyes Baeza. Además, dada la cercanía del ex alcalde juarense con su también tocayo, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no se descarta la posibilidad de que más adelante reciba otra oportunidad electoral -por “tierra” o por “aire”-. Recordemos que, en política, todo el que respira aspira, y mientras haya vida no existen los muertos pero sí esperanza.

El que ya pidió apoyo a sus correligionarios para fortalecer económicamente al PAN es el gobernador Javier Corral, pues rápido, categórico y sin circunloquios, como suele ser su estilo personal, les advirtió a todos los nuevos funcionarios albiazules de los poderes ejecutivo, legislativo y de los municipios -muchos de los cuales son empleados suyos, literalmente-, que en lo sucesivo deberán aportar una parte de sus sueldos para contribuir a la manutención del partido. Lógica, común y necesaria, desde luego, la medida, misma que se aplica en todos los partidos y hasta en las organizaciones no del todo formales. Si alguien lo duda, sólo basta recordar cómo se financió Andrés Manuel López Obrador en 2006, cuando para sostener a su “gobierno paralelo” -llamado por él “legítimo”- recurrió a la subvención derivada de una porción de los sueldos de cientos de senadores y diputados federales, que en ese entonces llegaron al Congreso gracias al fenomenal efecto “Peje”.

Luego del escándalo mediático ocurrido en días pasados a raíz de la polémica suscitada por el supuesto nombramiento de Javier Benavides como Director de la Policía Estatal, un nuevo y diferente petardo político irrumpió en la escena pública, al ser lanzado por las comunidades tarahumaras de la Sierra de Chihuahua, cuyo portavoz, Tomás Ruiz Mendoza, declaró, en uno de los medios periodísticos de mayor circulación estatal, la inconformidad existente respecto al nombramiento de María Teresa Guerrero Olivares como Secretaria de Atención a los Pueblos Indígenas. Ruiz Mendoza, quien es Representante de los Consejos Supremos de la Alta y Baja Tarahumara, fue duro en sus señalamientos de rechazo contra la nueva funcionaria, ya que no sólo reveló el malestar de los gobernadores tarahumaras por no haber sido consultados por el titular del ejecutivo estatal para dicha designación, sino que además acusó a Guerrero de traicionar los intereses de las comunidades serranas. Toda persona es inocente mientras no se le demuestre lo contrario; hay que dar a los nuevos funcionarios oportunidad para que brinden los resultados esperados. Incendiar con “grillas” y animadversiones al Estado no es el camino deseable. Cuando se hagan acusaciones, estas deben estar fundadas, pues de lo contrario solo serán chismes entorpecedores de la marcha del gobierno estatal, al que hay que darle oportunidad de actuar, a fin de que por el bien de todos los chihuahuenses pueda avanzar en la solución de la actual problemática de la entidad, y demostrar su potencial.

Para no variar, así como para continuar con la alta temperatura que ha registrado el horno político chihuahuense durante el caliente mes de octubre, las airadas posturas de la CTM y la Sección 8ª del SNTE, metafóricamente hablando han venido a ser algo así como “dos rayas más que se incorporan al pelaje del tigre”, en este inicio de quinquenio gubernamental, que por diversas razones ha sido atípico o extraordinario. Sí, el caótico bloqueo de calles en el centro de la capital, efectuado en demanda de sueldos y otras prestaciones por algunos miembros de los sindicatos del sistema de transporte urbano; y la sorpresiva toma de instalaciones de SEECH, protagonizada en los principales municipios por maestros federales inconformes con el nombramiento de ciertos funcionarios de los Servicios Educativos del Estado; se sumaron a la agitada agenda pública, acaparada hasta ahora por temas como el cuestionamiento a la designación de Javier Benavides como Director de la Policía Estatal; el anuncio de la no gratuidad de la educación superior; el retorno de las fotomultas -con la oposición de “Maru” Campos respecto a su jefe y correligionario, el gobernador Corral-; las protestas contra la nueva administración municipal por la colocación de una abogada penalista al frente del Instituto de la Cultura; la supuesta falta de título profesional de la nueva Directora del COBACH -“Tere” Ortuño-; y el preocupante incremento del número de homicidios violentos. Sin embargo, la apertura de los secretarios de Educación y de Gobierno, Pablo Cuarón y César Jáuregui, para dialogar con los líderes magisterial y cetemista, Rosa María Hernández y Jorge Doroteo Zapata, permitió encausar por la vía del trato diplomático los dos conflictos gremiales que empezaban a convertirse en una pesadilla para el gobierno.

POR CARLOS JARAMILLO VELA

[email protected]