*Partido Joven y Partido del Norte a escena *Miente Pinedo, dice Belmonte *Patas parriba el estado *Fue pifia o no fue pifia

YA salieron a flote los membretes de los dos nuevos partidos políticos que aspiran a su registro. Se trata del Partido Joven y del Partido del Norte, cuyos papeles son ya revisados con lupa por Memo Sierra, el secretario general del Ople. Raúl Randolfo Aragón Morales aparece como representante del primero. Por el segundo, lo hizo Jonathan Arballo Rodríguez, quien pidió la revisión y posterior aprobación de los consejeros. Los dos aspirantes a partido político, se proponen contender en 2018 por diputaciones locales y presidencias municipales. Bueno, es que vivimos en la era de la pluralidad y, pues, no será raro que haya muchas opciones políticas. Aparte, hay que sumar las candidaturas de los independientes, que, asegúrelo usted, saldrán debajo de las piedras como lagartijas después de la lluvia. Pero, adivine: ¿quién está detrás de estos dos nuevos partidos?

SERGIO Belmonte, ex coordinador de comunicación social con Duarte, desmintió a su sucesor, Antonio Pinedo, de la era del nuevo amanecer. Simple y llanamente, Belmonte dijo que el funcionario mintió al decir que el año pasado el área ejerció un presupuesto de 1,200 millones de pesos. Aclaró en un comunicado que fueron autorizados 729 mdp pero solo se ejercieron 429 mdp, en números redondos. Es decir, el ex de comunicación social dijo que habían sido ahorrados 237 millones de pesos. Mentir en política puede ser común, pero cuando la mentira queda al descubierto, las complicaciones suelen ser graves. Nadie entiende en el medio, por ejemplo, que obliga a Corral a sostener a Pinedo cuando su función ha sido pobre e ineficiente. Si a esto se le agrega, además, que funge como protector de la corrupción, al encubrir a Miguel Riggs y su cuñado, pues las cosas definitivamente se complican.

EN materia de seguridad, el estado se halla convertido en un baño de sangre y, en cuestión social, está patas parriba. En la sierra, como nunca, los grupos delincuenciales hacen de las suyas sin nada que los bloquee. Muertes, secuestros, enfrentamientos y anarquía, reinan en cualquier municipio, en el que se le ponga la mano. De Bachíniva a Madera, de Bocoya a Chínipas, las cosas están que arden. No hay estrategia del ejército, ni de la policía federal, ni de la estatal, menos de las municipales. Los rumores de acuerdos con los jefes para trabajar las plazas crecen y corren por montones. En lo social, las manifestaciones volvieron con fuerza inusitada, como si el fuego que se apaga regresa con un chorro de gasolina y un soplete. Las casetas volvieron a ser tomadas por furibundos ciudadanos que se sienten -ojo- traicionados por el gobierno. Ciertamente, y esto hay que apuntarlo, las protestas ya no son contra Peña y el gasolinazo, sino contra El Paisa. El propio Corral, sorprendido por el viraje de los acontecimientos, apenas atinó a decir que los gobernadores pagan los platos rotos, o bailan con la más fea. Es increíble, pero en tan poco tiempo, la frágil cuerda del pacto social está por terminar de romperse y eso puede ser peligroso. Los manifestantes pierden cada día el respeto a la autoridad y se brincan las trancas, decepcionados y frustrados por no recibir lo que esperaban.

LA orden de cateo en la auditoría superior del estado que obsequió la jueza Sandra Zulema Palma Saénz, ya concluyó, pues era solo por 24 horas. Por tanto, es momento, ya, oportuno, para que El Fiscal Peniche informe a la opinión pública si fueron o no borrados archivos de esa institución. Esta podría ser una pifia monumental, si efectivamente, los sabuesos oficiales se fueron con la finta, o con la zanahoria que les tiraron. Es decir, si pensaron, por la actualización del ahora famoso programa Share Point, que al suspenderse la funcionalidad del servidor por un día, las verdaderas y siniestras intenciones eran las de borrar archivos. Los judas fueron Héctor Hugo Caro Rodríguez, ex auditor de la ASE, resentido con Jesús Esparza, e Ismael Cano Esparza, auditor financiero de la institución. El otro tema es el razonamiento de la llamada juez de consigna, Zulema Palma Saénz, al momento de resolver la petición, en forma positiva, de la orden de cateo. Dice la Juez de Control, del distrito judicial Morelos, que si a Esparza y otros directivos de la ASE les pidieran info sobre su trabajo, “… tomarían una actitud evasiva, de ocultamiento o de manipulación de la información, en aras de permanecer en la impunidad”. Hay dos implicaciones en esta cita textual de la resolución: una, que la jueza tiene una bolita mágica, basada en las “máximas de experiencia”, como apunta, para saber que harían los demás, y, la otra, que al usar la frase “en aras de permanecer en la impunidad”, prejuzga clara, aunque tácitamente, sobre un proceso que apenas empieza.

EL otro razonamiento de la Juez de Control Sandra Zulema Palma Saénz, es igualmente interesante. Al adivinar que, en su caso, los investigados de la ASE no le darían info, si se la pidiese la autoridad, arriba a otra conclusión. “Consecuentemente, lo anterior colige una probabilidad seria, real, fundada e inminente (sic) de que información relevante para el correcto esclarecimiento de los hechos que se investigan, contenida o soportada en diversos medios materiales, como lo son documentos, equipos de cómputo y almacenamiento, base de datos, y sistemas informáticos, localizados en la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, pudiera resultar manipulada, borrada, alterada, modificada o sustraída, por parte de directivos de dicha dependencia, quienes aparecen precisamente como implicados en la comisión del delito investigado. Es decir, con base en un aviso de suspensión por razones de actualización del sistema (que además impide correr el propio sistema mientras dura), la jueza coligió (así lo dijo), que Jesús Esparza y su gente, borraría archivos de la ASE y que eso ameritaba la intromisión e intervención de la policía cibernética.