Molri: ¿Amanece para todos?

Por Cruz Pérez Cuéllar

Es muy temprano para que en la administración de Javier Corral se comience a hablar de corrupción, de tráfico de influencias, de conflictos de interés. La sola mención de los dos hombres encargados de velar por la integridad del gobierno corralista, César Augusto Peniche y Estefany Olmos, inhabilitados por la Secretaría de Función Pública, generó la semana pasada dudas sobre la real honestidad con que se maneja este gobierno; ahora, con el descubrimiento de un contrato con el que el área de Comunicación Social estatal habría beneficiado a una empresa creada ex profeso para brindarle servicios de propaganda y publicidad, se entiende más claramente que aquello del combate a la corrupción, la erradicación de las malas prácticas de administraciones anteriores, y el uso correcto de los recursos públicos, que tanto pregona el gobernador, están solamente en el discurso, nada más.

Los gobiernos corruptos suelen ser maldecidos por los ciudadanos que se ven afectados por el saqueo, por el robo de sus impuestos, por la traición a su confianza que les fue entregada a los políticos en las urnas, pero cuando éstos llegan a los cargos públicos se aprovechan de ella, y ya sin poder hacer nada únicamente esperan a que termine el periodo para el cual fueron electos. Pero más odioso para los ciudadanos se convierten aquellos políticos limpios y puros por fuera (en su discurso), pero corruptos y tramposos por dentro.

El beneficio directo a la empresa Molri Internacional, creada al mes de que Javier Corral ganó la elección, por Carolina Riggs Baeza y Manuel Molinar Terrazas, descubre el desaseo administrativo con que se está manejando la administración actual, que se suponía actuaría como un buen modelo de la administración pública.

El portal de Transparencia del gobierno del estado de Chihuahua (www.amanecechihuahua.gob.mx), revela que la Coordinación de Comunicación Social contrató a la empresa Molinar-Riggs de noviembre a diciembre pasado y se estableció un pago por 1 millón 668 mil 930 pesos bajo el contrato SH-LR-AD-008/2016, y otro pago por 251 mil 459 pesos bajo el contrato 614/2016. De ello dieron cuenta durante la semana varios medios, pero lo lamentable es la reacción de Palacio de Gobierno, que como hemos dicho en ocasiones anteriores, Javier Corral no es de los que reconoce sus errores, enfrenta a quienes lo señalan, los reta y se va por la tangente.

La decepcionante respuesta que el miércoles pasado dio el titular de Comunicación Social del gobierno del Estado, Antonio Pinedo Cornejo, en rueda de prensa no fue que iniciarían una investigación y aplicarían el posterior castigo a quienes movieron sus influencias (se sabe que Miguel Riggs, síndico de la capital es amigo personal del gobernador Javier Corral) para obtener el contrato de 2 millones de pesos tan solo por un mes de trabajo, nada se habló de enero, para cuando ya habría otro contrato parecido. Y lo peor, negó que él, quien es el encargado de seleccionar a los proveedores de Comunicación Social junto con la Secretaría de Hacienda estatal, conocían la relación familiar de los dueños de MolRi, Carolina Riggs y Manuel Molinar con el síndico de la capital, también desconocía que la empresa había sido creada justamente para proveer al gobierno estatal de materiales de propaganda y souvenires.

También es cuestionable la negativa reacción del jefe de Comunicación Social, quien convocó él mismo a la rueda de prensa y no soportó el cuestionamiento de los reporteros que habían ido a cubrirla, se puso a pelear y discutir con algunos de ellos, en una actitud por demás excesiva por parte de quien debe ser el conducto para llevar la buena relación entre los representantes de los medios de comunicación y los funcionarios estatales.

Es inválida la excusa de no haber licitado a dichos proveedores “porque no hay dinero”, que supuestamente la Ley de Adquisiciones permite, siendo que ésta claramente exige un concurso cuando la compra es superior al millón de pesos, aquí hay un contrato por casi 2 millones, así que se tenía que hacer la licitación.

También me parece inadecuado y hasta ofensivo para los periodistas de Chihuahua, que con el pretexto de los excesos cometidos en pasadas administraciones se siga amagando a los representantes de los medios diciendo que no se pagará publicidad a quienes critiquen al gobierno de Javier Corral, aunque hay que decir que el lenguaje que utilizan es ingeniosamente perverso, le llaman “extorsión” a la crítica mediática y con eso justifican los excesos, como el de la familia Riggs.

Y para que no se diga que se trata de hechos aislados, parece que el modus operandi es y será el mismo durante todo el quinquenio; esta semana también se habló de otro caso, el del monitoreo de medios a cargo de José Luis Muñoz, pactado por 3 millones 79 mil 800 pesos bajo el contrato SH/LR/AD/001/2016. A Muñoz se le relaciona al gobernador como compadre del mismo, y otro benefactor del nuevo amanecer.

El contrato señala que se trata de “Servicios profesionales de monitoreo de los programas noticiosos y de opinión política de radio, televisión, publicidad impresa y de 23 portales digitales en el Estado de Chihuahua, así como y 14 portales digitales que se editan en la ciudad de México”.

Si la dinámica es igual en contrataciones de mayor envergadura, sobretodo en la asignación directa para contratos de obra pública, servicios de diversa índole, consultoría y asesoría, entre otros, entonces ¿cuál honestidad y cual combate a la corrupción? Es la misma gata pero revolcada.

Los chihuahuenses hoy más que nunca requieren de un gobierno honesto y trasparente, pero no a conveniencia y en el discurso, sino siempre, en todo y en la práctica, porque si ahora la administración corralista que “no tiene dinero” hace estas cosas ¿qué no hará cuando lo tenga?.

Por eso insisto, le urgen al pueblo herramientas que lo libren de estar sometidos a un mal gobierno, a uno que se decía muy bueno pero que resultó fallido, por promesas incumplidas, por incapacidad para gobernar, para generar acuerdos, u otros; una muy efectiva es la revocación de mandato, y que pueda aplicarse, como en otros países, al año o dos años para los estados y la Presidencia de la República, y no luego tendremos que estar aguantando los desvaríos de un gobierno intolerante, dictatorial o mediocre y sin frutos.

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