La columna

Por Carlos Jaramillo Vela

La licitación de despensas del DIF y la contratación de servicios informáticos: Los nuevos petardos político-financieros del Gobierno del Estado.

Marco Ordóñez: ¿Otro marido incómodo para la Administración?

Luis Javier Valero Flores pregunta a la opinión pública: ¿Podrá el gobierno de Javier Corral ejercer el poder sin ser afectado por los excesos y la ambición?

Donde parece que a la administración estatal le sigue lloviendo sobre mojado es en lo concerniente a las contrataciones para la adquisición de bienes y servicios, pues cada nuevo proceso que se realiza nace en medio de las críticas y los señalamientos. Ahora las nuevas bombas que estremecieron los cimientos de Palacio y llegaron a los oídos de todos los chihuahuenses fueron las supuestas irregularidades en la licitación del DIF Estatal para la compra de despensas con valor de 250 millones de pesos, así como la cuestionada contratación de una empresa especializada en mantenimiento instalaciones de programas, servidores, sistemas, herramientas y equipos de comunicación y procesamiento de información electrónica, de los denominados software y hardware. El primero de los nuevos petardos detonados en las manos de los funcionarios de la administración estatal esta semana explotó a raíz de una airada protesta mediática efectuada por varios empresarios chihuahuenses -con la clara advertencia de estar decididos a ampararse- quienes al participar en el correspondiente proceso licitatorio y ver una sospechosa irregularidad en el procedimiento optaron por declarar ante los medios de comunicación que las bases de la licitación y la conducción de ésta fueron “armadas” para favorecer a una empresa foránea -la empresa KOSMO del empresario Jack Landmas, dicen algunos periodistas chihuahuenses, otros hablan de una empresa denominada Productos Serel S.A de C.V.; pero todos coinciden en que la empresa favorecida es foránea (de la ciudad de México), e incluso, se ha llegado a ventilar la existencia de vínculos entre altos funcionarios del gabinete del gobernador Coral y dicha empresa-, pues según lo informado por los inconformes a los comunicadores, la junta de aclaraciones programada para efectuarse el día 7 de febrero a las 9:30 horas en la Sala de Juntas del DIF Estatal, se realizó en otro sitio, con 15 minutos de retraso, y sólo tuvo una duración de dos minutos. Actuar en el sentido correcto deja grandes dividendos políticos y morales, pues obtiene el reconocimiento general de la sociedad en general, y en particular, de los empresarios, aunque no haya ganancias financieras personales para los servidores públicos. Si el Gobierno del Estado demuestra que la empresa señalada ganó en buena lid el contrato de la discordia, no habrá más discusiones; pero si no logra refutar las acusaciones en su contra no sólo se le continuará señalando de sospechoso contubernio, sino que además se le reprochará el hecho de haber impedido que resultara beneficiada una empresa de Chihuahua, y por ende la economía y las fuentes de empleo locales, con la derrama de los famosos doscientos cincuenta millones de pesos. Sin embargo, a veces las tentaciones son muy fuertes: 250 millones de pesos pueden significar para algunos funcionarios una irresistible cantidad, de la cual se pueden hacer muchos “cortes”, “moches”, “comisiones” o “arreglos” de otra índole. Alguien dijo alguna vez, con sencilla sabiduría: “Estamos como estamos porque somos como somos”. O ¿No?.

No obstante lo dicho, el espinoso caso de las despensas no terminó ahí. Para acabarlo de agravar, los medios filtraron la noticia de que el operador designado para conducir el proceso que los empresarios chihuahuenses denunciaron iracundos al sentirse burlados por la que calificaron como una amañada licitación, había sido Marco Ordóñez, el esposo de la Secretaria de Desarrollo Municipal. Aunque no se sabe con certeza cuál será el desenlace de este embrollo, lo cierto es que todo indica que en la presente administración han empezado a ponerse de moda los maridos incómodos pertenecientes a algunas familias felices del blanquiazul. Días atrás fue el nombre de Ricardo Gándara, esposo Stefany Olmos, Secretaria de la Función Pública, el que metió en problemas al Gobierno del Estado, ahora le tocó el turno al esposo de Rocío Reza, la Secretaria de Desarrollo Municipal. ¿Quién será el protagonista del próximo escándalo?

El otro escándalo, relativo a la contratación de una empresa prestadora de servicios de tecnologías de comunicación e información electrónica cuyo monto fue de 15 millones de pesos, también le levantó al gobernador Corral enorme polvareda porque los medios de comunicación chihuahuenses, avezados como son, pronto salieron a buscarle la punta al hilo de la madeja para dar con el meollo del asunto. Primero se filtró en algunos medios que el empresario detrás de la firma adjudicada con el millonario contrato era un alto funcionario del gabinete de Javier Corral. Luego, un conocido periodista chihuahuense dio a conocer que detrás de la empresa beneficiada, de nombre Tecnología de Gestión y Comunicación S.A. de C.V., figuran algunos parientes del alto funcionario cuestionado, esto después de que a través de una declaración oficial la Secretaría de Hacienda reconociera que sí le fue otorgado a dicha empresa el jugoso contrato para actualizar el software, aunque el gobierno no quiso dar a conocer los nombres de las personas físicas propietarias de esta. ¿Estará pasando algo similar a lo ocurrido en días pasados, cuando los medios dieron a conocer que la empresa Molri International, contratada por el gobierno estatal para manejo de publicidad, resultó ser de la hermana del Síndico Municipal -Miguel Riggs- y el cuñado de éste?. No lo sabemos; sin embargo los comentarios vertidos el 9 de febrero de 2017 por el conocido editorialista Luis Javier Valero Flores, en su interesante artículo de opinión titulado “Momentos cruciales”, hacen ver que algo extraño parece estar ocurriendo al interior de las principales dependencias bajo el mando de Corral, pues Valero, entre otras cosas, textualmente expresa las conjeturas de su análisis en los términos a continuación transcritos: 

“La Secretaría de Hacienda informó -por medio de un boletín de prensa- que había contratado la renovación de un software, de carácter “exclusivo”, de acuerdo con su argumentación, por lo que, dijo, no estaba obligada a efectuar una  licitación -Art. 102, Fracción I de la Ley de Adquisiciones-, sin embargo, la Secretaria de la Función Pública, Rocío Estefany Olmos, declaró que no estaba informada de la adquisición de un software, que por ley debería ser aprobada por su dependencia. Así, la contradicción es más que evidente y las dudas son más que razonables ¿Podrá el gobierno de Javier Corral superar la inercia que pareciera sumir al panismo en la peor de sus crisis, la del ejercicio del poder público sin ser afectado por los excesos y la ambición?” [email protected]