La Fuente

*Más cambios en las delegaciones *Arriba panal de auditores federales *Batean a Fernández Noroña *Tesis SCJN: debe renunciar fiscal

  • Por José Oswaldo
*Más cambios en las delegaciones *Arriba panal de auditores federales *Batean a Fernández Noroña *Tesis SCJN: debe renunciar fiscal

HAY movimientos, algunos, en las dependencias federales, con inusitados cambios, muy sorderos, por cierto. Al cambio en Sedatu de Lucía Chavira por Gustavo Chávez -muy bien recibido, por cierto- se siguen otros. Alfredo Aguirre Carrete, que fuera coordinador de la campaña de Serrano, entró a la delegación estatal de Corett. En la Procuraduría Agraria, salió Julio Santacruz y entró Roberto Martínez. Dicen que Bernardo Ruiz Ceballos, a la mejor sabiendo lo que se acerca, viejo zorro de la política, fue visto en pensiones civiles del estado este miércoles, tal vez a la caza de una incapacidad. Don Paco Rodríguez Pérez, el delegado de Coespo, sigue convaleciente, para arriba, con excepción de las llamadas a las madrugadoras de El Lobo Luna Caldera para reportar la grilla fronteriza. En el Issste, SCT, JFCyA y otras más, ya hubo cambios. Se advierte la mano de Reyes Baeza y Lilia Merodio, dicen los que saben, en esa toma de decisiones.

UN grupo de 14 miembros de la Auditoría Superior de la Federación arribó, hace unos cuantos días, a la ciudad de Chihuahua. No se espanten, no se espanten, el motivo de su estancia es la reforma a la ley de auditoría. A partir del primero de febrero, la ASF auditará cada peso federal que se invierta, sea obra del nivel municipal, estatal o federal. Más o menos, el 80 por ciento de los recursos que se ejercen en el estado, provienen del ámbito federal. Los auditores federales asentaron su base en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, en el Parque Industrial Américas, pero empezaron a viajar por todo el estado. Ya estuvieron en Ciudad Juárez, a donde se metieron duro en las revisiones y, enseguida, dicen, irán a entes como la Uach, en donde, se asegura, las cosas no andan tan bien, de octubre pasado a la fecha. En Chihuahua fueron recibidos por Jesús Esparza, pero ya son atendidos por El Oso Valenzuela, al que le restarán facultades -y chamba- en más del ochenta por ciento.

EVIDENTEMENTE, no le fue muy bien a El Chairo Mayor, Gerardo Fernández Noroña, en tierras norteñas. Cuando arribó a la ciudad, La Maru andaba en México y cuando fue a la gasolinera, para cargar combustible sin pagar impuestos, la halló cerrada. Es decir, en pocas palabras, no pudo dar la nota, ni tirarse al piso, como acostumbra hacer en sus manifestaciones. Desde la alcaldía, le dieron unas clasecitas de política norteña y, para acabarla de amolar, parece que viene la nieve. Así que, no le quedó más remedio, a Fernández Noroña, que sacar la banderita blanca y pedirle audiencia a La Maru, para tratar el asunto de la detención de Mirna Villalba. Lo peor del caso es que el político independiente llegó manejando una Voyager, modelo 1999, color verde, con placas EFW3397, la cual tiene en recaudación de rentas un adeudo por 10 mil 677 pesos, por multas, adeudos, recargos, estacionómetros e impuestos, es más debe hasta la contribución de la cruz roja, y eso, acá en el norte, pues como que no se ve mira muy bien, que se diga, aunque quién sabe si lo sepa El Chairo Mayor.

LA Primera Sala de la SCJN emitió una tesis (aislada, sí, pero tesis), en que advierte que la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, tiene como consecuencia natural la destitución del servidor público sancionado. “La inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público es una sanción administrativa consistente en el impedimento absoluto para laborar en la función pública por un tiempo determinado”. Esta tesis fue publicada el viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas, en el semanario judicial de la federación. Fue avalada por los ministros Arturo Saldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (que fue el ministro ponente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. En esta tesis de la Primera Sala de la Corte, se apoya la demanda que interpuso Fermín Ordóñez en contra del fiscal César Augusto Peniche. Es obvio que el espíritu de la tesis no distingue entre un cargo y otro, que pudiera ocupar el funcionario sancionado. Es decir, no importa que Peniche haya sido sancionado cuando fungía como delegado estatal de la PGR. No puede justificarse con el argumento que ahora ocupa un puesto distinto, la fiscalía, al momento de haber sido inhabilitado, porque el propósito es el de suspenderle en el desempeño de la función púbica, vista como un todo común, sin importar cuál empleo pudiera ejercer.

EL SAT colocó en la caseta de Santa Teresa un scanner gigantesco para lamparear vehículos. Personal del organismo detiene cuatro o cinco autos -similar a Dead Line en El Paso- a fin de empezar a recorrerlos con el scanner móvil. El detalle es que los que regresan de EU no reciben explicación alguna. Simple y sencillamente, son avisados, verbalmente, que serán sujetos de la revisión. Además, previamente, han sido detenidos en el semáforo fiscal que, para variar, siempre cae en rojo. Al pasar a la parte de atrás, en las instalaciones del SAT, se les pide cerrar los vehículos, no bajar ningún tipo de objetos, inclusive bolsas de mano femeninas, y permanecer en una zona donde no les peguen los rayos láser del aparato. Al terminar el escaneo, pasan con otro agente, quien solicita las tarjetas de circulación de las unidades y se retira a checar los documentos en un sistema de cómputo. Finalmente, si no hallan nada, les permiten seguir con su camino, pero sin brindar ninguna explicación. Los aduanales, interrogados sobre la causa de la doble revisión (semáforo fiscal y escaneo), se limitan a decir que son para evitar cosas malas. Para los paisanos, estas revisiones están peor que las de los americanos en la era de Trump, vejatorias y excesivas, pues ni siquiera permiten bajar los celulares.