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Justicia sí, pero equitativa

Chihuahua.- Como la mayoría de la sociedad chihuahuense, estamos atentos a todo lo que ocurre en nuestra entidad; sin embargo, llaman la atención las detenciones de ex funcionarios, ya que ocurren en...
  • Por Cynthia
Justicia sí, pero equitativa

Chihuahua.- Como la mayoría de la sociedad chihuahuense, estamos atentos a todo lo que ocurre en nuestra entidad; sin embargo, llaman la atención las detenciones de ex funcionarios, ya que ocurren en el momento preciso en que la PGR se encuentra investigando por lavado de dinero a la familia de Josefina Vázquez Mota –candidata por el PAN a la Gubernatura del Estado de México-, y los ciudadanos hacían múltiples señalamientos por la ausencia del Gobernador del Estado, Javier Corral y la Alcaldesa, María Eugenia Campos, esta última sin decir a dónde y sin cumplir con el procedimiento que le establece su marco jurídico de actuación.

Ambos gobernantes dejaron a Chihuahua en un estado de indefensión para atender sus asuntos personales y hoy, lejos de entablar un proceso que respete las garantías de los individuos, se presentan a los medios y por ende, a la sociedad, en una forma de actuar en la que se transgreden procedimientos legales y se pisotean las garantías individuales de las personas, dándolo como un hecho consumado y con un alto contenido de operación política.

Como ciudadanos exigimos que se lleve el debido proceso y se cumpla con lo que mandatan las Leyes vigentes y en este sentido nos referimos a todos los actos cometidos, no sólo por los adversarios políticos,  sino por todos aquellos que atentan contra la seguridad e integridad de los chihuahuenses.

Es sorprendente cómo en cuestión de horas se liberaron y ejecutaron órdenes de aprehensión contra exfuncionarios públicos priístas, además de dictar prisión preventiva, evitando que enfrenten su proceso en libertad, toda vez que debe seguirse un juicio; mientras que el funcionario Municipal Ignacio Galicia, conduciendo en estado de ebriedad, atentó contra la vida de dos menores que aún se encuentran hospitalizados y enfrentó su proceso en libertad, no conformes con ello, observamos las declaraciones de la Alcaldesa María Eugenia Campos, quien informa que el funcionario puede regresar a laborar.

Pudiésemos agregar los casos MOLRI, de la familia Riggs Baeza; Tecnológicas de Gestión y Comunicación S.A. de C.V., de la familia Madero; el ejercicio ilegal de la función pública por parte del Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche y por si fuera poco los vuelos del Gobernador Javier Corral a El Paso Tx., Colorado, Queretaro, Mazatlán, entre otros que fueron financiados por empresarios proveedores del Gobierno, conducta que constituye un delito claro como lo es peculado.

Hace apenas 8 días la región de Cuauhtémoc se vio asolada por el enfrentamiento entre grupos criminales, dejando 14 personas fallecidas y el Fiscal General del Estado días antes, se atrevió a decir que no ocurría nada. Hasta la fecha no hay detenidos y los verdaderos presos son las familias honorables y trabajadoras que se encuentran encerrados en sus viviendas, con el temor de hablar, de salir de sus casas… simplemente de vivir.

En Chihuahua exigimos seguridad, en diciembre del 2016 asesinaron al periodista Jesús Adrián Rodríguez afuera de su casa y en este mes de marzo, de la misma manera a la periodista Miroslava Breach cuando iban a llevar a sus hijos a la escuela, y mientras las autoridades prometen ir hasta el fondo del asunto y atrapar a los culpables, los días pasan y nada sucede.

¿En qué sociedad vivimos?, ¿Acaso la vida y la salud de dos niños no importan?, ¿Es que es intrascendente que los hijos que se quedan sin uno o ambos padres puedan tener una formación en el seno de su familia? Por supuesto que esto tendría mayor relevancia si el Gobernador y la Alcaldesa fueran padres de familia y supieran lo que es amar a un hijo y procurar su bienestar.

El manejo mediático de las recientes detenciones de ex funcionarios priístas, es un gran distractor para la sociedad, que se ve afectada ante el cierre de fuentes de trabajo por la inseguridad, la reducción del cuadro básico de medicamentos y servicios médicos prestados a todos los derechohabientes del Gobierno del Estado, el incumplimiento a las Leyes dictadas por la Reforma Educativa, Facultades Universitarias sin Directores, la gran cantidad de extorsiones y el grave número de homicidios dolosos, que ya rebasan 1000 en los cinco meses de la actual administración.

De ninguna manera negamos que deba impartirse y procurarse la justicia, por lo que exigimos que se haga a un lado la doble moral y se traten con verdadera equidad y justicia todos los casos, dando prioridad a los delitos de alto impacto que atentan contra la integridad de las personas.

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