*Choque azul de trenes *Nachito versus El Oso *Otro tiro: Maclovio contra Villasana *El T-701 y el T-802

BUENO, bueno, pues el congreso del estado en pleno acordó meterle el acelerador en las sesiones para irse de vacaciones de semana santa. Solo uno, o una, que otro/otra ateo, se negaban a votar a favor de la propuesta. El caso es que sesionarán, esta semana, martes, miércoles y jueves, y el martes de la próxima semana, para completar la cuota. No es raro que se tomen sus días para ir a la playa, a Mazatlán, o a jugar golf, en algún lugar adecuado. El tema es que le pongan carnitas a la chamba y le atoren como es debido. Por ejemplo, de que salen a decir, funcionarios estatales y diputados, que las actas de nacimiento por internet costarán 600 pesos, pues como que si está muy salido de control. No habrá reversa, dijeron, en el asunto de los rubros macho/hembra, pero si un generoso incremento en su costo, pues como que no. Pero, bueno, ya tendrán tiempo para reflexionar, durante los días santos, si es de dios confundir los sexos, o, si de plano, la libertad sexual alcanza esos rincones de lo mundano.

LAS cosas para elegir auditor superior del estado se complicaron por la terna que se sirvieron completar. El tema es que si Fernando Álvarez Monge, el enviado de palacio, quiere que Nachito Rodríguez desista, el escenario se pinta de otro color. Por su parte, Nachito, declaró este martes, que no declinará por ningún aspirante, sea cual fuere la razón. El FAM va con todo por ungir a El Oso Valenzuela, con todo y su quemadota ésa de revelar el nombre de su padrino político. El caso es que si no quieren a Nachito ni a El Oso, entonces se irá holgadamente Manuel Siqueiros Leyva, de corazón moreno. Siqueiros, padre de la estratega de comunicación social de El Paisa, trabajó en SEC y es protegido de Víctor Quintana Silveyra. Los que saben, dicen que urge negociar entre los dos grupos políticos albiazules, antes de entregar un espacio de esa naturaleza al enemigo, bueno, al menos eso se piensa.

DE la oficina que ocupa Maclovio Murillo, es decir, la consejería jurídica, salió la respuesta a las observaciones de Héctor Villasana. En concreto, se dice que el núcleo de la conducta atribuída a Garfio consiste en haber autorizado la distracción del bien. O sea, haber autorizado la venta del predio Labor de Terrazas, para un fin distinto al que había sido obtenido por el organismo. Bien le haría al Ingeniero Garfio -texto inalterado- conseguirse un abogado que medio le entienda al asunto que lo tiene en prisión preventiva, pues si por las vísperas se conocen los días, por los argumentos defensivos se conocen los abogados y se sabe si conocen o no la materia penal y si realmente dominan el caso concreto. En ese sentido es conveniente precisar:                    

1 .- Al Sr Garfio no se le imputa el disponer para sí mismo del producto de la venta de los predios, ni de éstos. Se le atribuye cambiar el objeto de terrenos específicamente destinados para construir vivienda popular por la coesvi para personas de escasos recursos económicos,  y, al venderse, ese organismo ya no podrá realizar esas viviendas en esos terrenos.

2.- El producto de la venta, aproximadamente cien millones de pesos, con independencia de que ingresó al organismo, no se utilizó para construir vivienda popular, sino para gasto corriente, dejándose así a las clases desprotegidas sin la posibilidad de obtener una vivienda popular. Por eso es que la distracción del objeto de los predios, causó perjuicio, máxime que se vendieron a un precio totalmente bajo con relación al precio comercial de los mismos.

3.- Es falso que actualmente los terrenos distraídos de su objeto, sean propiedad de coesvi,  pues en cumplimiento a la autorización dada por la junta de gobierno de la que Garfio era integrante, fueron vendidos. En la inteligencia de que la venta, su contrato, es perfecta en la medida  que el comprador y vendedor se pongan de acuerdo en la cosa y el precio, lo cual ya sucedió en este caso, existiendo inclusive un acta de finiquito en la cual se tuvo por cubierto todo el precio y se entregó la posesión de los terrenos, quedando bajo el pleno dominio de la parte compradora, quien si bien aun no los ha registrado a su nombre al registro público, eso es irrelevante pues los actos de publicidad en ese registro no son los que constituyen el derecho de propiedad,  sino son los respectivos contratos.

4.- El hecho que la junta de gobierno de coesvi haya hecho una autorización general para vender, pero no se haya autorizado para realizar una operación en específico a precio determinado, lejos de ser una excusa absolutoria, refuerza la idea de que se actuó indebidamente, pues la junta de gobierno no podía vender el terreno, sino solamente ordenar cumplir  su objeto que era construir vivienda popular para que fuera asignada a las familias más desprotegidas.

5.- Aunque el ingeniero Garfio no vendió, cabe indicar que de eso no se le acusa, sino de autorizar irresponsablemente una venta que estaba prohibida porque los predios sobre los que recayó esa autorización, no podían venderse al haber impedimento conforme al decreto que los donó a la coesvi bajo la cláusula especial de reversión en caso de que fueran distraídos de su objeto que era la construcción de vivienda para las familias más necesitadas. De esa manera, aunque Garfio no vendió, si le cambió el objeto a los predios que a la postre fueron vendidos y fue en base a la autorización que él  y otros miembros de la Junta de Gobierno hicieron, como se pudo concretar la venta,  pues de no haber existido la autorización, la venta no se hubiera perfeccionado y eso, es coparticipación, como lo resolvió el Juez.

LOS Testigos Protegidos en el caso de El Duartazo, se sabe, son manejados y contactados desde la oculta sede de la Universidad La Salle. Tres abogados manejados desde el primer piso de palacio son quienes hablan con ellos y los llevan a declarar. Los profesionistas son Oscar Pablo Khalil Marlene, José David Flores Carrete y Carlos Aguirre, este último encargado del T-701, que constituye un caso especial. Les trasladan a la fiscalía general del estado, a la fiscalía zona centro e, incluso, a conocidas notarías de la ciudad, a fin de ratificar sus propias declaraciones, ampliarlas o modificarlas, según las circunstancias. El T-701 y el T-801, ya ampliamente conocidas sus identidades, cuentan con protección y vigilancia de la fiscalía. Uno de ellos fue el que puso a Gerardo Villegas en el aeropuerto, pues unos días antes había sido visto con el ex y, enterado del asunto, habría puesto en la cruz al ex director de Administración de la hacienda estatal.

BUENO, pues, dicen, esta semana saldrán a la luz pública algunos asuntillos más de El Duartazo, relacionados con el tricolor. Además de los 240 y tantos mdp que dice El Peny Chón y Rocío Olmos que se fueron a la campaña de Serrano, hay, al parecer, otros asuntos. Por ejemplo, hablan de 25 mdp que entraron a las arcas de la tesorería del Comité Directivo Estatal y que no se supo por cuál vía salieron. Incluso, se sabe, una familia entera se fue de la ciudad, después de sentir que le arrimaban los fierros a la lumbre. De ahí mismo, pero con otro rostro y nombre, aseguran, salió la circulación del video de la familia Borruel, que pasó a segundo plano después del desquite. Además, fíjese nada más, de Ichisal le están cobrando al PRI estatal 13 mdp por cuotas de sus trabajadores. En lugar de afiliarlos al Seguro Popular, como sería normal, metieron al servicio médico a los empleados del tricolor y, hoy, la dependencia, a través de su área correspondiente, exige el pago. Ciertamente, como ha señalado El Paisa, que juzguen a cada quien por sus actos y no por su militancia, pues en el PRI, al igual que en todos los partidos, puede haber gente corrupta, pero, también, respetable y valiosa.

EL abogado Héctor Villasana, defensor de el ex alcalde Javier Garfio, elaboró un documento sobre el caso. Expuso, en éste, nueve razones antijurídicas para procesar a su defenso. Estas son:

1.- No hay ningún dato que suponga que Javier Garfio dispuso para su provecho del importe de la operación de la compraventa. (Con lo cual no se configura peculado).

2.- El dinero, está acreditado contablemente ingresó al patrimonio del organismo descentralizado (Coesvi) y se utilizó ahí mismo para la dependencia. (Con lo cual no se configura peculado).

3.- El terreno objeto de la operación sigue siendo hasta hoy propiedad del gobierno. (Con lo cual no se configura peculado).

4.- En el Registro Público de la Propiedad se encuentra dicha extensión de terreno a nombre de la Coesvi.

5.- De conformidad con los acuerdos tomados por la junta de gobierno del organismo para ese predio en particular se autorizó en lo general para… “vender, arrendar, permutar o cualquier otro acto traslativo de dominio de conformidad con los objetos de esta comisión (Coesvi)”, nunca fue para una operación en específico ni sobre un precio determinado.

6.- Quien celebró el contrato de compraventa no es el ing. Javier Garfio, ya que solo fue miembro de la junta de gobierno.

7.- Es evidente que hay una consigna hacia el tribunal para determinar su culpabilidad.

8.- Por lo que se acudirá a la justicia federal para que resuelva conforme a derecho, y no se le vulneren como hasta hoy, sus garantían individuales.

9.- Ante la situación de repunte desmedido de la inseguridad, este proceso penal en contra de Javier Garfio es una válvula de escape y una cortina de humo.

Le toca responder a El Oloroso Pete.