Opinión

Poder judicial subyugado

Lunes 10 de Abril 2017, 7:19 am
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Juicio Político Vs. Presidente del TSJ y Diputados. 1ª de 2 partes.

Por Luis Villegas 

En esta fecha, presento una solicitud de Juicio Político en contra de los siguientes servidores públicos: Diputados Citlalic Guadalupe Portillo Hidalgo, Miguel Francisco La Torre Sáenz y Laura Mónica Marín Franco, los tres a la LXV Legislatura Constitucional del Estado; y contra el magistrado Julio César Jiménez Castro, Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

La razón es una sola: Que, en el desarrollo de su labor, como corolario de una feroz persecución encabezada por el Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, los funcionarios de referencia, incurrieron en violaciones diversas al marco jurídico vigente en la Entidad: En primer lugar, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego a la particular del Estado, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al Código Penal y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, entre otros; los acontecimientos que la sustentan, resumidamente, son: Los acuerdos ilegales de fecha 14 de marzo de 2017, cuando se reunió la Comisión Primera de Gobernación integrada, entre otros por los tres legisladores mencionados, en la cual, entre otros, se acordó, primero, realizar, en las salas regionales de Hidalgo del Parral, la inspección de los expedientes radicados “a fin de obtener una copia autorizada de ellos, de los libros en que estos queden registrados, de los registros audiovisuales, en su caso, así como de las audiencias por ellos presididas de  se ventilaron, entre otros asuntos”, con el auxilio de dos licenciados a los que se comisionó para el efecto: Juan Ramón Murillo Chanes y Óscar Ricardo Mendiolea Ontiveros; segundo, solicitar al Tribunal Superior de Justicia, a través de su Presidente, comisionar dos visitadores judiciales para que en los términos del artículo 217 de la Ley Orgánica del Poder Judicial local (inaplicable del todo), coadyuven en la recepción de dichos datos; tercero, que el Presidente del Tribunal Superior, proporcionara copias de las declaraciones patrimoniales de los dos magistrados a cargo de las salas regionales citadas, así como información sobre familiares consanguíneos o por afinidad; y cuarto, requerir al Director del Registro Público de la Propiedad para que informe sobre la existencia de bienes inmuebles a nombre de los dos funcionarios judiciales y de sus dependientes.

Días después, con la total anuencia del Magistrado Presidente, sin ninguna facultad para ello, los comisionados y visitadores se constituyeron en las citadas salas a cumplir con los referidos acuerdos. Frente a la brutal consumación de este agravio y la afrenta a la autonomía del Poder Judicial, la respuesta del Magistrado Presidente, Julio César Jiménez Castro, fue una sola: Apresurarse a cumplir los deseos y las órdenes de sus superiores jerárquicos de facto.

El hecho no es menor; en un clima de violencia generalizada, donde la certeza, la transparencia, el orden al régimen jurídico se erigen como imperativos impostergables, en el seno de un Poder cuya contribución al Estado de Derecho es crucial y -en esta hora aciaga- de vital importancia, la respuesta de los tres poderes es la barbarie, el quebrantamiento del orden jurídico que protestaron observar.

Aunque esta acción, inaceptable desde todos los puntos de vista no se justifica de ningún modo, es comprensible tratándose del titular del Poder Ejecutivo en la Entidad, quien ha emprendido una cruzada personal contra todos aquellos que no piensan como él, y de los propios diputados quienes, dado su origen partidista, se hallan en el centro mismo del debate político; sin embargo, la misma no se justifica en quien, por definición, se supone que es un especialista y un conocedor del derecho; las flagrantes violaciones a la Constitución y a la ley en que incurrió el Presidente del Tribunal Superior, Julio César Jiménez Castro, lo hacen reo de mayor culpa, si cabe, dada su elevado grado de especialización, su honrosa investidura y la traición a la integridad e independencia del Poder del Estado que él encabeza.

Esta intromisión desde el seno del Legislativo, maquinada y alentada desde Palacio de Gobierno, resulta un signo de descomposición de las instituciones que no puede paliarse con todas las denuncias del mundo. Darle certeza a Chihuahua, rumbo al devenir histórico del Estado y sentido a la gestión de los asuntos públicos, no pasa por arrebatos mesiánicos ni venganzas encarnizadas; y menos, por complicidades y silencios que duelen más por su origen que por sus contenido.

Continuará…

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Reportero:  Redacción C
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