*Se le arranca a El Vítor en la torre *Le acusan de misógino y mentiroso *Contra la pared, Jiménez Castro, por corrupción *Gustavo Zabre a Liconsa *El Paisa con Azcárraga

A Víctor Quintana, el secretario de desarrollo social, se le apareció el diablo en la torre legislativa. O, más bien dicho, si quiso disparar en la mañana, el tiro le salió en la tarde por la culata. Durante más de tres horas, las diputadas de la comisión de desarrollo social le hicieron ver su suerte. Adriana Fuentes, la presidenta de la citada comisión, dirigió la acalorada sesión, en la cual unieron sus fuerzas mujeres pripanistas, versus morenistas. De plano, Nadia Siqueiros, que parece que no quiebra un plato, llegó a decirle misógino, mentiroso, y lo que sigue, diría el chilango. Es que, le dijo a Quintana, apareció en su boletín que le habían dado despensas y eso es falso de toda falsedad. Al coro se unieron Karina Velázquez y Adriana Fuentes, que sacaron sartenes y cacerolas contra el secretario. Le reclamaron que, songo-songo, el secretario pide credencial de elector antes de entregar las despensas y, en una de ésas, hasta que se afilien al partido de regeneración nacional. Nadia le dijo que cada vez que le buscaban, recibían trato de delincuentes y que para verlo, había que ser de morena o ser amigo del funcionario. Karina subrayó que la bancada rosa no le ha pedido nada ni le pedirá y El Vítor, muy mátalas-callando, nada más guardaba silencio. Quién sabe quién será su asesor o asesora de medios, porque lanzar ese comunicado antes de la comparecencia, fue como echarse un clavado al fuego.

BUENO, bueno, pues resulta que son más de 14.4 mdp, los que andan volando en el Tribunal Superior de Justicia. Concretamente, para precisar las cosas, deberían estar en los cajones del Instituto de Formación y Actualización del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Esa lana fue presupuestada y etiquetada para el ejercicio del presente año, el 2017, pero hay nebulosa en su planeación y ejecución. Según el Inforaj que dirige Octavio Carrete Meza, esos 14.4 mdp son para becar a 205 estudiantes de las tres maestrías que hay actualmente y para 159 alumnos de la especialidad en Justicia Para Adolescentes. Son 30 mil pesos por cada estudiante de maestría, por semestre, y 4 mil 500 por cada alumno de la especialidad, por cuatrimestre. Los gastos proyectados por el instituto, hablan de 45 mil pesillos por cada maestro, según honorarios, vuelos, hospedaje y alimentos, pero, la verdad de las cosas, las clases son impartidas por una plantilla de lujo, que no cobra un centavo por su cátedra, pues todo lo hacen a título honorífico. El tribunal y el Inforaje, están que arden, con este asunto, pues hablar, en estos tiempos, de 14 millones de pesos, no es cualquier cosa, más si su destino es incierto.

GUSTAVO Zabre Ochoa, usted lo recordará en la última etapa de la Secretaría de Seguridad Pública, entró como delegado de Liconsa. Es la marca de Reyes Baeza, el director del Fovissste, que ha rellenado todos los espacios políticos tricolores. Zabre es, además, especialista en derecho electoral, nieto político de El Coco Reyes y sobrino electoral de Pablo Espinoza. Es decir, pertenece a las nuevas generaciones que parten el queso en materia de elecciones dentro del tricolor. Es bueno, y ha dejado buena impresión en sus encargos públicos. Al final del sexenio de Reyes, sin deberla ni temerla, se hizo cargo del despacho de la temible SSP. Logró salir adelante, sin mayores problemas, en un área que no tiene que ver con votos pero sí con vetos. Fue, además, director de tránsito y vialidad, en donde también sacó adelante su responsabilidad sin manchas. Ahora vuelve a la política, como delegado de Liconsa, una dependencia, a la cual sabrá sacarle jugo, como impera en esos casos.

MÁS de tres horas duró El Paisa, encerrado con Eugenio Azcárraga, de Televisa Monterrey, el pasado viernes. Quien no lo crea, que le pregunte a El Menordomo, Panchito Muñoz, que ya come con manteca, al Capitán Escamilla, al que le hacen falta unas abdominales, y a Pepe Luévano, el Macrordomo, que le rinde cuentas al Menor, según se vio. El Paisa arribó como una flecha con el empresario de Televisa y no salió sino pasadas, al menos, tres horas. La comida se alargó, mientras, afuera, a los pies del amo, yacían El Menor y El Macrordomo, que dejaron pasar el tiempo alegremente, con los platos rebosantes, cobrándole a la vida las injusticias y penurias pasadas. No es necesario preguntar sobre el tema, porque, es obvio, Corral necesita alianzas con medios y no las quiere efectuar con los locales, pero sí con los nacionales, como ha sido su costumbre, de la campaña hacia acá. Tanto dijo, tanto atacó, tanto calumnió, tanto hizo, que se auto impuso una especie de censura para negociar, aunque otros le obsequien ocho columnas, portadas y disparos informativos todos los días.

EL jueves 30 de marzo, para ser exactos, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, paró todo. Mediante un oficio fulminante, ordenó desvanecer la jurisdicción del tribunal colegiado local, para resolver el espinoso caso de Ramírez Luque y los 13 Paramédicos del Tribunal Superior de Justicia. En pocas palabras, ese oficio paró en seco todo el caso, hasta que la SCJN resuelva el tema de la competencia. El Ministro Luis María reunirá al Pleno para resolver ese pequeñísimo detalle, que ha empantanado el asunto. Dos días antes, es decir, el martes 28, del mismo mes de marzo, el ministro recibió un escrito de 10 magistrados locales, del Tribunal Superior de Justicia, en donde le pedían intervenir para objetivizar la resolución. Al día siguiente, el 29 de marzo, el presidente contestó la petición y, 24 horas más tarde, el documento llegaba a Chihuahua. Lo trascendente del caso es que la Segunda Sala de la Corte había regresado la competencia del caso al TCC, semanas o meses atrás. Esta breve resolución encendió focos rojos en palacio, en tres oficinas: la de El Paisa, la de César Jáuregui Robles y la de Maclovio Murillo. El gobernador, el secretario general de gobierno y el propio consejero jurídico, que habían gastado suela y saliva en idas y a México, sintieron un mazazo en la cabeza.

A los que más les duele el cuartelazo de Nachito Rodríguez, dicen, fue a Rocío Olmos y Jorge Soto. Es que, la secretaria de la función pública y el diputado local, habían tomado como agencia de colocaciones la Auditoría Superior del Estado. En el breve lapso en que fungió el abominable Oso Valenzuela, entraron a la nómina recomendados de uno y otro lado. Por ejemplo, La Olmos acomodó a su comadre, Mónica Soto, que, por cierto, interpuso un amparo por el tema de la elección de comisionados en el Ichitaip. Entró como auditora, con un sueldo de 76 mil pesillos, más lo que brinque entre la maleza. El Soto, presidente de la comisión de Fiscalización, por su parte, incrustó en la nómina de la ASE a las siguientes personas: Ismael Cano, Eleazar Rubio, Héctor Caro, Daniel Baca, Rodolfo Moreno, Jaime Martínez, Martín Matrón, Héctor Martínez y José Pablo Molinar, todos en el breve período de El Osezno. Quien no se va a molestar por el triunfo de Nacho, si es posible que, la verdad de las cosas, a su llegada, se acaben esos privilegios.