*Tesis del pleno de la corte restringe veto sobre auditor *En problemas área jurídica de El Paisa *Arturo Meraz, una tras otra

EL otro tema es que, ya por la tarde, circuló una tesis que, aunque aislada, reviste de fuerza el asunto. Es del Pleno de la Corte, de junio de 2005, legislación de Tabasco, en donde se deja en claro que el derecho de veto no puede ejercerse tratándose de decretos legislativos relativos al órgano superior de fiscalización. Es decir, esta tesis perfecciona la interpretación del artículo 70 de la constitución política del estado de Chihuahua, en el cual se incluye el derecho del gobernador para observar decretos y leyes. La tesis, a cargo del ministro José Ramón Cossío Díaz, es congruente con al articulado de la carta magna local, que restringe el derecho de veto del ejecutivo en áreas, como los derechos humanos, la elección de magistrados, la conformación de comisiones y otros, considerados como actos internos del poder legislativo. Hay que recordar que la auditoría es un órgano interno del congreso. Constituye una joya jurídica, absolutamente aplicable al caso concreto, el siguiente extracto de la tesis: “…podría propiciar la obstaculizaron, por cuestiones de conveniencia política, de ua función exclusiva conferida al órgano legislativo, como es la revisión a la cuenta pública estatal o municipal, máxime que el ejecutivo es uno de los órganos sujetos a esa revisión. Luego, el hecho de que el artículo 78 de la ley orgánica del poder legislativo local establezca los casos en que no podrá ejercerse el veto, sin señalar expresamente lo relativo, a la regulación o estructura interna del propio poder o de alguno de sus órganos, no significa que pueda hacerlo”.

SIMPLE y sencillamente, César Jáuregui Robles, secretario general de gobierno, dio a conocer que El Paisa vetó el decreto de elección congresional sobre la elección del nuevo auditor superior del estado. Aunque no le citó, expresamente, el funcionario se refirió a esta facultad del poder ejecutivo estatal, conferida por el artículo 70 de la constitución local. No citó, al parecer, artículo alguno constitucional, que le faculte, para negarse a promulgar, mediante la no publicación en el Periódico Oficial del Estado, la elección de Nachito Rodríguez como nuevo auditor superior del estado. Sin embargo, en términos simples y llanos, se trata de un veto político contra un miembro de un grupo distinto al suyo, aunque del mismo partido. Es innegable, a estas horas, que el titular de la ASE, que por cierto, ya se desempeña en su encargo, fue candidato suplente, pecatta minuta, de un propietario a una diputación plurinominal. El tema es que sea el propio poder ejecutivo estatal, el que pueda ordenar, mediante la no promulgación del decreto, la anulación, primero, y, enseguida, la reposición del procedimiento cameral.

DEFINITIVAMENTE, quien debe comparecer, ante la opinión pública, y ante cualquier instancia, judicial o política, es Arturo Meraz. El Presidente del Instituto Estatal Electoral es, con todas sus letras, el responsable del error. Cierto, es Guillermo Sierra, su secretario general, es el que firma la constancia de que Nacho Rodríguez no fue candidato en el pasado proceso electoral. Y, enseguida, es el mismo funcionario, el que signa, igualmente, la llamada fe de erratas. Es risible, es una trastada, se salieron por peteneras, o como luego se dice, soltaron las cacayacas, para tratar de taparle el ojo al macho. Es indiscutible el hecho de que el error se produjo en las entrañas del instituto estatal electoral. No puede adjudicarse responsabilidad alguna a los 23 diputados que votaron por Nachito Rodríguez, pues, como parte de una institución, obraron de buena fe, basados en un documento público, expedido por el IEE. Así que, la bronca está en Arturo Meraz, el presidente del IEE, una caja negra, por cierto, más oscura que la fiscalía general del estado, donde ocurre cada cosa, pero qué barbaridad.

BUENO, bueno, pues, resulta que quien le vendió a El Paisa el terreno donde está asentada su cabaña, en Creel, ahora es funcionario estatal. Es decir, Víctor Manuel Rodríguez Guajardo, es el nuevo recaudador de Rentas en la ciudad de Cuauhtémoc. Fue él, quien, según Enoé Carrasco Jordán, secretario de organización del consejo supremo de la tarahumara, le vendió a Corral. Pero, eso no es todo, porque, también la hija de Víctor Manuel, de nombre Selene Rodríguez Rizo, es funcionaria estatal. Ocupa, actualmente, la Recaudación de Rentas en la ciudad de Parral, la meritita capital del mundo. Esos nombramientos, como todo mundo sabe, son expedidos y firmados, de puño y letra, por el gobernador del estado. Lo grave del asuro del predio, es que, se trata de una zona protegida, en donde no debería existir construcción alguna. Pero, hay que recordar, en este caso, no se trata de violaciones a las leyes, o a los decretos, o a los códigos de ética, nepotismo o tráfico de influencias, o cualquier cosa similar, pues son solo asuntos de amigos, negocios de compas.

SON más de 20 ya los TPs (Testigos Protegidos) con que cuenta la fiscalía general del estado para apoyarse en El Duartazo. Los que fueron mencionados, los que son citados y los que serán, arman todo un squetch. Algunos de esos nombres, asegúrelo usted, horrorizarán a la clase política priísta por lo inesperado. Son funcionarios que estuvieron muy cerca, pero, a la vez, que afirman no haberse involucrado en los temas de corrupción. De ahí ha salido todo el cochinero que ha alimentado los temas de las investigaciones de El Duartazo. Los TPs, algunos, andan con protección policiaca, con guardias que les siguen a todas horas, mientras intentan llevar a cabo sus vidas en forma normal. El asunto es que, en algún momento del juicio, deberán revelar su identidad, e, incluso, ser juzgados, más allá de los llamados criterios de oportunidad. El Peny Chón anda a todo vapor con la indagatoria de los asuntos, a fin de llevárselos a El Oloroso Pete antes que los fatales plazos legales los alcancen.