Opinión

La Columna

Viernes 19 de Mayo 2017, 8:01 am
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Por Carlos Jaramillo Vela 

Operación justicia: un plan premeditado

El gobernador Javier Corral es un hombre que entiende los momentos y las coyunturas de la política porque siempre ha vivido de ella. Él mismo, ocupa el principal puesto público del Estado de Chihuahua, a raíz de una de esas coyunturas históricas que se presentan en el escenario público, y que hoy es de todos conocida. En virtud de esa formación, y del modus vivendi que ha tenido durante la mayor parte de su vida, Corral se ha convertido en un avezado previsor de escenarios y oportunidades. Los años electorales 2018 y 2021 son precisamente la materia prima con la que Corral trabaja desde unos dos meses antes de llegar al edificio de la Calle Aldama. Por ello, desde antes de asumir la gubernatura de Chihuahua, colocó en un lugar privilegiado de su agenda de prioridades a temas como la rivalidad del PAN hacia el PRI, las sucesiones: presidencial del año 2018 y estatal del 2021, y todos los eventuales movimientos que en torno a estas fechas comiciales se registren en el mediano o corto plazo. Del obsesivo interés de Corral por estos temas no es poco, ni carente de sustancia, lo que se puede hablar, ya que analizando con sentido lógico y a la luz de los acontecimientos la actuación del mandatario panista, afloran las verdaderas motivaciones que subyacen en su actuación. Por lo que respecta a la añeja rivalidad del PAN hacia el PRI, ésta no se puede desdeñar cuando se escruta la actual persecución contra ex funcionarios de la administración inmediata anterior, a quienes el gobierno corralista señala como presuntos responsables de la comisión de ilícitos. No obstante ello, es innegable que la acción persecutoria, en aquellos casos en los que llegara a comprobarse la veracidad de las acusaciones, tendría pleno sustento jurídico y moral.  

Sin embargo, el terreno político es la gran y prometedora vertiente que Corral ve en este asunto, pues las aprehensiones, así como los procesos judiciales y las eventuales sentencias condenatorias que podrían derivarse de estos, contribuirían a impactar al Partido Revolucionario Institucional, independientemente de que todos o solo algunos de esos actos se realicen. Otro de los efectos perniciosos que para el tricolor podría resultar de la intimidante campaña “Operación Justicia” desatada por la administración corralista a través de algunas aprehensiones, y de advertencias generalizadas contra decenas de exfuncionarios estatales, es, sin duda, la “inhabilitación” de una buena parte de los operadores y estrategas con los que el PRI tradicionalmente ha contado, ya que los exfuncionarios que ante el riesgo de ser aprehendidos se encuentren bajo amparo legal, o con la intención de pasar desapercibidos, se abstendrán de participar en las campañas electorales del año venidero, viéndose mermada así la capacidad de operación y el activismo tricolores. Además, en esta estrategia juega a favor del gobernador el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ente público que según la opinión común -y pese al discurso oficial- hoy se ciñe con evidente docilidad a las decisiones del titular del poder ejecutivo, al menos en lo concerniente a la persecución que se analiza, misma que aunque resulta formalmente jurídica, materialmente reviste notorios intereses políticos y, sobre todo, electorales.   

El senador con licencia sabe a la perfección que el efecto jurídico de sus preconcebidos proyectos “Expedientes X” y “Operación Justicia”, puestos en marcha desde semanas antes de entrar en funciones de gobernador, puede ser, en su caso, la emisión de sentencias condenatorias que deriven en el confinamiento penal contra algunos de los exfuncionarios perseguidos. Pero Corral también sabe que allende los archivos judiciales y los muros penitenciarios, podría existir otro efecto, que evidentemente es al que en verdad le apuesta, porque cree que puede resultarle redituable. Corral ejecuta así un plan blindado, cuya realización no podrá ser detenida -independientemente del éxito o fracaso del mismo-, pues se halla fundado en la “imparcialidad” y en la “búsqueda” de la justicia; sin embargo, dicha estratagema electoral no podrá ser inmune a los argumentos de índole moral y político que sean vertidos por los analistas. Salta con claridad a la vista, que a siete meses de ejercicio administrativo, Corral ha demostrado, con sus hechos, su intransigente determinación para aplicar a ultranza -y para adoptar como principio rector de sus acciones- la célebre máxima que reza “el poder es para poder, y no para no poder”. Confirman tal aseveración los casos –plenamente documentados y públicamente conocidos- de los defenestrados Gabriel Sepúlveda, Ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia; Rodolfo Leyva, Ex Presidente del ICHITAIP; Ignacio Rodríguez, Ex Auditor Superior del Estado; y Miguel La Torre, Ex Coordinador de la Diputación del PAN, en el Congreso del Estado. Corral tiene el poder, y lo ejerce a su manera... los ciudadanos tenemos la libertad, y nuestro derecho a ejercerla.      

carlosjaramillovela@yahoo.com.mx  

 

 

 

Reportero:  Redacción C
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