La Fuente

*A confesión de parte, relevo de pruebas *Cuarón y Ortuño en aprietos por peculado *Compromete estado participaciones federales con la deuda

  • Por José Oswaldo
*A confesión de parte, relevo de pruebas *Cuarón y Ortuño en aprietos por peculado *Compromete estado participaciones federales con la deuda

DICEN que a confesión de parte, relevo de pruebas y, por eso, técnicamente, Pablo Cuarón y Teresa Ortuño, deberían estar en la cárcel. El delito confeso del secretario de Educación, rellena perfectamente el tipo penal considerado en el artículo 270 del código penal, relativo al peculado. En su fracción I, señala que lo comete quien disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, inmuebles o cualquier cosa, si los hubiere recibido por razón de su encargo. Si la vara que traen El Paisa y El Peny Chón es la misma para Garfio, Cuarón y Ortuño, los tres deberían estar en el mismo lugar. De eso no hay duda, porque el delito de peculado se aplica a rajatabla sin siquiera considerar si se obtuvo un beneficio, si se corrompió el funcionario o si se hizo negocio con dinero público. Si el Juez Garzón anduviera por acá y echara una ojeada al ejercicio presupuestal de las instituciones, no le alcanzarían las cárceles para meter hasta a los barrenderos por limpiar la oficina del jefe con la escoba de otro departamento. Así metió a la cárcel Pancho Barrio al ex alcalde panista Saúl Ruiz, que tomó dinero de una partida para pagar el sueldo a los trabajadores municipales. El problema de hacerlo con los contras consiste en prevenir el momento en que los propios anden en los mismos pasos. Cuarón y Ortuño desviaron dinero del Colegio de Bachilleres, de eso ni duda cabe, por angas o por mangas y, ahora, deberán enfrentar el tema. La Fuente opina que el tipo penal del peculado constituye un delito extremo, aunque bien intencionado y necesario. Tal vez los expertos en leyes podrían considerar el agregar un elemento al tipo, para hacer pagar a quien en realidad desvía el bien para obtener un beneficio directo o indirecto, que pondría en aprietos acreditarlo, pero, en fin, ellos sabrán cómo se le podría hacer para que esa norma conduzca realmente a la justicia y no a buscarle al círculo la forma de un cuadrado.

DESDE el sexenio de Fernando Baeza se justificó por parte del estado solicitar préstamos y poner de garantía, como fuente de pago, el peaje de las carreteras. Como las rúas son de competencia federal, y su manejo y administración se entregaba al estado por medio de una concesión, se decía que no se comprometían recursos del presupuesto estatal. Así se discutió en los sexenios de Patricio, Reyes y Duarte, en una polémica sin fin que hizo aumentar la deuda de Chihuahua a los niveles de 50 mil mdp. Ahora que El Paisa pide autorización por 20 mil mdp, para reestructurar y refinanciar la deuda pública, vuelve a entrar al mismo y trillado tema sobre la definición de deuda pública. Empero, más allá de contratar deuda, porque todos requieren recursos para para hacer obra, adquirir bienes y prestar servicios, ningún mandatario estatal había puesto en riesgo los recursos con que se mueve una administración. Corral no puso en su proyecto de decreto los recursos del peaje de las carreteras, sino los que provienen del Fondo General de Participaciones. Es decir, dispuso como garantía la bolsa de donde sale el 80 por ciento de los recursos del estado. Si en un momento dado, su gobierno no pudiera pagar normalmente las mensualidades del préstamo, los bancos acreedores intervendrían esas participaciones federales -el propio estado les faculta en el decreto- para cobrarse a lo chino.

SIN embargo, a Corral parece que el destino le alcanza, porque tiene en su haber dos señalamientos distintos a los demás gobernadores y que parece que ahora le hacen ver como el político más contradictorio de la historia. Primero, porque el tema de la deuda pública fue uno de los pilares de los ataques de su campaña contra Duarte. Prometió una y mil veces no contratar deuda pública y todavía no cumple un año en su gobierno y ya lo hizo. Segundo, el marco jurídico obra en su contra, pues ahora, a diferencia de las demás administraciones, debe inscribir en el Registro de Deuda Pública todo lo que pida. Es por ese motivo que, en el punto Décimo Primero, del proyecto de decreto que firmó, junto a su secretario general y su secretario de hacienda, se establece que todas las obligaciones deberán inscribirse en el llamado Registro Central de Deuda Pública Estatal de Chihuahua, que lleva el propio Arturo Fuentes Vélez. Además, debe inscribir el mismo préstamo en el registro del congreso del estado a cargo de la Auditoría Superior del Estado y, además, debe registrarlo en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, referente a la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que, ciertamente, no les tocó a sus antecesores (como una especie de escupir hacia arriba) pero si a él, productos de los abusos de los gobernadores y de los señalamientos de sus opositores, como el caso que nos ocupa.

EL comité de riesgos para protección a periodistas volvió a ser instalado y empezó a funcionar. La sesión se llevó a cabo en las instalaciones de la comisión estatal de derechos humanos. Fue José Luis Armendáriz Sígala, titular de la CEDH, el que coordinó los trabajos. Asistieron todos, los representantes de los tres poderes y los periodistas que ocupan cinco espacios del comité. Entre otras cosas, acordaron citar a comparecer al fiscal general del estado, el tremendo Peny Chón. La idea es que informe de la situación que priva en el estado respecto de los casos en que han perdido la vida periodistas de la entidad y de los que han puesto en riesgo su existencia. Seguramente, El Peny Chón, si decide asistir, guardará muy bien sus cartas, pues sabe cómo se reparte la baraja en esos menesteres. Le mueve muy bien a la tenebrosa, conoce los asegunes de estos temas y sabe hasta dónde manejar las cosas. Y total, si decide no acudir, pues manda a Carlos Mario Jiménez, el fiscal de la zona centro, que actúe en su representación.

POR darle un rozón con su bicicleta al carro de un magistrado, un joven estudiante del Cobach enfrenta un juicio muy especial. El estudiante fue detenido y, sin ser revisado por un médico, le fue abierto un expediente. La causa penal es la 90/2017, en el Tribunal de Adolescentes, cuya audiencia se desahogará este viernes a las 13:00 horas, en el local específico dentro del Centro de Justicia. El Magistrado, Rogelio Guzmán, dice ser la víctima en el asunto. En el curso elaborado por el tribunal, al estudiante se le llama “adolescente”, y al padre de éste se le menciona por su nombre, pero, al magistrado, se le cita como “el ciudadano”. Quién sabe si será una categoría civil especial para los magistrados o personas importantes, pero parece que es un término excluyente y exclusivo, propio solo de quienes gozan de cierta influencia. Pero, el verdadero tema, es que el magistrado Rogelio Holguín es el único magistrado de la llamada justicia para adolescentes. Si, en su caso, la resolución del juez de la causa, fuera impugnada, le sería remitida a este ciudadano. Pensar en elegir o nombrar a un magistrado provisional solo para este asunto, sería impensable, pues equivaldría a crear un tribunal especial, de los prohibidos por la constitución. Así que, el estudiante del Cobach estará frente a su acusador, que es el superior de quien le irá a juzgar, en un territorio donde la imparcialidad no existe en absoluto. Habría que ver el daño causado en el vehículo del magistrado y las declaraciones de testigos y de una y otra parte, empero se impone preguntar: ¿no estará exagerando el ciudadano Rogelio Guzmán Holguín?