Opinión

La columna

  • Por Redacción C
La columna

Por Carlos Jaramillo Vela 

El COBACH: a merced de los arrebatos del “Nuevo Amanecer”.

La saña de Corral hacia Dowell: reflejo de un odio delirante.

El Colegio de Bachilleres continúa siendo víctima de las pasiones políticas llevadas al extremo. En la actuación del gobernador Javier Corral Jurado no se observan indicios que permitan afirmar que éste comprenda lo grave que puede resultar seguir provocando irresponsablemente ánimos de confrontación en el Estado de Chihuahua, a base de venganzas partidistas. Desde octubre de 2016 –pese a que el mandatario arribó al poder envuelto en el discurso de la pluralidad y la co-gobernanza con personas de todos lo colores partidistas- no ha cesado en su arremetida en contra de las y los empleados y funcionarios estatales que la administración del “Nuevo Amanecer” considera -erróneamente- como sus enemigos por simpatizar con un partido distinto al PAN, o por el sólo hecho de haber ingresado a la administración gubernamental cuando la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado se hallaba bajo el mando de gobernadores de origen priista. Recientemente, la Dirección del COBACH despidió de su puesto laboral al hijo de José Acuña, Secretario General del Sindicato de la institución, quien tiene fuertes diferencias con la Directora, Teresa Ortuño. Sin duda, la orden del cese salió de Palacio.  

Llevar el conflicto de Teresa Ortuño, a niveles personales contra el dirigente sindical José Acuña, no es aconsejable. Todo indica que la soberbia, el autoritarismo y la visceralidad han aparecido en el escenario, desplazando a la razón y la política. Además, la irracional, sistemática e injusta purga política en el COBACH -como en todos los organismos y dependencias gubernamentales de Chihuahua-, no da muestras de tener fin, lo que en el gremio dirigido por Acuña ha generado enorme inconformidad, pues al parecer han sido conculcados los derechos laborales y humanos de varios miembros del personal sindicalizado, que también han sido despedidos de su fuente de trabajo. Basta indagar en los archivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como en los de la Juta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, para constatar cantidad de demandas laborales que la administración de Corral ha ocasionado. Los excesos nunca han sido buenos. ¿Acaso los arrebatos derivados del odio y el rencor político, así como del uso abusivo del poder, harán sucumbir al COBACH, y a otras instituciones? Esperamos que no; sin embargo, es imprescindible que imperen la prudencia, el sentido común y la buena voluntad, en quien hoy gobierna al Estado.

Lo hecho por Javier Corral, contra el Presidente del CDE del Partido Revolucionario Institucional, en Chihuahua, Guillermo Dowell Delgado, no tiene nombre. Por desgracia, en nuestra entidad cada día que pasa se cometen nuevos atropellos desde el poder estatal. La vileza en las acciones, el desdén hacia la opinión de los chihuahuenses, y el desinterés por la generación de condiciones que favorezcan la concordia entre el gobierno y las fuerzas sociales y políticas del estado, son por desventura, cada vez más evidentes en una etapa histórica en la que la coyuntura hizo arribar al gobierno Chihuahua a un “político” cuya principal limitación es, paradójicamente, la falta de oficio político.  

Desde meses atrás, como queriendo curarse en salud, la administración del senador con licencia dejó entrever la posibilidad de retirar a Dowell el permiso para continuar ejerciendo el notariado. Tratando de justificar la intención con leguleyas que a nadie convencieron. Finalmente, hace días la maquiavélica y perversa acción por fin se ejecutó. Sin embargo antes de ello Corral Jurado quiso darle a Dowell la “oportunidad” de salvarse de ser incinerado por las llamas del infierno -institucionalizado en Chihuahua por el “Nuevo Amanecer”-; enviando –sin éxito- a su “operador político” César Jáuregui Robles, Secretario General de Gobierno, para plantear a Dowell, la propuesta-petición formulada por Palacio a cambio de su salvación. Dowell -quien no reveló los detalles de la conversación que por órdenes de Corral sostuvo Jáuregui con él-, hizo acopio de cabalidad y hombría al declarar a los medios de comunicación, únicamente: “Prefiero decirle a mi hijo que perdí mi notaría, a que perdí la dignidad”. Esta frase muestra el bajo perfil moral del actual gobierno de Chihuahua, pues permite adivinar la perfidia contenida en la propuesta que Corral y Jáuregui le hicieron a Dowell: lo querían obligar a traicionar e inculpar a sus amigos, declarando en contra de ellos.

Argumentos razonables no los hubo antes, ni los hay ahora, para justificar jurídica y moralmente la artera felonía mediante la que le fue revocado a Dowell el permiso para continuar ejerciendo su profesión de fedatario público. La única explicación -no justificación, aclaro- que permite entender por qué la más reciente tiranía de Palacio tuvo como objetivo a las libertades fundamentales y los derechos humanos y laborales de Guillermo Dowell, es la militancia política de éste, así como su desempeño como dirigente de un partido –el PRI-, contra cuyos miembros el titular del Poder Ejecutivo se encuentra obsesionado en desplegar acciones que revelan un odio delirante.

[email protected]