Buscan amparo seis ligados a César Duarte

Seis implicados en el presunto desvío de 246 millones de pesos del erario de Chihuahua a campañas del PRI promovieron amparos en la Ciudad de México, con los que buscan detectar si existe alguna orden de aprehensión en su contra.

Se trata de representantes de empresas creadas en agosto de 2015 que, en febrero de 2016, recibieron por adjudicación directa contratos de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de César Duarte, por servicios que según acusaciones de la actual Administración estatal nunca fueron prestados.

Por este caso, ya están bajo proceso por peculado en Chihuahua la ex Secretaria de Educación, Karla Jurado Bafidis, y el ex Director de Adquisiciones y Servicios, Antonio Tarín García, cuyo juicio tardó en iniciar debido a que buscó fuero en su carácter de suplente del fallecido diputado federal Carlos Hermosillo.

Los amparos fueron promovidos el 11 de julio ante el Juzgado Cuarto de Amparo en Materia Penal en la CDMX por las siguientes personas:

Sandibel Gallardo Gallardo, representante de Servicios y Asesorías Samex, que firmó un contrato de 55 millones de pesos para "talleres para mil 600 padres de familia".

José Juan Saliano González, de la firma Servicios y Asesorías Sinax, señalada por un contrato con la Secretaría de Educación, también de 55 millones de pesos, para "capacitación y actualización de docentes".

Aaron Talavera Mejía, en tanto, representó a Servicios y Asesorías SISASS para la firma de un contrato de 46 millones de pesos supuestamente destinados a un "curso sobre ecología y medio ambiente".

Junto con estas personas, promovieron amparos Giovanna Itzel Saliano Gallardo, Alejandra Payán Becerril y María Marta García Hernández.

El cuatro contrato de la Secretaría de Educación, por 90 millones de pesos, fue asignado a Despacho de Profesionistas Futura, pero no se detectó hasta ahora algún amparo de la representante de esta empresa, María de Lourdes Gallardo Carrillo.

Según la Fiscalía de Chihuahua, las cuatro empresas tienen el mismo domicilio para recibir notificaciones, además de haber sido constituidas con algunos días de diferencia en agosto de 2015.

El 14 de julio, la jueza federal María Dolores Núñez concedió a los quejosos una suspensión provisional para que no se ejecuten en su contra posibles órdenes de presentación o aprehensión, salvo que se trate de delitos que impliquen prisión preventiva oficiosa.

Núñez requirió informes a las autoridades para determinar si existe alguna orden de captura estatal o federal contra las personas mencionadas, antes de resolver si les concede una suspensión definitiva.