Víctimas de los independientes

Por Cruz Pérez Cuéllar

El año pasado las expectativas de los nuevos funcionarios públicos eran y siguen siendo muy elevadas, sobretodo, quiero referirme a los “independientes”, que en un principio cumplieron con el anhelo ciudadano de ver en distintos cargos de gobierno a rostros diferentes en la política, con altos niveles de honorabilidad, de capacidad y espíritu de servicio, pero  muy pronto comenzaron a defraudar a sus electores.

La historia de los independientes en Chihuahua se resume a dos casos: el de  Armando Cabada Alvídrez, presidente municipal de Juárez y el de Alfredo Lozoya Santillán, alcalde de Hidalgo del Parral. Ambos destacan pero por el escándalo y el protagonismo más que por el trabajo y la presentación de resultados positivos en sus respectivos gobiernos.

No se ha cumplido el año todavía desde que asumieron sus alcaldías y el corolario de errores y fallas son tantas y tan graves que hasta parece que ya van a concluir el bienio. Difícilmente les alcanzará el aliento para repetir en el 2018, cuando se estrena la figura de la reelección a nivel presidencia municipal y diputaciones, sus mismas fallas les precederían e impedirían que continúen tres años más; a menos que de pronto cambiaran su errática forma de gobernar, de gestionar, de hacer política, de tratar a sus subalternos y a la ciudadanía a la que se deben. En pocas palabras tendrían que cambiar su forma de ser y de actuar, lo cual se antoja difícil y muy complicado.

En el caso del alcalde de ciudad Juárez Armando Cabada, tan criticado por su curiosa insistencia en el programa “Juárez Iluminado”, que consiste en renovar el 100 por ciento del alumbrado público, donde por ciento se tiene todavía una deuda que exige un pago mensual de 10 millones de pesos al Ayuntamiento, por la instalación de 32 mil luminarias que hace poco fueron colocadas, ahora quieren quitar esas y las otras que están en funcionamiento para poner nuevas, eso constaría al municipio varios cientos de millones de pesos.

Pero ni el programa “Juárez Iluminado”, ni el incumplimiento del mega bacheo, la escasa obra pública, la ausencia de programas efectivos que generen la idea de desarrollo social, entre otros rubros desatendidos por el edil superan, ya no digamos la inexistente diplomacia sino la agresiva y retrógrada reacción contra los críticos de su gobierno, que pasó de ser  dura o enérgica al insulto. Solamente creo que esta crisis es aventajada por la creciente y desbordada inseguridad, que en ello tampoco da una el gobierno municipal.

Para ser más concreto, debo señalar el caso de la activista Victoria Caraveo, quien se ha visto vapuleada por el mismo alcalde por su crítica al programa  de Juárez Iluminado, es una pena que el propio edil asuma el papel de golpeador y sea quien señale directamente a sus detractores o quienes piensan diferente de él; y si eso lo hace públicamente ¿qué se puede esperar de sus reacciones fuera de los reflectores?.

Cabada, tras escribir en su cuenta de Facebook: “denle gracias a Victoria Caraveo Vallina de que la ciudad está oscura”, como señalándola a ella y a los ciudadanos que se oponen al proyecto por los obstáculos políticos que ha recibido tanto en el Congreso, en el Cabildo, como en buena parte de la sociedad chihuahuense, demuestra su intolerancia y lo más grave, provoca animadversión hacia la activista, quien es agredida por dicho hostigamiento.

En las redes, Caraveo ha sido objeto de señalamientos violentos, amenazas de muerte, y eso gracias a una actitud prepotente del alcalde que más que independiente se parece más a los peores gobernantes del PRI y del PAN que gustan de dar macanazos a quienes se oponen a sus planes. Eso le ha granjeado tres denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una presentada por Caraveo, así como una denuncia penal ante la Fiscalía General el Estado.

Un caso parecido se encuentra curiosamente en la otra administración del alcalde sin partido, Alfredo Lozoya Santillán, conocido en Hidalgo Parral como “El Caballo”, quien también ha dedicado buena parte de su tiempo a castigar a quienes critican su forma de hacer gobierno, en ocasiones con palabras cargadas de veneno, cual Bronco neoleonés que se siente justificado por haber ganado su cargo sin la bendición de los partidos políticos tradicionales, pero muy equivocado en su forma de tratar, en este caso, a los ediles que representan a los partidos políticos, o a activistas, como el caso anterior, que señalan sus  excesos como alcalde.

En el caso de Parral se registró recientemente una denuncia por parte del reconocido comerciante de aquel municipio, Héctor Chávez, quien habría denunciado varias irregularidades de la presidencia municipal, pero después de un tiempo, de buenas a primeras llegaron un día inspectores del área de gobernación municipal a clausurar un negocio de su propiedad, alegando que no contaba con el permiso de uso de suelo para vender comida. Chávez declaró a los medios que se trata claramente de una persecución política por parte del presidente municipal, quien es intolerante a la critica y trata de castigar a quienes señalan sus errores.

Por supuesto, el edil lo negó, sin embargo es necesario que para llevar a cabo una diligencia de esa naturaleza se cumpla con una serie de formalidades, como un documento firmado y sellado que aclare el motivo de la clausura del negocio, y también la advertencia que en casos comunes permiten al comerciante en cierto tiempo regularizarse en caso de que realmente no cuente con alguno de los permisos necesarios para operar. Pero ni lo uno ni lo otro, así fue, al estilo policía judicial de antaño llegaron y ejecutaron la instrucción que traían de su jefe, sin dejar ningún oficio que justificara sus actos.

De esta manera, ningún ciudadano que critique los excesos de los gobiernos están a salvo, como es el caso de Héctor Chávez, quien es un ciudadano honrado y cumple con sus obligaciones fiscales, pero está siendo sancionado por un gobernante que no entiende, al igual que en el caso anterior, que en un estado democrático los ciudadanos organizados e individualmente pueden criticar, conforme a su derecho de libertad de expresión, a otros ciudadanos que ostentan cargos públicos, como es el caso del alcalde, quien de acuerdo a ese derecho debe permitir que se expresen sin ejercer presión o sanción alguna.

En dicha forma de gobernar, tanto en el caso de Armando Cabada con en la de Alfredo Lozoya se reconoce que ambos no son muy diferentes a los priistas y panistas que tanto criticaron en sus campañas del año pasado, en la manera de imponerse parece que son iguales, aunque en ocasiones dan la impresión de que son superiores en ello a los que tanto censuraron.

Esta es una muestra evidente de que no es garantía para ser buen gobernante el prescindir de siglas partidistas y gritar a los cuatro vientos que la partidocracia en general está podrida, se necesita forzosamente tener principios y practicarlos, ser humanista en los actos y no en los dichos, tener capacidad para gobernar y tener en cuenta que si ostentan un cargo público de elección popular, sus actos deben ir destinados a beneficiar a quienes votaron por ellos, pero también por los que no, incluyendo a quienes se opusieron e hicieron lo necesario para que no ganaran, así es el juego democrático y quienes no lo entiendan así, estoy firmemente seguro de que no tienen nada que hacer en el cargo que ostentan.

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