Opinión

Derechos ciudadanos y eficacia policial, una falsa disyuntiva

Jueves 5 de Octubre 2017, 10:05 am
AAA

Una correcta comprensión del sistema de división de competencias y atribuciones que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del diseño del procedimiento penal acusatorio que regulan sus artículos 16, 18, 19 y 20 –principalmente–, así como de los principios doctrinarios que lo nutren e informan el texto constitucional, implica, de manera forzosa, el entendimiento de la necesaria y sana distribución de funciones entre el Ministerio Público y los jueces que en aquél se plasma.

     División de competencias que, aunada a la exigencia de una defensa técnica y material adecuada, por abogado titulado, que como derecho del imputado se contiene en el referido artículo 20, apartado B, fracción VIII, y que complementan sus fracciones II a IV, Y VI, constituye la base constitucional del procedimiento, en el que, básicamente: 1. El Ministerio Público tiene la obligación de probar su acusación. 2. El acusado y su defensor el derecho de alegar en contra y aportar prueba de refutación. Y 3. El juez, entre otros deberes: velar por el respeto a los principios de dicho modelo procesal que explicita el apartado A del precepto aludido en último término; garantizar, en todas las etapas del procedimiento, igualdad sustantiva y procesal a las partes (entiéndase Ministerio Público y acusado y su defensor, y, en lo conducente, víctima u ofendido y asesor jurídico) para sostener la acusación y ejercer la defensa, traducida en la posibilidad real de alegar y desahogar prueba; y asegurar el debido proceso, que incluye la obligación de la autoridad persecutora del delito (Ministerio Público o fiscalías y cuerpos de policía) de ajustar sus actos de investigación, particularmente los que conllevan intromisiones en la esfera de derechos de los gobernados (acusados, víctimas u ofendidos y demás sujetos procesales) a las reglas y disposiciones de rango constitucional y legal establecidas en tutela de tales derechos.

     Por todo ello, no pueden sino causar extrañeza y preocupación las manifestaciones y posicionamientos recientes del titular de la Fiscalía General del Estado –algunos de ellos externados en el segundo de los eventos denominados “Encuentro Chihuahua”– que muestran, o al menos permiten atisbar, su concepción de lo que el sistema acusatorio debe ser y de los límites a los que, según las ideas por él expresadas, debe sujetarse la actuación de los defensores públicos y de la autoridad jurisdiccional (jueces, principalmente, y magistrados). A reserva de abordarlos con detalle en una segunda entrega, en esta colaboración me referiré únicamente a dos de tales manifestaciones:

     I. La primera, conocida por una comunicación supuestamente enviada a algunos fiscales y agentes del Ministerio Público y filtrada a la prensa, de la que dieron cuenta notas periodísticas que atribuyeron al Fiscal General su autoría, en la que solicita a aquéllos “un consolidado” de los problemas que tienen con la Defensoría Pública, a cuyos integrantes –según esa comunicación– atribuye “excesos” en el desempeño de su labor, “hábitos de argumentar falsedades, limitar el derecho de los imputados para declarar, argumentar tortura para tirar la detención (cuando no existe tortura)” y “una actitud sistemática de desvirtuar los hechos más allá de la justa defensa que deben tener los imputados”. Petición y expresiones que llevan a intuir una intención, por completo incompatible con el sistema procesal, de controlar, limitándola, la actuación de los defensores, en demérito del principio de igualdad, del derecho de defensa y de la justicia misma. En una postura preocupante, por la visión que muestra y porque trae a la memoria el disparate cometido en la administración estatal pasada, censurable por el lado que se analice, en virtud del cual se sustrajo a la Defensoría Pública del ámbito del Poder Judicial y se le ubicó en la estructura del Ejecutivo, con el logrado despropósito de coartar el trabajo de la defensa en beneficio de la Fiscalía, prohibiendo a los defensores públicos el cuestionamiento de actos de investigación irregulares y el ofrecimiento de algunas pruebas que pudieran echar abajo la acusación, así como la interposición de recursos y la presentación de demandas de amparo en defensa de sus patrocinados. Sería lamentable que se reviviera ese anacrónico debate acerca de si los defensores públicos deben lealtad a sus representados o a las estrategias de seguridad y políticas del Estado. 

     II. El segundo, expuesto durante el evento en mención, en el que se quejó, entre otras cosas: 1. De que el sistema acusatorio, que temerariamente afirmó está ideado sólo para proteger a los inculpados y no a la víctima, exija que las personas sean detenidas con todas las formalidades que marcan la Constitución y la ley, se les ponga de inmediato a disposición del juez y tengan derecho a negarse a declarar, guardar silencio y no auto incriminarse. 2. De que el incumplimiento de esas simples “formalidades” (en realidad garantías para asegurar los derechos de libertad personal, tutela jurisdiccional y no autoincriminación) lleve a los jueces a ordenar la libertad de los imputados y, en muchos casos, a declarar la nulidad de los datos de prueba obtenidos a raíz de que fueron detenidos. 3. De que los defensores busquen defectos en la detención o en la recolección de la evidencia para desestimar una causa, olvidando –dijo– el fondo del enjuiciamiento; por más que con esto soslaye que, por mandato constitucional, la Fiscalía y sus auxiliares deben ajustar su actuar al debido proceso y no actuar al margen de las leyes en la investigación de los delitos. 4. De los “laxos criterios de los jueces”, a los que, en una apreciación carente de la mínima autocrítica, atribuye la mayor culpa de lo que se ha dado en llamar “la puerta giratoria” y la denegación de la jurisdicción debida a las víctimas y a la sociedad, que ilustra con un desafortunado ejemplo: el que ordenen la libertad inmediata de detenidos en flagrancia cuando hay una “demora excesiva en la puesta a disposición” por parte del Ministerio Público. ¡Como si no existieran diversas tesis jurisprudenciales, vinculatorias para todos los juzgadores del país, que obligan a ello! 5. Del “cada vez” mayor control judicial para la obtención de datos de prueba, “como si el Ministerio Público –cito textual– no fuera capaz de recibir una prueba o una declaración” o realizar otros actos de investigación. Ello, sin reparar en que fueron los históricos excesos del Ministerio Público y sus auxiliares los que pusieron en claro la necesidad de limitar la acción persecutoria del Estado, mediante la exigencia de autorización judicial previa a la realización de actos de investigación que afecten derechos fundamentales; además de la esencia misma del sistema acusatorio, irreconciliable con la posibilidad de que una de las partes del proceso (en el caso dicha autoridad) desahogue prueba con prescindencia del juez u obtenga datos incriminatorios aun a costa de la afectación de tales derechos, sin sujetarse a criterios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad e idoneidad. 6. De que no se permita a la Fiscalía recibir declaraciones de imputados y, particularmente, de adolescentes. En una especie de añoranza de la época de la confesión (ante el Ministerio Público, claro) como “reina de las pruebas”, fugazmente superada en los primeros años de la reforma penal y luego recurrida en exceso por los dos fiscales que precedieron al actual, incluso como único dato incriminatorio para lograr condenas. Y 7. De la falta de adecuación “de algunas figuras” que, al estilo de las reformas hechas al Código de Procedimientos Penales de Chihuahua, permitan hacer “asequible” el modelo de enjuiciamiento; quizá, por todo lo dicho antes, en alusión a reformas por completo incompatibles con éste, como las plasmadas en sus artículos 267, último párrafo, 335, párrafo segundo, 363, 372, párrafo segundo, y 373, por citar algunas.     

     Una explicación factible es que esos desaciertos se deban a un incompleto conocimiento del sistema acusatorio por parte del Fiscal General; entendible, si se considera que antes de asumir ese cargo se desempeñó siempre en el Ministerio Público Federal (la Procuraduría General de la República), y que dicha reforma apenas en el año próximo pasado cobró vigencia en el ámbito de su función. Algo que para algunos parece remoto por la capacidad que no pocas personas le atribuyen y reconocen  y por el hecho de que, si no la totalidad, la mayoría de sus fiscales especializados y colaboradores se desempeñaron en el sistema reformado, en las administraciones de José Reyes Baeza y/o César Duarte Jáquez (con la procuradora Patricia González o con los fiscales Carlos Salas o Jorge González Nicolás, este último, particularmente de no grata memoria).

     Otra posibilidad, más preocupante aún, sería que, pese a conocer plenamente el sistema de enjuiciamiento, su diseño constitucional y los límites que el obligado respeto a los derechos humanos marcan el artículo primero de la Constitución Federal y las disposiciones en la materia, pretenda someter a la Defensoría Pública y acotar las atribuciones de la judicatura. Ello, por lo que en sí implica, pero también porque mueve a pensar que, a más de diez años, la Fiscalía, integrada en buena parte por operadores de las referidas administraciones estatales, no ha desarrollado las destrezas necesarias para llevar a cabo, con éxito, la investigación y persecución de los delitos. Y que por ello necesitan, como vergonzosamente ocurrió en el pasado reciente, que los defensores del Estado estén supeditados a los criterios de esa institución, así como restringir las facultades de los jueces de velar por el respeto al debido proceso y a los derechos de los justiciables e imponer su muy particular interpretación de la ley para estar en posibilidad de obtener datos de prueba mediante actuaciones que la norma constitucional no autoriza; apartarse de la ley (o de menos, no ajustarse por completo a ella) e incurrir en arbitrariedades o en el incumplimiento de formas al detener a quienes aparezcan como probables responsables de un hecho, o apartarse de los plazos constitucionales para ponerlos a disposición de la autoridad judicial, sin que ésta ejerza su obligación constitucional de garantizar los derechos de aquéllos.

     En simples y llanas palabras: un sistema legal y judicial a modo en el que los derechos de los ciudadanos cedan ante el aparato policial y la idea de la eficacia en la persecución de los delitos, y la judicatura renuncie a su papel de garante de esos derechos. ¿Cuándo llegará el cambio a la Fiscalía del Estado?

Reportero:  Editor 1
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