*En estado de alerta por la violencia *La sierra, tierra de nadie *Privilegios a El Campanario

LITERALMENTE está incendiado el estado, con la ola de ataques, tiroteos y balaceras en todos los municipios de la sierra. En Gómez Farías se dijo que podrían ser unos 70 los levantados el martes. Y que desde las cinco de la mañana, ocurrió el sorpresivo ataque dirigido a El 32, que es como apodan al jefe de la plaza. La cosa está que arde, pues también se habló de que el alcalde Keny Mendoza había sido levantado aunque después se dio que andaba en la Ciudad de México pero nunca contestó el teléfono. Uruachi, Madera, Bocoyna, Cuauhtémoc, Chínipas, en fin, toda la sierra está incendiada por la violencia. Lo peor es que no hay estrategia de lucha y tampoco de contención entre las autoridades. Las políticas estatales y municipales, sin plan de acción, son incapaces de enfrentarse al crimen organizado. Y la pugna política entre estado y Federación solo deriva en un repartidero de culpas sin siquiera diálogo para analizar la situación y establecer líneas de acción. Y mientras alguien aporte la cordura, a la población que se la lleve patas de catre.

EN las calles de El Campanario, empezó a circular un volante relacionado con los dos hechos violentos que sufrieron vecinos del lugar recientemente. En ambos casos, sufrieron un robo, pero en uno de éstos, además, hubo una agresión sumamente violenta, que puso en riesgo la integridad física. El volante informa a los vecinos de El Campanario, que estarán cerradas todas las salidas laterales de las calles en forma definitiva. También, cita el documento, habrá rondines de vigilancia, a los cuales se integran los guardias del gobernador. La información agrega que los vecinos del residencial podrán tramitar un botón de pánico en sus casas, el cual estará conectado a la comandancia de la policía municipal y a Ella casa de los guardias personales del mandatario. El paquete incluye cámaras de vigilancia en cada calle de la colonia, que serán monitoreadas por los guardias de la caseta y los guardias del gobernador desde su caseta de control.

A ver si el Ople de Arturo Meraz aplica en el ámbito local la app del INE para recabar las firmas de los candidatos independientes. Porque, francamente, a estas alturas del partido, no hacerlo sería percibido como un acto intencionado y de mala voluntad. Sin lugar a duda, esto ahorraría recursos humanos y materiales, pues fue una labor titánica en el ejercicio electoral anterior, para las asambleas de Chihuahua, Parral y Juárez, hacerlo literalmente manual. ¿O la Ople se aventará su versión patito de cinco pesos? Total ni modo que no puedan darle un rasguño de cinco millones a los casi 90 millones de presupuesto que tiene la institución para esta elección, en un doblez presupuesta absurdo para un proceso que será regido esencialmente por el órgano electoral. Pero que no vayan a contratar una empresa de esas dudosas para que lo desarrollen, ahí en el IEE, porque el horno no está para bollos, asegúrelo usted.

EL síndico poseerá facultades sancionadoras para faltas menores sobre los miembros del ayuntamiento. Esta reforma está contenida en la ley reglamentaria del sistema estatal anticorrupción, que se discute en el congreso local. El movimiento, ciertamente, es de César Jáuregui Robles, el secretario general de gobierno, hábil y certero en el manejo de los temas jurídicos. En lugar de disputar el voto del síndico en cabildo, le serán atribuídas facultades jamás obtenidas. La sindicatura se dividirá en tres áreas: la investigación, la substanciación y la resolución, que incluiría sanciones administrativas. Si detectare faltas graves en la conducta de los miembros del ayuntamiento, entonces las remitirá al sistema estatal anticorrupción. Ya sólo falta que el paquete sea subido al pleno y votado en la cámara local de diputados.

LOS voceros penitenciarios niegan la situación del ex alcalde Javier Garfio, incluso mienten para supuestamente desmentir. El hecho cierto es que sufre de una depresión crónica que le impide aceptar su aprisionamiento. Y que realmente, según califican los que han estado cerca, es grave. Garfio ha asimilado desde un principio su encierro como producto de una persecución política por su cercanía con el ex gobernador del estado. El tema de que una firma estampada en un documento público, sin mayor trascendencia material, le haya motivado ser enjuiciado, ha sido inadmisible. La familia estuvo el domingo con el ex edil, en un momento difícil porque no mira hacia adelante ni le echa ganas al asunto. Ayer lunes, corrió el rumor, ya por la noche, de que incluso había muerto en su celda dentro del cereso de Aquiles Serdán. Más tarde se supo que en realidad había sufrido una crisis depresiva que le había conducido de nueva cuenta al hospital.