Opinión

Entre la Legalidad y la Justicia

  • Por EditoraSD
Entre la Legalidad y la Justicia

Por Víctor Manuel Medina Calderón

Cada vez son más frecuentes las violaciones a nuestra Carta Magna, a los tratados internacionales y a los Derechos Humanos, por acciones emanadas de las autoridades que, abusando de su poder, lesionan y lastiman a los ciudadanos, sobre todo aquellas encargadas de la impartición de justicia.

Es repetitivo observar como con una orden de un juez local o de distrito, la policía municipal o la policía estatal, atacan viviendas a pesar de que las habitan familias que con justo derecho se resguardan y oponen a la orden judicial en razón de lo injusto que representa tal acción. Destaca cómo el abuso de la fuerza pública se usa para violentar a ciudadanos comunes mientras la delincuencia organizada goza de impunidad ante la superioridad numérica y el armamento que portan.

Los desalojos de vivienda violan el derecho Humano a la vivienda reconocido en el artículo 4º de nuestra Constitución, así como en tratados internacionales ratificados por el estado mexicano y que se ubican con un nivel de jerarquía por encima de las leyes y en un segundo plano respecto a nuestra Carta Magna, según lo determinó la Suprema Corte de Justicia (SCJN) en el amparo en revisión 1475/98.

Sin embargo, los jueces civiles y de distrito constantemente proporcionan la orden de ejecución de un desalojo sin siquiera percatarse del tipo de afectación que tendrá su decisión, proporcionando legalidad a un mandato que no deja de ser injusto. Y aquí es donde reflexionamos sobre la diferencia que existe entre la legalidad y la justicia.

Para los abogados, la frase; “Tu deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, Lucha por la Justicia” debería de estar presente en todas sus acciones, pues forma parte del juramento que hicieron al asumir el compromiso de ejercer el Derecho.

Un mandato de un juez podrá ser muy legal, pero si es injusto, la oposición del ciudadano es legítima y ese es el fundamento para impedir por la vía de los hechos la ejecución de tales acciones por muy legales que estas sean a pesar de enfrentar el delito de “resistencia de particulares” plasmado en el código penal. La realidad es que los jueces no administran justicia, administran legalidad ya que sobre las leyes redactan sus sentencias y acuerdos, sabiendo en muchas ocasiones, que sus decisiones son injustas. Desgraciadamente no existe la materia de “Justicia” para los estudiantes de derecho.

Podrá ser muy legal quedarse con la parte pagada de una hipoteca, desahuciar, echar a la calle y dejar endeudado de por vida a un ciudadano. Será legal, pero en justicia aún no se ha encontrado la palabra adecuada para nombrar este acto tan inhumano y cobarde, ordenado, legalizado y ejecutado por personas sin conciencia ni corazón.

Las leyes y la legalidad, son hechas y redactadas con la cabeza por personas que, creyéndose dioses, están por encima del bien y del mal y desde una curul, aprobadas por esos levanta dedos que solo respaldan la decisión de quienes arrastraron el lápiz siguiendo consignas de “más arriba”. Así, defienden y mantienen los privilegios del capital y de los ricos sobre los pobres, siendo cambiadas y manipuladas por los gobernantes a su antojo y conveniencia. Los hechos lo demuestran: con tiempo y dinero, lo ilegal se vuelve legal. La legalidad se compra con dinero, es prostituta y perversa. El que tiene dinero libra hasta la cárcel, el que no tiene dinero puede pasar varios años encerrado por un delito menor o peor aún, siendo inocente.

La justicia es diferente, esta brota del corazón de los hombres honrados, no se compra ni se vende, no tiene artículos y no necesita de libros ni abogados, por eso es tan difícil aplicarla en el mundo actual donde es común la insensibilidad social y prostitución legalizada de quienes ejercen el poder. No hay que llamarle justicia a lo que simplemente es legalidad.

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