El Campeonato Nacional de Rodeo y... ¿la “privatización” de espacios públicos?

La columna

Por Carlos Jaramillo Vela

Gobierno del Estado: obsesión persecutoria y... ¿parálisis ejecutiva?

El reciente Campeonato Nacional de Rodeo, efectuado durante los días 10, 11 y 12 de noviembre, en la capital del Estado de Chihuahua, constituyó una muestra más del indebido -o al menos sospechoso- uso que a veces se hace de las instalaciones públicas por parte de los organizadores de eventos, o los oportunistas que encuentran en ellos la oportunidad de obtener un lucro. Pasamos a detallar: resulta -como comúnmente suele suceder en las instalaciones feriales de Ávalos-, que a quienes asistieron al espectáculo trasladándose en sus automóviles, al llegar a uno de los estacionamientos públicos existentes en el complejo recreativo público, construido por y para los chihuahuenses, eran abordados por personas que sin identificación, explicación o preámbulo alguno les pedían el pago de $50.00 pesos, para tener “derecho” al uso de dicho estacionamiento.

En caso de que el dinero recabado sea para obras, programas o proyectos desplegados por el DIF Estatal, o cualquier otra institución o dependencia pública, no sería cuestionable el cobro de estacionamiento; sin embargo, otra cosa muy distinta es el arribismo u oportunismo que suele darse en los eventos masivos, ya que es incorrecto que vividores se apropien de los espacios públicos que son de todos los chihuahuenses, porque fueron construidos con el dinero de todos y para el uso y disfrute de todos. Por ello surge la pregunta: ¿El dinero recaudado mediante el cobro de estacionamiento en el Campeonato Nacional de Rodeo, se destinó a una acción gubernamental, o fue a parar a los bolsillos de vivaces que auto “privatizan” los espacios públicos para provecho personal?  El Gobierno del Estado tiene la respuesta.

El caso del Arq. Virgilio Cepeda, recientemente removido de su cargo en la Coordinación Estatal de Protección Civil, para ser enviado a otra área del gobierno, al parecer se ha dado en un contexto que desde el inicio de la presente administración ha percibido la sociedad chihuahuense: la persecución jurídico-política. Se empieza a comentar, incluso en la columna de un importante medio de comunicación que recibe apoyos financieros de la administración estatal en turno, que Virgilio Cepeda es víctima de acoso laboral, pues su defenestración se hizo bajo el argumento de un supuesto “expediente de investigación” abierto en su contra.

La ocasión es propicia, no solo para solidarizarnos y enviarle un cordial saludo al arquitecto Cepeda -funcionario probo y de grato talante, cuyas capacidades y vocación para el servicio público han sido demostradas durante su trayectoria-, sino también para reflexionar en torno al obsesivo afán que el actual gobierno ha venido mostrando al perseguir denodadamente, por medios jurídicos, a exfuncionarios de la administración anterior, con un objetivo que pese a las razones jurídico-administrativas que en algunos casos –no en todos- válidamente puedan aducirse, a estas alturas ya nadie duda que tiene una fuerte connotación política –y electoral, por supuesto-. Tal reflexión viene a colación porque pareciera que este proyecto de “ajusticiamiento” es y será el único asunto en el que el titular del Ejecutivo está realmente empeñado en dedicar su tiempo y esfuerzo, pues la seguridad, la obra pública, la adecuada operación del sistema vial capitalino, así como otros aspectos elementales de la infraestructura y los servicios necesarios para lograr el bienestar colectivo de la sociedad, hoy son el principal reclamo generalizado a lo largo y ancho de la geografía estatal. Por ello es pertinente preguntarnos: ¿Acaso esa obsesión persecutoria -reconocida públicamente por el mismo mandatario de la entidad- es la causa de la parálisis ejecutiva que se percibe en varias áreas de la administración estatal?

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