El Ejecutivo de Chihuahua: inmerso en el juego electoral

Por: Carlos Jaramillo Vela

Las declaraciones mediante las que el Ejecutivo del Estado de Chihuahua acusa a la Secretaría de Hacienda, del Gobierno Federal, por la supuesta detención de recursos federales, ha desatado la controversia en varios frentes. Por un lado, el mandatario chihuahuense, apoyado en personalidades del mundo intelectual, periodístico y político, lanzó desde la capital del país su reclamo -con notorios tintes políticos- esgrimiendo como argumento la represión de la Presidencia de la República por las detenciones ejecutadas por su gobierno contra importantes personajes priistas.

Por su parte, el Gobierno Federal expuso en voz del Secretario de Hacienda el cuestionamiento dirigido al mandatario panista y su gobierno, para que aclaren el destino dado a varios millones de pesos que fueron entregados a Chihuahua sin que se conozca el uso que se dio a dicha suma de dinero. A su vez, Jacqueline Peschard, Presidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, días después de haber estado presente en el evento mediante el que el gobernador de Chihuahua hizo públicos sus argumentos, se desvinculó explicando que no se seguiría involucrando en dicho asunto debido a los claros manejos y fines políticos que con este se persiguen.

Obvio es que Peschard no solo dio a entender que ella y el Comité que representa se sintieron utilizados para fortalecer la estratagema desplegada por el ejecutivo chihuahuense, sino que además insinuó el evidente respaldo que desde su posición de gobernador el senador con licencia está brindando a Ricardo Anaya, precandidato presidencial surgido de la fusión entre la izquierda y la derecha. A su vez, Isela Torres, Coordinadora de la bancada priista en el Congreso del Estado de Chihuahua, señaló con energía el indebido subejercicio presupuestal en el que durante el año 2017 incurrió el Gobierno de Chihuahua, y reveló que ya se investigan a detalle los rubros y las dependencias del Estado responsables de ello, pues criticó además la falta de obra pública y la creciente inseguridad registradas en la entidad durante los 15 meses que lleva en su gestión el actual gobierno.

Así, polémico y controversial, es dicho asunto, como lo han sido otros similares a este en cuanto a su autoría y fines. Y, por supuesto, independientemente de los fundamentos jurídicos que a su alrededor pudieran o no existir, el caso tiene una connotación político electoral que resulta imposible dejar de advertir, por la cercanía de los comicios electorales que se efectuaran en el presente año.