La narco corrupción tiene permiso de altas esferas: Diana Washington

No todo el dolor se dice con exclamaciones. Algunas penas se gritan más fuerte a través de las lágrimas. Éstas, entre sus sales, portan el eco de una situación que según expertos continúa en la desértica Ciudad Juárez: el feminicidio sexual sistémico, definido por Julia Monárrez Fragoso —investigadora del Colegio de la Frontera Norte— como “el asesinato codificado de niñas y mujeres por ser mujeres, cuyos cuerpos expropiados han sido torturados, violados, asesinados y arrojados en escenarios transgresivos".    

En la actualidad, los familiares de mujeres asesinadas, periodistas y defensores de derechos humanos que investigan la continuidad de este problema en Chihuahua, aún son víctimas de amenazas latentes por parte de integrantes de células delictivas y gubernamentales, y de la impunidad que prevalece en México. Algunos como la periodista Diana Washington, creadora del libro “Cosecha de mujeres. Safari en el desierto mexicano”, han decidido no volver al más sonado lugar de este Estado: Ciudad Juárez, luego de recibir amenazas.

Feminicidio, algo que nunca se fue: Diana Washington

La periodista Washington, dice que los asesinatos brutales de mujeres en Juárez son algo que jamás se detuvo, solo cambiaron las maneras en las que los criminales se deshacen de los cuerpos violentados.

“Podemos suponer -dice la investigadora- que hay más víctimas de las que no sabemos, porque sus cuerpos fueron arrojados en lugares como comida para marranos, debajo de vialidades que se están construyendo y propiedades privadas, y no sabremos de ellas porque nunca van a encontrar sus cuerpos”.

A esto adhiere Washington el pensamiento de que tiene que ver mucho la corrupción policial y política. “Si no fuera por eso tendrían una sociedad distinta los mexicanos” —piensa—.

Defensores entre amenazas y atentados

Las amenazas llegaron a la periodista Washington de distintas maneras:

—Tengo conocimiento de que usted, por sus investigaciones, fue amenazada. Quiero, si me lo permite, profundizar en cómo fueron estas amenazas hacia su persona, pregunté a través de un cuestionario entregado a la periodista.

—En varias ocasiones recibí llamadas telefónicas amenazantes, escribe Washington. Una de ellas tenía la voz de un niño chico diciendo ‘mami, no, mami, no ", algo así, y en él fondo se escuchaban dos ruidos: el de un noticiero de televisión en inglés y el de un serrote eléctrico. Un agente federal en El Paso pudo rastrear esa llamada y dijo que provenía de una oficina en México de la inteligencia militar. En otra llamada, se escuchaba el sonido de cuando accionas un arma antes de disparar...

—Me pareció llamativo un artículo que citaba algunas declaraciones suyas, mencioné. Lo que usted indicó —según el escrito que leí— es que únicamente la autoridad máxima de México puede dar una solución para acabar con los feminicidios. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿qué otra cosa puede hacer el presidente para finiquitar estas agresiones?, cuando sabemos que la militarización de la ciudad (que fue un intento presidencial) no dio solución, e incluso agravó el problema.

—En la versión del libro en inglés, “The Killing Fields: Harvest of Women”, que contiene algunos detalles adicionales, abordo la idea de que se requiere una intervención externa al gobierno de México para poder realizar justicia. Advertí que los feminicidios iban a extenderse a otras regiones del país, siguiendo los movimientos de los carteles de la droga, y esto pasó. En el libro en inglés menciono que la narco-corrupción, que daña tanto a Chihuahua, se permitía desde las más altas esferas del poder. Casi todos los autores intelectuales involucrados en los feminicidios pueden estar ligados de alguna manera con el crimen organizado, que para mí significa el narcotráfico. El criminólogo Oscar Máynez de Ciudad Juárez ha comentado en varias entrevistas que todo mundo sabe que quien manda en Juárez es el crimen organizado —agregó—.

El caso de Washington es similar al de la periodista Rosa Isela Pérez, quien está como asilada política en España tras recibir amenazas por haber abordado el tema del feminicidio y no haber recibido protección suficiente del gobierno mexicano. Fue buscada para que también expusiera su caso. Sin embargo, comentó que desde hace tiempo decidió, por el momento, no conceder más entrevistas.

Por otro lado, el dramaturgo Humberto Robles -creador de la internacional obra documental sobre los feminicidios en Juárez, titulada Mujeres de Arena- expone el caso de las fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, así como también los riesgos que han experimentado:

 —Mira, dice Robles, la organización la fundó Norma Andrade, que era mamá de Lilia Alejandra. A su hija la secuestraron, la asesinaron, la torturaron. La cofundó con Marisela Ortiz, que era maestra de Lilia Alejandra. Después, se sumó María Luisa (Malú) García Andrade, quien era hermana de Lilia Alejandra e hija de Norma Andrade. Ellas son los pilares, y ellas reunieron a varias mamás cuyas hijas habían sido víctimas de feminicidios. Eso lo fundaron a principios del 2000.

Pasa el tiempo, por las denuncias de la organización y de estas mujeres que son completamente valientes y admirables, a las tres (Norma Andrade, Marisela Ortiz, María Luisa García Andrade) les llegaron amenazas de muerte. Tuvieron atentados en Ciudad Juárez, las tres, hasta que ya, pues hartas y temerosas por sus vidas fueron exiliándose poco

En opinión de Marisela Ortiz, cofundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, existe mucha voluntad de que las cosas cambien. No obstante, lo que no existe es la política dispuesta a abordar de manera arraigada este tipo de problemas.

“(En Fiscalía) Sí han mejorado, sobre todo, en el trato. Sin embargo, no hay suficiente personal. Yo recuerdo que haya por el año 2001 cuando empezamos la situación era terrible, era como entrar a la boca del lobo. Nosotros salíamos de ahí, como dicen vulgarmente, con cola. A nosotros nos seguían, nos amenazaban, nos bajaban de nuestros vehículos, nos impedían la entrada a la Fiscalía. Estuvimos en situaciones verdaderamente riesgosas”, dice Ortiz.

La activista comenta que fueron de las primeras organizaciones que se atrevieron a hablar del tema del feminicidio tanto localmente como internacionalmente. A su decir, desconocían que este problema también estaba aconteciendo en otras partes de la república mexicana.

“Nosotras estábamos solas -dice Ortíz-. Había mucho miedo, pero la necesidad de justicia, la indignación que traíamos encima, el dolor de la pérdida nos hacía ser lo suficientemente valientes para insistir. Pero, sí fuimos víctimas de distintas situaciones que nos hicieron pensar que era la última vez que veríamos la luz del día”.

Cifras elaboradas con datos del INEGI compartidas en el sitio de Facebook de la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que se encarga de buscar justicia jurídica y social para víctimas de feminicidio, revelan que en Chihuahua, de 1996 al año 2016, fueron asesinadas 3 mil 92 mujeres; durante 2017 -revelan cifras de la Fiscalía Especializada de la Mujer- se atendieron 41 feminicidios, de los cuales 39 fueron comprobados por razones de género, mientras que los otros dos resultaron ser suicidios.

Profundizando en los escenarios sexualmente transgresivos

En su definición del feminicidio sexual sistémico, la investigadora Monárrez Fragoso, refiriere que los escenarios sexualmente transgresivos —espacios geográficos de la ciudad en donde se arrojan los cuerpos sin vida de las mujeres asesinadas— fungen como mensajes de advertencia para todas las féminas y a la vez, como “museos” para sus asesinos.

“(Estos escenarios) Tienen que ver con los lotes baldíos, tienen que ver con las alcantarillas y las zonas desérticas que circundan la ciudad. Cuando un cuerpo es abandonado en esos lugares, además de esta serie de atentados contra la integridad de la vida de las mujeres, el escenario sexualmente trasgresor es "miren si ustedes están fuera de su casa, esto les puede suceder" ”, refiere Monárrez.  

La investigadora adhiere que este es un fenómeno que tiene que ver con la clase social. Según comenta, las víctimas tienen códigos: “que son muy jóvenes, que son menores de edad, y que son económicamente marginales”.

“Esta forma de asesinar mujeres en desigualdad económica —señala Monárrez— no es privativo de Ciudad Juárez, sucede en otras partes del mundo. (Con la globalización de México, supeditada a los ciclos internacionales) Se ha creado una clase social desprotegida, completamente desprotegida, a la que no se le da un valor humano o un valor político”.

No obstante, la investigadora se mira esperanzada, pues refiere que hay un movimiento de nuevas generaciones interesadas en cambiar el rumbo en el asunto de la seguridad. Refiere que a pesar de que se piense que en Juárez hay una sociedad pasiva, también “somos una sociedad que no pierde su anhelo de justicia”. 

Un contexto vulnerador repetitivo  

Para el investigador Santiago Gallur Santorum, quien ha publicado gran cantidad de artículos referentes al narcotráfico y el feminicidio de manera local e internacional, hay un patrón común que vulnera a las mujeres debido a toda la dinámica fronteriza histórica, que desde los años 90 ha demarcado asentamientos irregulares de personas provenientes de distintas áreas de México, entre ellas mujeres de 17, 18, 20, 25 años sin apoyos parentales en la desértica entidad.

“La ciudad -menciona el académico- no tiene un desarrollo de infraestructuras igual al desarrollo económico. Piensa en una mujer, de 18 años, que trabaje 12 horas en la maquila y que el lugar donde tiene que agarrar el camión queda a tres kilómetros de su casa, y esa persona se tiene que desplazar sola. Si le pasa algo nadie se va a dar cuenta porque no tiene redes familiares aquí”.

Según refiere Gallur Santorum, la ineficiencia política en el control de la urbanización fue disfrazada culpabilizando a las víctimas de sus trágicos destinos.

“Cuando empiezan los primeros crímenes que llaman la atención a nivel internacional. Todos los gobernadores culpabilizaron a las mujeres de sus propias muertes. "Si llueve y sales a la calle, te vas a mojar", ese era el discurso o "si andas con malas compañías, decían es tú responsabilidad, no la mía" ”, refiere el académico.

Feminicidio sexual sistémico pudo tener sus inicios en la Guerra Sucia de México 

Según un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por parte de la comisión de presuntos desaparecidos, en el que se compilan 532 denuncias por desapariciones forzadas entre los años 70 y 80 -interpuestas en la CNDH por familiares de los ausentes y ONG´S-, en dicho lapso de tiempo, integrantes de fuerzas de seguridad gubernamentales realizaron una serie de excesos bélicos en contra de los miembros de movimientos revolucionarios comunistas que surgieron en el país.

Si bien, las acciones de los insurrectos iban desde asaltos a bancos, emboscadas al ejército y hasta secuestros a gobernadores en el sur de la nación, las respuestas de las fuerzas armadas no fueron dentro del estado de derecho.

Para contrarrestar a los grupos de insurrección, el gobierno mexicano conformó la llamada “Brigada Blanca”, integrada por miembros de la Dirección Federal de Seguridad, de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la Procuraduría General de Justicia del estado de México y del Ejército Mexicano.

Al anteriormente expuesto grupo de defensa gubernamental, según indica el documento, se le adjudican acciones que “apartaban del marco jurídico y propiciaban un estado de anulación de la personalidad de las personas a su disposición”. Fueron señalados por allanamientos de morada, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y privaciones ilegales de la libertad.

“Las prácticas que se llevaron a cabo en contra de las personas detenidas fueron del ejercicio de violencia extrema -adhiere Gallur Santorum-. Curiosamente es un documento que poca gente conoce y que casi cae en saco roto. Es un documento muy interesante que nos explica muchas cosas de la situación reciente en el estado de Chihuahua”.

Según el artículo Mujeres, guerrilla y terror de Estado en la época de la revoltura en México, de la historiadora Adela Cedillo, en esa época las mujeres fueron víctimas aún más directas de la intención gubernamental de sofocar a los comunistas revolucionarios. Una vez que las fuerzas armadas mexicanas se dieron cuenta de que las torturas a las féminas eran eficaces para desmantelar la moral de los rebeldes, éstas fueron asesinadas, encarceladas, secuestradas, desaparecidas a pesar de estar embarazadas, torturadas y violadas frente a sus familiares.

El texto de Cedillo menciona además que “los ataques contra la anatomía femenina y la maternidad tuvieron la peculiaridad de ser sistemáticos”. Adquirieron esta dimensión, según la historiadora, porque “los agentes del orden no toleraban pelear contra mujeres y, menos aún, sufrir una derrota ante ellas (…) Sentían que debían castigarlas con más saña, por su doble condición de subversivas y mujeres”.

“Cuando termina ese proceso (la aniquilación de los rebeldes), hubo un momento en el que el desarrollo del narcotráfico provoca que se den anuncios curiosos en los que se requerían los servicios de soldados. Hay un proceso de vinculación de ciertos grupos del ejército que acaban trabajando para el narcotráfico. ¿Cuál es el problema? En el estado de Chihuahua, personas que en los años 60, 70, 80 fueron encargados de tortura, legal además porque era fomentada por el propio gobierno, ejercen ciertas prácticas que acaban dándose igual, pero en esta ocasión, sobre la población civil (…) Hay prácticas del pasado que todavía perviven”, culmina Santorum.

http://www.laopciondejuarez.com.mx/noticia/434/lagrimas-saladas-un-grito-de-la-continuidad-del-feminicidio-sexual-sistemico-en-