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Impiden detención de madre de ex gobernador de Q. Roo

Ciudad de México.- Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex Gobernador de Quintana Roo Roberto Borge, obtuvo una suspensión provisional en contra de la ejecución de alguna orden de aprehensión tras...
  • Por editor TV
Impiden detención de madre de ex gobernador de Q. Roo

Ciudad de México.- Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex Gobernador de Quintana Roo Roberto Borge, obtuvo una suspensión provisional en contra de la ejecución de alguna orden de aprehensión tras depositar una garantía de 5 mil pesos en el juzgado.

El recurso fue interpuesto el 3 de abril ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y admitido el día 11, de acuerdo a las listas judiciales.

Apenas ayer, Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo, también presentó, ante el mismo juzgado un amparo contra las órdenes de aprehensión giradas en su contra.

El juez Julio Veredín Sena Velázquez concedió a la ex colaboradora de Borge la suspensión provisional contra los mandatos de captura, dentro de la demanda de garantías 302/2018.

El 30 de mayo de 2017, un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, Estado de México, ordenó la aprehensión contra Romanillos por lavado de dinero, en el mismo asunto por el que ahora Borge está sujeto a juicio.

En este caso se le imputa haber vendido 22 terrenos de las reservas del estado a familiares y amigos del ex Mandatario, a un precio ínfimo que causó un daño al patrimonio de la entidad por 900 millones de pesos.

En el caso también figura Angulo Castilla, a quien le fueron incautados los 22 inmuebles que se encontraban a su nombre.

La Fiscalía de Quintana Roo expuso que estos bienes se remataron en actos irregulares y a un 20.9 por ciento de su valor original.

Según la acusación, fueron adquiridos por 238 millones 790 mil 121 pesos, aunque el precio real era de mil 138 millones 889 mil 540 pesos.

La diferencia es de 900 millones 109 mil 418 pesos, lo que fue señalado como quebranto al patrimonio de la entidad.

Los predios pertenecían a áreas protegidas y ubicadas en zonas consideradas "paraíso".

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