Acusan a militares ante la Corte Penal Internacional por crímenes en Chihuahua

Organizaciones sociales nacionales e internacionales denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) crímenes de lesa humanidad cometidos presuntamente por militares y autoridades civiles contra más de un centenar de víctimas durante el Operativo Conjunto Chihuahua (OCCh).

De acuerdo con la investigación presentada a la CPI, “integrantes de las fuerzas armadas que participaron en el marco de la política de seguridad para combatir a las organizaciones criminales (guerra contra las drogas), con el conocimiento de los más altos mandos civiles y militares, cometieron crímenes de lesa humanidad”.

En un documento dirigido a la Fiscalía de la CPI, con sede en La Haya, Países Bajos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Red “Todos los derechos para todas y todos” (Red TDT), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Renacer Lagunero, así como I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, sumaron una solicitud más de intervención del organismo internacional en México, luego de que en años anteriores se han presentado diversas comunicaciones, entre ellas otras dos relacionadas con violaciones graves cometidas en Baja California y Coahuila, durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Entre los crímenes atroces identificados en el periodo de 2008 a 2010 en Chihuahua, las organizaciones señalaron asesinatos, torturas, privaciones de la libertad física, violación, tortura sexual y desapariciones forzadas.

“Los casos documentados demuestran la existencia de una política clara de actuación de las autoridades contra la población civil”, señalaron las organizaciones.

También señalaron que pudieron confirmar el uso de recursos públicos “para cometer crímenes”, como lo es la disposición de “vehículos militares para detener arbitrariamente a ciudadanos, el empleo de instalaciones castrenses como recinto para tortura a la población civil, así como la participación de personal médico militar en dichas prácticas de tortura”.

Luego explicaron que, para presentar la comunicación a la Fiscalía de la CPI, analizaron 35 casos que representan 121 víctimas directas, quienes sufrieron abusos durante la primera fase del OCCh por elementos militares, sin que hasta ahora los responsables de los hechos hayan sido procesados.

Para las organizaciones que participaron en la elaboración del informe entregado a la CPI, los hechos registrados en Chihuahua, así como la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior (LSI), demuestran que “en México no hay ni voluntad ni capacidad para llevar a juicio a los responsables” del crecimiento exponencial de violaciones a derechos humanos que se cometen como resultado de “la política de militarización de la seguridad pública y de la estrategia para hacer frente a las organizaciones criminales”.

Las organizaciones que firmaron la comunicación destacaron que recurrieron a la CPI “con la finalidad de poner fin a la impunidad en la que estos graves crímenes continúan ante la falta de independencia e imparcialidad de la Procuraduría General de la República (PGR), así como por la inexistencia de procedimientos nacionales auténticos”.

El documento presentado ante la CPI “brinda elementos claros sobre los patrones de actuación de las autoridades militares en el marco de una política que permitió, toleró y en cierta forma propició la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad en el marco del OCCh”, abusos que se derivaron de la intención de mostrar “resultados de efectividad”.

Según las organizaciones, el cumplir la meta institucional de mostrar al OCCh como de gran efectividad “llevó a las instituciones militares a permitir y practicar abusos haciendo uso de recursos del Estado, como personal, bienes e instalaciones militares; todo ello bajo el conocimiento de los más altos militares, particularmente aquellos involucrados en la implementación y supervisión del Operativo Conjunto Chihuahua”.

Por la documentación recabada sobre los abusos fue posible confirmar que “el parte militar aportó información falsa, por ejemplo, sobre la hora, el día y/o el lugar de la detención, señalando generalmente que éstas se habrían producido en vía pública, durante un patrullaje o puesto de control, o que fueron producto de la flagrancia delictiva en la cual fueron sorprendidos los civiles, o a una hora distinta cuando se informó verazmente el lugar de detención”.

Las organizaciones describen en el documento que, para casos como privación grave de la libertad, tortura, violación y violencia sexual, se utilizaron instalaciones militares con el conocimiento de autoridades federales, estatales y locales, “aun sin existir fundamento legal alguno que lo permitiera” y sin que ello haya significado el inicio de alguna investigación por esas conductas.

Al señalar que siendo la violencia la justificación para que el gobierno de Felipe Calderón implementara el OCCh, lo cierto es que, durante los dos años en que los militares estuvieron a cargo de la seguridad pública del Estado, “la violencia incrementó de forma drástica en zonas donde se llevó a cabo el operativo”.

Las estadísticas oficiales del número de ejecuciones en Chihuahua pasaron de 517 en 2005 a 2 mil 600 en 2008, año de inicio del OCCh, llegando a 6 mil 407 en 2010, destacando que, “posterior a la participación de los militares, la violencia letal no disminuyó a los niveles previos al operativo”, puntualizaron las organizaciones con una gráfica en la que se observa que, en 2017, Chihuahua cerró con mil 578 muertes violentas.

Las organizaciones resaltaron que, en la primera mitad de 2008, la CNDH registró 199 quejas de abusos cometidos por militares en Chihuahua, en tanto que, en 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos reportó mil 450 quejas en las que identificó como autoridades responsables a las fuerzas de seguridad desplegadas en el marco del OCCh.

Tras señalar que, ante el nivel de violencia generada durante el despliegue militar, en 2010 el control institucional del territorio le fue trasladado a la Policía Federal, sin que se disminuyera el nivel de violencia, las organizaciones solicitaron a la CPI “iniciar una investigación sobre la comisión en México de crímenes de lesa humanidad”, así como visitar el país y solicitar al Estado mexicano información adicional, sobre todo en cuanto a “la investigación, procesamiento y sanción por el sistema penal mexicano al personal militar y máximos responsables involucrados en los crímenes perpetrados durante el OCCh”.