Denuncia irregularidades y abusos en proceso Jesús Esparza

Chihuahua.- En diciembre de 2011, con 30 votos de los 31 diputados presentes en la sesión de ese día, fui electo por el Honorable Congreso del Estado como Auditor Superior del Estado de Chihuahua por el periodo constitucional diciembre 2011- diciembre 2018. En diciembre de 2016, dos meses después de que Javier Corral Jurado tomara protesta como Gobernador de Chihuahua, el diputado del Partido Acción Nacional, Jorge Carlos Soto Prieto, anunció ante medios de comunicación que presentaría varias denuncias penales y administrativas en mi contra. Tras sufrir una agresiva campaña mediática y política en contra mía y de mi familia, me vi obligado a presentar mi renuncia como Auditor Superior el 13 de febrero de 2017.

Dado que a través de diferentes medios de comunicación me enteré sobre las denuncias que el Diputado Jorge Carlos Soto Prieto presentó en mi contra, a partir de febrero de 2017 contraté un equipo legal para presentar diversos escritos ante la Fiscalía General de Chihuahua, con la intención de que se me diera a conocer si existía alguna carpeta de investigación en mi contra y ponerme a disposición de las autoridades para cualquier investigación. Ante la falta de respuesta de la Fiscalía estatal, promoví un amparo que me fue concedido a principios de junio de 2017.

En mayo de ese mismo año, viajé junto a mi esposa a la Ciudad de México para practicarme exámenes médicos ya que requería una intervención quirúrgica esofágica la cual me realizaría el Dr. César Decanini Terán en el mes de junio. Previo a mi cirugía viajé de fin de semana con mi esposa a Palenque, Chiapas, llegando el día 8 de junio al medio día, y contando con regreso a la Ciudad de México para el día 11 de junio. 12 horas después de haber llegado a Palenque, me fue girada orden de aprehensión, la cual fue ejecutada el 10 de junio. Dicha orden de aprehensión evidencia dos graves irregularidades por parte del Gobierno de Chihuahua: primera, el uso de geolocalización sin orden judicial para ubicarme – uno de los agentes que me detuvo me hizo saber que me ubicaron por mi teléfono- y segunda, el argumento de que me encontraba prófugo de la acción justicia, ya que además de haberme puesto a disposición de las autoridades con frecuencia, tanto en la línea aérea en la que viajamos como en el hotel, mi esposa y yo nos identificamos y utilicé mis tarjetas de crédito para el pago.

En la audiencia inicial, el juez de control hizo válido el informe policial homologado presentado por el Ministerio Público con información falsa, argumentando falta de arraigo para dictarme prisión preventiva por un año. Tengo residencia en la ciudad de Chihuahua, en el mismo domicilio desde hace más de nueve años y, sin embargo, sospechosamente el Ministerio Público “no logró localizarme” en la ciudad de Chihuahua durante varios días, pero si logró emitir y ejecutar con rapidez una orden de aprehensión en 12 horas, a pesar de encontrarme en ese momento de vacaciones en otro estado.

A partir de mi detención, cada seis meses me han notificado una nueva carpeta de investigación con el objetivo de mantenerme en prisión preventiva. Hasta el momento se me ha vinculado a proceso por 5 causas penales, cuatro por el delito de peculado y una por ejercicio ilegal del servicio público. De acuerdo con la legislación vigente, como Auditor Superior no tenía dentro de mis atribuciones recibir ni ejercer el presupuesto de egresos, por lo que no deberían acusarme del delito de peculado. El delito de ejercicio ilegal del servicio público corresponde a una denuncia presentada por el diputado del PAN Jorge Carlos Soto Prieto, quien en diciembre de 2016 aprobó dictámenes de cuentas públicas con irregularidades por más de 2,400 millones de pesos y, al ser exhibido mediáticamente por mi por no sancionar dichos desvíos, contrató a un grupo de ex auditores despedidos por actos de corrupción para integrar las denuncias en mi contra. A pesar de que el peculado y el ejercicio ilegal del servicio público no son delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, en todas las causas penales de las que se me acusa, el Ministerio Público ha solicitado prolongar un año más la prisión preventiva, por lo que, en mi situación actual, la prisión preventiva terminará hasta mediados del 2020.

En febrero de 2018 presenté una denuncia por la tortura y el trato cruel e inhumano del que he sido víctima dentro del Centro de Reinserción Social número uno de Chihuahua, sin que en estos 10 meses la Fiscalía del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni ninguna otra autoridad hayan dado seguimiento.

La Fiscalía General de Chihuahua ha violado mi derecho a la presunción de inocencia al difundir boletines de prensa reproducidos por medios de comunicación locales y nacionales con mi fotografía sin censura, mi nombre completo, así como fotografías, nombres, direcciones y hasta datos bancarios de mi esposa e hijas, con la finalidad de anidar anticipadamente la idea de culpabilidad ante la sociedad.

A la fecha he presentado denuncias penales y administrativas ante la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y el H. Congreso del Estado contra dos jueces de control del estado por las irregularidades cometidas. La primera de ellas se presentó contra la juez de control Guadalupe Hernández por contubernio con el Ministerio Público, ya que, a través de los videos de la audiencia, mi defensa pudo corroborar que previo a resolver mi situación jurídica la juez contaba con las constancias que integran las carpetas de investigación de las que derivaron las causas penales, violentando el principio del debido proceso y mi derecho a la seguridad jurídica en los juicios penales. Esta conducta conlleva a la nulidad de todas y cada una de las actuaciones realizadas por esta juez de control.

La segunda denuncia fue presentada ante el juez Alexis Ornelas por denegación o retardo de la justicia, ya que omitió tramitar un recurso de apelación interpuesto por mi defensa. Este juez ha causado gran indignación social en Chihuahua al no vincular a proceso a un sujeto que golpeó y violó a su pareja, argumentando que no había delito que perseguir por tratarse de “sexo de reconciliación”.

El 3 de diciembre del presente año mi defensa solicitó la acumulación de mis causas penales por conexidad, lo cual fue desechado por el juez Alexis Ornelas, contraviniendo lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indica que negar la acumulación contraviene los principios del debido proceso y de prontitud en la impartición de justicia, ya que deja abierta la posibilidad de que los Derechos Humanos de un indiciado se sometan al mero arbitrio de la autoridad, lo que hace indebido el ejercicio de la acción penal y vulnera el principio de oportunidad.

Los días 7 y 10 de diciembre del presente año mi defensa solicitó en audiencia cambio de medidas cautelares, las cuales me fueron negadas. La negación de conceder la acumulación fue la causa por la cual no se otorgó el cambio de medida cautelar, a pesar de haber presentado ante el juez el dictamen favorable sobre la evaluación de riesgos elaborado por el Instituto de Servicios Previos a Juicio, el cual acredita mi arraigo y nulo peligro de sustracción ni obstaculización de la justicia o riesgo para la víctima, testigos o la comunidad.

Además de haber acreditado arraigo, mi defensa indicó al juez que la reparación del posible daño se encuentra garantizada con diversos bienes inmuebles que la fiscalía mantiene en aseguramiento desde noviembre de 2017 y cuyo valor incluso supera el monto total del daño de las causas penales que se me imputan.

Ante la negativa de concederme el cambio de medida cautelar por una menos lesiva, como lo sería el uso de brazalete electrónico, y ante las constantes amenazas de la Fiscalía de Chihuahua de abrir causas penales contra mi esposa e hijas utilizando de manera ilegal como única prueba los dichos de un testigo protegido, además de la desatención médica por las autoridades de Chihuahua, el lunes 10 de diciembre a las 8:00 horas inicié huelga de hambre por periodo indefinido.

Las amenazas de las autoridades de proceder penalmente contra mi familia nos han obligado a tramitar 4 amparos con la finalidad de que la justicia federal las proteja de los abusos y excesos cometidos por el Gobierno de Chihuahua.

A pesar de que desde la audiencia inicial del 10 de junio de 2017 mi defensa hizo saber al juez de control y al Ministerio Público de mi condición de salud que requería intervención quirúrgica, y de que médicos del CERESO han certificado la existencia de mi padecimiento, hasta el momento no he recibido la atención médica que requiero.

El jueves 12 de diciembre la ONU se pronunció para que México elimine la prisión preventiva automática y así evitar detenciones arbitrarias.

La persecución política, el hostigamiento mediático y las irregularidades jurídicas de las que mi familia y yo hemos sido víctimas constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos y al debido proceso, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación mexicana y en la normativa internacional y los Pactos de los que México forma parte.

Con la intención de evidenciar estas irregularidades y dar a conocer la versión de los hechos que el Gobierno de Chihuahua busca ocultar, recurro ante ustedes para solicitar esta información sea difundida y, de ser necesario, ampliada a través de mi defensa.

Agradezco de antemano sus atenciones y el apoyo para difundir esta información 

Atentamente Jesús Manuel Esparza Flores, ex Auditor Superior de Chihuahua

Abogados defensores: Octavio Martínez Camacho e Irving Anchondo Valdez