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Critican ley que daría cárcel por reparar celulares

México.- Organizaciones en defensa de los derechos digitales como R3D, Derechos Digitales, Artículo 19 y Wikimedia México criticaron las recién aprobadas ley de Protección a la Propiedad Intelectual,...
  • Por editora 03
Critican ley que daría cárcel por reparar celulares

México.- Organizaciones en defensa de los derechos digitales como R3D, Derechos Digitales, Artículo 19 y Wikimedia México criticaron las recién aprobadas ley de Protección a la Propiedad Intelectual, y reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor y al Código Penal Federal, las cuales, afirman, permiten la censura y podrían sancionar a quienes reparen aparatos tecnológicos en lugares no autorizados y hacen memes.

A través de la etiqueta #NiCandadoNiCensura, denunciaron violaciones a derechos como la libertad de expresión, la seguridad y la privacidad al navegar por internet y criminaliza la reparación de dispositivos electrónicos. "Los afectados y afectadas somos todas las personas que usamos tecnología, que usamos internet, porque veremos limitada nuestra capacidad de usar (la tecnología) y de expresarnos de la manera en que nosotros queremos", advirtió el director ejecutivo de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García, en entrevista para MILENIO.

Criticó que el paquete legislativo, aprobado el martes por la Cámara de Diputados, fue expedido sin una interlocución con asociaciones civiles, horas antes de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a pesar de que el mismo acuerdo otorgaba a la legislación mexicana hasta tres años a partir del 1 de julio para implementar las medidas de protección legal específicas en materia de las obligaciones de los proveedores de servicios de internet.

Las organizaciones denuncian que las reformas no contemplan excepciones para la elusión de medidas tecnológicas de protección, que la ley estadunidense sí prevé. "El propio T-MEC establecía la posibilidad de que México adoptara esas excepciones adicionales y México se negó a hacerlo. Se negó a hacerlo muy probablemente también -o tendría que explicarlo en su caso ellos, pero no se explica de otra manera- para favorecer los intereses de ciertas industrias tecnológicas que usaron millones de dólares de cabildeos para asegurarse que la Secretaría de Economía y el Congreso defendieran sus intereses, en lugar de los intereses de los y las mexicanas", sostuvo el abogado.

"Notificación y retirada" es un mecanismo de censura, acusa El director de R3D explicó que el artículo 114 octies de la Ley Federal de Derechos de Autor permite que los proveedores de servicios de internet eliminen información bajo el argumento de derecho de autor sin necesidad de una prueba que lo confirme. Por lo contrario, para reincorporar el contenido, el usuario deberá mostrar la titularidad o autorización para el uso del mismo.

Este mecanismo, conocido como "notificación y retirada", es  un sistema de censura "que viola el derecho de la libertad de expresión, ya que permite que se puedan bajar contenidos de internet sin que antes haya sido probado, y decidido por un juez, que ese contenido efectivamente viola derechos de autor", detalló García. Las organizaciones defensoras de derechos digitales señalaron que las reformas legalizan un mecanismo de censura.

Por este motivo, las organizaciones señalan que los memes podrían ser retirados de plataformas digitales y sancionados bajo argumento de derechos de autor. En un comunicado, la organización Artículo 19 se sumó a la denuncia al indicar que "la legalización de la censura se materializa en un momento en el cual la libertad de expresión, y en particular la labor periodística, se encuentra bajo asedio. En efecto, hemos documentado cómo en México se han bajado páginas enteras con información periodística de interés público bajo una supuesta vulneración a los derechos de autor, y ha sido abusado por parte de diversos actores políticos y económicos para censurar" y advirtió que este mecanismo "pone en mayor riesgo el ejercicio periodístico en México".

Reparar dispositivos podría ser penado con hasta 10 años de cárcel

Bajo las reformas realizadas a la Ley Federal de Derecho de Autor y el Código Penal Federal, quienes reparen equipos tecnológicos eludiendo un candado digital podrían ser sancionados con multas que van de los 500 y a mil días, e incluso encarcelados por hasta 10 años, advirtió el directivo de R3D. Las medidas tecnológicas de protección, conocidas como "candados digitales" son toda medida que impida la alteración de obras protegidas por el Derecho de Autor sin la autorización del titular del derecho de las obras.

El director especificó que las sanciones aplicarían cuando existieran fines de lucro, como en el caso de los negocios no autorizados por el fabricante para la reparación de aparatos electrónicos. Las condiciones de aprobación del T-MEC obligaban a México a adoptar en su marco jurídico la protección de estas medidas con la entrada en vigor del acuerdo.

"En el caso de las reparaciones, esos candados digitales están siendo impuestos -y han sido impuestos por muchos años- ya en muchos de los objetos tecnológicos que adquirimos: computadoras, teléfonos, automóviles, tractores, impresoras, y tratan de limitar lo que puedes hacer en esos dispositivos", dijo. Esto, notó, orilla al usuario a reparar dispositivos electrónicos con el fabricante, o en lugares autorizados por el mismo.

“De esta manera el fabricante gana más dinero, porque te puede cobrar más porque hay menos competencia, y puede usar estas leyes que criminalizan la evasión de candados digitales para penalizar, perseguir a la competencia, que pueden ser, sobre todo, micro y pequeña empresa que se dedica a la reparación de dispositivos".

Afirmó que además del impacto económico para Pymes de reparación, y los y las usuarias, existe un impacto ambiental, puesto que la obstaculización de arreglar los dispositivos "genera una mayor cantidad de basura electrónica que es altamente tóxica".

Tras la publicación de las leyes en el Diario Oficial de la Federación este miércoles 1 de julio, se otorgan 30 días para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) u otros legisladores puedan presentar una demanda de controversia constitucional por las leyes. “Esta reforma nos está quitando ese derecho (a romper candados digitales para reparar objetos tecnológicos) y por eso queremos levantar esta alerta, y que combatiremos judicialmente hasta las últimas consecuencias la inconstitucionalidad y las violaciones a derechos humanos que estas reformas representan", sentenció García.

 

tomado de milenio

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