Cadena perpetua a autor intelectual por homicidio de empleada del Consulado

Arturo Gallegos Castrellón, también conocido como “Benny”, “Farmero”, “51”, “Güero”, “Pecas”, “Tury”, y “85”, de 35 años de edad y originario de Chihuahua, México, el lugarteniente de Barrio Azteca que ordenó en marzo de 2010 los asesinatos de una empleada del Consulado de los Estados Unidos, su esposo y el esposo de otra empleada, recibió la sentencia de cadena perpetua el día de hoy.

El Subprocurador General en funciones David A. O’Neil de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Robert Pitman del Distrito Occidental de Texas, el Agente Especial Douglas E. Lindquist de la División de El Paso del FBI y la Administradora de la Agencia Antidrogas DEA Michele M. Leonhart hicieron público el anuncio.  

“Arturo Gallegos Castrellón encabezó a un equipo de asesinos que llevaron a cabo el atentado en marzo de 2010 contra miembros del consulado, y asesinó implacablemente a casi 1,600 personas como parte de la pugna por el control de la ruta de narcotráfico de México a los Estados Unidos” dijo el Subprocurador General en funciones David O’Neil. “Su pandilla de asesinos aterrorizó y victimizó a hombres y mujeres en ambos lados de la frontera, pero gracias al duro trabajo de nuestros socios en procuración de justicia, ahora él pasará el resto de sus días en la cárcel pagando por sus crímenes”.

“No puedo sobreestimar la importancia de esta victoria en nuestros esfuerzos continuos por terminar la depredación de los cárteles que operan a lo largo de la frontera sur” dijo el fiscal Pitman. “Este proceso ha llevado ante la justicia a Arturo Gallegos Castrellón por los asesinatos sinsentido orquestados en Ciudad Juárez y en otros lugares y demuestra nuestro compromiso de terminar con los homicidios y el caos que él y los cárteles han fomentado”.

“La DEA está comprometida a asegurar que criminales de sangre fría como Arturo Gallegos Castrellón que asesinan a víctimas inocentes, trafican grandes cantidades de drogas alrededor del mundo e incitan a la violencia sean retirados de las calles y permanezcan tras las rejas”,  dijo la Administradora de la DEA Michele M. Leonhart. “La sentencia de cadena perpetua es una clara señal de que la DEA, y nuestros socios en procuración de justicia, no toleraremos a los que ataquen a ciudadanos estadounidenses en el extranjero, y estamos comprometidos a sostener el imperio de la ley, proteger a nuestros ciudadanos y llevar ante la justicia a los peores criminales”.

La sentencia de hoy fue dictada por la juez de distrito Kathleen Cardone en el Distrito Occidental de Texas. Además, la Juez Cardone ordenó a Gallegos Castrellón el pago de 998 mil 840 dólares en restitución y el decomiso de 785 mil 500 dólares.

Tras su extradición de México el 28 de junio de 2012, un jurado federal determinó la culpabilidad de Gallegos Castrellón por seis cargos de asesinato y conspiración para asociación delictuosa, narcotráfico, importación de narcóticos, asesinato en un país extranjero y lavado de dinero.

La evidencia entregada en el juicio probó que Gallegos Castrellón fue líder del Barrio Azteca, una violenta pandilla callejera que comenzó a operar a final de los ochenta, y se convirtió en una organización criminal transnacional. Barrio Azteca formó alianza con La Línea, parte del cártel de Juárez, también conocido como el cártel de Vicente Carrillo Fuentes. El propósito de la alianza era luchar contra el cártel de Sinaloa y sus aliados por control de la ruta de narcotráfico a través de Ciudad Juárez. La ruta, conocida como la “plaza de Juárez” es importante para las organizaciones del narcotráfico porque es una ruta principal de entrada a los Estados Unidos. 

La evidencia en el juicio también probó que Gallegos Castrellón estaba a cargo de los equipos de sicarios de Barrio Azteca, que él ayudó a crear y supervisó de 2008 a 2010. Su equipo asesinó hasta 800 personas entre enero y agosto de 2010, para un total de 1,600 víctimas ultimadas a lo largo de varios años.

La evidencia también probó que Gallegos Castrellón ordenó el homicidio triple en Ciudad Juárez el 13 de marzo de 2013 de la empleada del Consulado de Estados Unidos Leslie Enríquez, su esposo Arthur Redelfs, y Jorge Salcido Ceniceros, el esposo de otra empleada del consulado.

Un total de 35 acusados enfrentan cargos en la tercera acusación y se presume que cometieron varios actos criminales, incluyendo los asesinatos en 2010 en Ciudad Juárez así como asociación delictuosa, distribución e importación de narcóticos,  represalias contra personas que ofrecieron información a la procuración de justicia estadounidense, extorsión, lavado de dinero, homicidio y obstrucción de justicia. De los 35 acusados, 26 han sido sentenciados, uno se suicidó antes de concluir su juicio, y dos están fugitivos, entre ellos Eduardo Ravelo, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

El caso fue investigado por la Oficina de Campo del FBI en El Paso, la Oficina de Campo de Albuquerque (Agencia de Las Cruces), la agregaduría de la DEA en Ciudad Juárez, y la oficina de la DEA en El Paso.  Se obtuvo asistencia especial del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; de la Agencia de Inmigración y Aduanas; de los Alguaciles Federales; de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza; del Buró Federal de Prisiones; del Servicio de Seguridad Diplomática; del Departamento de Seguridad Pública de Texas; el Departamento de Justicia Criminal de Texas; el Departamento de Policía de El Paso; de la Oficina del Alguacil de El Paso; del Departamento de Policía del Distrito Escolar Independiente de El Paso; de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas; de la Policía Estatal de Nuevo México; de la Oficina del Alguacil del Condado Dona Ana; del Departamento de Policía de Las Cruces, Nuevo México; de la Institución Correccional del Sur de Nuevo México; y de la Prisión del Condado Otero en Nuevo México.

Este caso lo lleva el fiscal Joseph A. Cooley de la Sección de Crimen Organizado y Pandillas de la División Criminal, el fiscal Brian Skaret de la Sección de Derechos Humanos y Casos Especiales de la División Criminal, y el Subprocurador John Gibson de la Oficina del Departamento de Justicia para el Distrito Occidental de Texas, División de El Paso. Asistencia valiosa fue ofrecida por las Oficinas de Asuntos Internacionales y Operaciones de Aplicación de la Ley de la División Criminal.