Las bondades de la reforma energética

Por Carlos Jaramillo Vela

Antes de abordar mi colaboración solicito permiso al lector para mencionar la partida de dos apreciados amigos: el comunicador Miguel Navarro Campos y el ex-servidor público Agustín Andrew Caballero, ambos de cordial talante -oriundos de Delicias y Camargo, respectivamente-, quienes en días recientes dejaron su existencia física para vivir perennemente en los gratos recuerdos de sus familiares y en los nuestros. Que descansen en paz con Dios; siempre los recordaremos en modo afable por sus diversas e innegables virtudes, como la cortesía y la sencillez que a ambos les caracterizaban.

El tema de hoy es, por su toral importancia para el desarrollo de México, el significado que para el futuro del país tiene la Reforma Energética promovida por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Sin duda, tal como ha sido reconocido por propios y extraños, la nación mexicana podrá experimentar durante los próximos años sustanciales progresos en lo concerniente a crecimiento económico y desarrollo social, debido en buena medida a los promisorios horizontes que plantea la modernización integral a la que está llamado a incorporarse el trascendental sector relacionado con la generación, distribución, comercialización y suministro de energía, en todas sus modalidades.

Justo es reconocer la destacada participación que en el proceso legislativo inherente a la reforma energética tuvieron la senadora priísta por Chihuahua y Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República,  licenciada Graciela Ortiz González, y sus colegas coterráneos Patricio Martínez García y Lilia Merodio Reza, quienes no solo intervinieron en la tribuna, sino –más importante aún- también en las maratónicas jornadas técnico-políticas de estudio, redacción, deliberación y concertación que durante largos días y parte de sus noches sostuvieron con sus homólogos de los demás partidos políticos, para alcanzar los acuerdos necesarios.

La referida reforma energética recientemente aprobada por el Senado de la República y turnada a la Cámara de Diputados para su ratificación o modificación, implicó la realización de un vasto trabajo legislativo consistente en la elaboración, análisis, debate, revisión y adecuación de 15 ordenamientos jurídicos secundarios, de los cuales 7 son leyes de nueva expedición, mientras que los restantes 8 corresponden a cuerpos normativos preexistentes algunas de cuyas disposiciones fueron reformadas, adicionadas o derogadas.

Así, fueron expedidas la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; la Ley de Petróleos Mexicanos; la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; la Ley de Hidrocarburos; la Ley de la Industria Eléctrica; la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; y la Ley de Energía Geotérmica. Por lo que respecta al andamiaje legal que ya se encontraba vigente, fueron objeto de modificaciones algunas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera; la Ley Minera; la Ley de Asociaciones Público Privadas; la Ley de Aguas Nacionales; la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Es sin duda trascendental el avance que la nación habrá de registrar con este histórico cambio jurídico, pues incidirá en un nuevo orden institucional caracterizado por un conjunto de modernas reglas orientadas a promover la libre competencia económica y la producción, cuyos promisorios beneficios en los rubros económico, tecnológico y social son indudables. El nuevo esquema derivado de la reforma energética es evidentemente una auténtica política pública de estado, que en el mediano y el largo plazo mejorará sustancialmente la condición financiera del país y el nivel de vida de los mexicanos. A pesar de ello, la izquierda, y en particular el PRD, se ha opuesto a la innovadora reforma, pues hay grupos políticos obstinados en hacer prevalecer un falso nacionalismo, derivado de la errónea idea de que la única manera de conservar la rectoría y propiedad sobre los hidrocarburos es reservar de modo absoluto su exploración, explotación, refinación, distribución y comercialización al capital proveniente de las empresas mexicanas o el gobierno.

Resultan falaces las ligeras y aventuradas afirmaciones provenientes de los políticos de la izquierda. La reforma energética acarreará indiscutibles mejorías para la condición del sector energético México, y en general para la economía de la nación, ya que se traducirá en un notable incremento de la competitividad, eficiencia y productividad de la industria de la energía, y en especial en materia de electricidad e hidrocarburos, detonando en forma sensible la captación de inversiones y tecnología en esas materias así como el incremento de la renta petrolera. Tal competitividad y apertura son tan reales como la categoría que el nuevo orden jurídico le confiere a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad al sustraerlas del régimen de Organismos Públicos Descentralizados -al que durante décadas se sujetaron-, para otorgarles el nivel de Empresas Productivas del Estado Mexicano, con lo que en condiciones de libre mercado competirán con sus similares empresas privadas, dejando de ser los eternos e inamovibles monopolios estatales de los hidrocarburos y la electricidad.

La senadora Graciela Ortiz ha declarado que las leyes reglamentarias de la reforma permitirán mantener los subsidios y reducir los costos del servicio eléctrico, manifestando también que la Secretaría de Energía vigilará que las empresas contribuyan al abaratamiento de las tarifas. Además, ha expresado que con las nuevas técnicas para la extracción del gas natural los consumidores verán favorecida su economía, al contar con el suministro a menores costos que los actuales, ya que a mayor inversión en infraestructura se podrá incrementar la producción y, en consecuencia, disminuir los precios.

De igual modo, la legisladora del PRI por Chihuahua ha hecho énfasis en que no habrá expropiaciones contra los dueños de las tierras susceptibles de ser utilizadas para la exploración y extracción de hidrocarburos, pues las empresas que hagan la ocupación temporal –interesante figura jurídica- de los predios estarán obligadas a dar un porcentaje de sus utilidades a los propietarios de los terrenos.

También en lo concerniente al ramo de la energía eléctrica estarán protegidos los propietarios de predios, pues las empresas que participen en el sector eléctrico deberán contar con permisos –entiéndase contratos- para utilizar aquellos predios que sean necesarios para realizar actividades relacionadas a la generación del fluido eléctrico, y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) vigilará que la energía provenga de fuentes más económicas.

Pese a la estridencia que puedan tener las posturas políticas antagónicas a la reforma energética, las irrefutables bondades del impacto socioeconómico de esta hoy revelan que su reciente aprobación constituía una asignatura que desde hace varios años el poder legislativo tenía pendiente de cumplirle al pueblo de México.

[email protected]