El salario, instrumento económico y de justicia social

Por: Carlos Jaramillo Vela

Durante las últimas semanas ha recorrido al país el deseo manifestado por diversos partidos políticos, algunos gobiernos locales y el Gobierno Federal del Presidente Enrique Peña Nieto, que revela la intención de dar a México y a sus trabajadores un nuevo status económico a través del aumento al salario mínimo, así como mediante la eliminación del cúmulo de finalidades extra-laborales que se le atribuyen a dicho indicador. Para nadie es un secreto que el salario mínimo -muy mínimo por cierto- dejó de ser un referente que garantizara la estabilidad económica laboral y la subsistencia del trabajador y sus dependientes familiares, para convertirse en un parámetro indicativo de aspectos econométricos como la inflación, o las sanciones jurídicas o administrativas contempladas en la ley o en los reglamentos administrativos.

Pues bien, siendo hoy tan marcada la pérdida el poder adquisitivo o pauperización en la que se encuentran muchos trabajadores, se hace necesario ajustar el nivel de sus percepciones para darles una real situación de ingreso asociado al bienestar mínimo al que por derecho humano y justicia social universal debe tener acceso todo hombre o mujer y sus familias. Las condiciones económicas actuales en el entorno nacional e internacional no son las mejores, es cierto, y aunque por ello en principio pudiera parecer una utopía cualquier intento de reivindicación proletaria, no menos cierto y necesario es el hecho de que una clase trabajadora con capacidad de compra reditúa en mayor dinamismo y crecimiento de la economía así como en la movilidad social de una nación, ya que contar con ingresos adecuados significa la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las familias mediante la adquisición de un mayor número de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades cotidianas, y a la vez esa dinámica de gasto genera una tendencia positiva para la economía general, ya que detona el consumo, la inversión, el ahorro y el empleo, que constituyen unos de los principales indicadores de macroeconómicos de un país o una región.

Sin duda, más allá de la evidente rentabilidad política que por su naturaleza y sensibilidad lleva implícita el tema de los salarios mínimos, este continuará siendo abordado con detenimiento e interés por las autoridades gubernamentales, pues reivindicar el derecho a una percepción salarial que asegure el bienestar material de las personas no solo es un asunto de carácter político, sino que se funda en sólidas argumentaciones de carácter jurídico, económico y social. Remunerar bien a los empleados de un país es reconocer el universal derecho de toda persona humana a vivir una vida digna en la que las necesidades de alimentación, salud, vivienda, educación y recreación estén garantizadas. Llevar mayor ingreso a los bolsillos familiares es también un factor económico determinante para el incremento de la circulación de capital y el consecuente aumento de la oferta de bienes y servicios, cuya resultante es el crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que en términos llanos es el parámetro para medir el desarrollo y la expansión de la economía. Retribuir a cada persona económicamente activa con el debido estipendio que debe corresponderle como contraprestación por su trabajo, es además de lo anteriormente expresado, un imperativo para hacer realidad la suprema aspiración de justicia social que por antonomasia debe procurar todo gobierno.

También es cierto, sí, que una elevación del salario mínimo requiere la existencia de condiciones económicas propicias para ello, que se reflejen en las variables de rentabilidad económica, productividad, la competitividad y la demanda de empleo. Sin embargo ante el umbral de los promisorios horizontes económicos y políticos en los que ha colocado a México el buen desempeño del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el salario mínimo nacional habrá de experimentar, más temprano que tarde, útiles incrementos. Los sectores productivos y las autoridades gubernamentales no deben desaprovechar la oportunidad que hoy tienen para crear una sinergia virtuosa, cuya acción se  oriente a crear una etapa de la vida del país en la que los empleos sean mejor pagados, la población registre mayor prosperidad social y la macroeconomía nacional alcance un crecimiento sostenido.

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