La denuncia contra el Gobernador

Por Oscar Díaz

Pues fue el Licenciado Jaime García Chávez el primero que se atrevió a lanzarse contra el Gobernador. La semana pasada el abogado y activista social acudió a la Ciudad de México a interponer una denuncia en contra del Gobernador Duarte y del presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, y del Secretario de Hacienda estatal, Jaime Ramón Herrera Corral por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento Ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades y los demás que resulten. La denuncia la interpuso en la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el Banco de México y dejó copia en la Secretaría de Gobernación. También la interpuso aquí en la Fiscalía General del Estado, después de batallar como dos horas, pues afirma el Licenciado, que no se la querían recibir. 

El abogado García Chávez, en una entrevista que concedió para la televisión nos dice que su denuncia se basa en dos hechos fundamentalmente: primero, la constitución de un fideicomiso por parte del Gobernador con valor de 65 millones de pesos destinado a comprar acciones del Banco Progreso, y segundo, una operación posterior a este hecho por parte de Gobierno del Estado y de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias para depositar en ese mismo banco 802 millones de pesos y 35 millones de pesos respectivamente, a una tasa inferior a la comercial que anuncia esa institución bancaria. De acuerdo al Licenciado García Chávez, atendiendo al pasado laboral del Gobernador, no le alcanza para tener 65 millones de pesos, por lo que surge la duda de cómo le hizo para hacerse de semejante fortuna y después menciona que al menos el 10% de las acciones del Banco Progreso pertenecen al mandatario, donde igualmente figuran como accionistas Carlos Hermosillo, presidente de la JCAS, y el Secretario de Hacienda estatal, Jaime Herrera quien, señala el abogado, declaró que en las mañanas trabaja como Secretario de Hacienda y en las tardes como funcionario de dicho banco. También nos comentó que el Banco Progreso surgió apalancado por Gobierno del Estado tan es así que le depósito los 802 millones de pesos más los 35 millones de la JMAS de Delicias, pagando una tasa de interés más baja de lo normal, sin que se sepa cuál es el estado actual de ese depósito; y que esta institución compró la deuda del Hotel Soberano, sin atreverse a afirmar que éste sea, o no, propiedad del Banco Progreso, pues no cuenta con evidencia suficiente para acreditarlo. Para todo lo demás, menciona que él tiene el caudal de pruebas para acreditar su dicho, sin embargo, se las reservó (lo cual es criticable pues quien afirma debe probar),  y que él busca que las instituciones como PGR, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determinen si la denuncia tiene o no sustento.      

Gobierno del Estado no respondió nada de manera oficial pero el Gobernador, desde Parral, en un evento de estructuras de su partido, afirmó que él está lejos de politiquerías y que si no le tiene miedo a los sicarios, menos le va a tener a los chismosos, esto en clara referencia a García Chávez,  y también dijo que desde que el PRI gobierna en Chihuahua, llueve y que él es marca PRI y a mucho orgullo.  Todo esto puede ser cuestionable en muchos aspectos, sin embargo no es motivo de esta entrega ahondar en los dichos del Gobernador. Caen por sí solos.  

Ante esta situación el PAN estatal no dijo nada, pero los diputados federales blanquiazules de Chihuahua hicieron un punto de acuerdo (que en la práctica no sirve para nada porque a nadie obliga) para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a que inicie una exhaustiva investigación con relación al uso, ejercicio, destino y aplicación de los fondos públicos obtenidos mediante la contratación de Deuda Pública en el estado de Chihuahua, en los periodos 2004-2010 y 2010-2016; y más tarde anunciaron que interpusieron una denuncia en la PGR por el endeudamiento de los 42 mil millones de pesos que actualmente tiene el estado. La idea era no dejarse rebasar por el abogado García Chávez y menos ahora que habían visto lo bien que había permeado en la opinión pública no sólo local, sino también en la nacional, esta acción del activista chihuahuense. Los diputados federales de Acción Nacional, independientemente de sus motivaciones, al menos actuaron, mientras que la dirigencia estatal y los diputados locales del PAN en Chihuahua permanecieron en un silencio lamentable. A los demás partidos políticos no los menciono porque de antemano sabemos que le pertenecen al PRI.

Ahora bien, a grandes rasgos ahí están los hechos de la semana pasada y parte de esta. La denuncia del Licenciado García Chávez es el primer acto formal que busca determinar si existe o no algún tipo de irregularidad en la administración del Gobernador Duarte. Es un hecho que ciertamente ha sido acompañado por algunos reflectores (no muchos), pero también debemos decir que no se aprecia que este sea el único móvil del mismo, pues aquí no hay la intención simple y llana de llamar la atención como pudiera apreciarse en otras acciones. Aquí hay una denuncia formal interpuesta en diversas instancias locales y federales que buscan aclarar y determinar si existe o no culpabilidad de los señalados y de ser así hasta dónde alcanza; lo que forzosamente implica una responsabilidad mayúscula para aquél que la interpone, precisamente por tratarse de los personajes de quienes se trata y de echar a andar (o al menos intentarlo) a los aparatos de la justicia mexicana. Me parece que el tema debe ser tratado con la seriedad suficiente y no sólo buscar hacer de él un circo cuya finalidad sea encumbrar personalidades; en todo caso debe ser motivo para que la sociedad se involucre y despierte, como afirma el propio Jaime García Chávez.

Se podrá estar de acuerdo o no con la manera de ser del Señor García Chávez, de acuerdo o no con su manera de hacer política. Hay quien quiere ver en él un monstruo capaz de hacer lo que sea con tal de figurar y otros un héroe que en solitario lucha contra el Gobernador. Más allá de eso, me parece que su denuncia debe ser tratada en su justa dimensión y, sobre todo, con la seriedad que se merece. Los hechos que el abogado señala no son cualquier cosa y lo mínimo que ameritan es ser aclarados; lo peor que podría pasar sería que se perdieran en el silencio o bien, que quedaran sepultados entre ruedas de prensa y actos intrascendentes de otros que se suman a esta denuncia con la única finalidad de llamar la atención.

Ahora todo queda en manos de las autoridades, de la justicia, serán ellas quienes deberán determinar si el abogado y activista social está en lo correcto o no. Si lo está, tendrán que hacer valer la ley y aplicar las sanciones correspondientes y si consideran que el abogado no tiene razón en sus dichos, deberán acreditar de manera fehaciente que el Gobernador, su Secretario de Hacienda y el presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento no son responsables de los hechos que se les imputan, pues solo así los que juzgan probaran que actuaron conforme a derecho y que no fue la política quien terminó por resolver lo que la justicia no pudo, por incapacidad o por miedo. Tiempo al tiempo.     

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