Opinión

El perjuicio de las tomas clandestinas

  • Por José Oswaldo
El perjuicio de las tomas clandestinas

Por Carlos Jaramillo Vela

El caso de las tomas de agua clandestinas en la ciudad de Chihuahua, que en días recientes han referido algunos medios de comunicación llama la atención por las implicaciones que ello tiene. Asciende casi a diez mil el número de tomas clandestinas que el personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento ha detectado y clausurado en los últimos meses, siendo los trabajos de sectorización que actualmente lleva a cabo el Organismo operador los que, entre otras labores, le han permitido encontrar y cerrar dichas conexiones ilícitas. Resulta irónico que mientras el gobernador César Duarte y los presidentes de las juntas Central y Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua -Carlos Hermosillo y Maurilio Ochoa, respectivamente- se esfuerzan en la ejecución de un ambicioso proyecto de sectorización que brindará cobertura total y permanente del servicio agua a los usuarios de la capital del Estado, surja este tipo de problema que refleja la ausencia de valores cívicos y la falta de reciprocidad de algunos ciudadanos.

Tal asunto deja evidentes lecturas de orden social, moral, jurídico, económico y ambiental. Es inaceptable que algunos ciudadanos se hayan conducido soslayando la conciencia comunitaria y el compromiso social que a todos los habitantes de Chihuahua nos debe caracterizar en torno a los bienes y servicios públicos que nos son comunes, como el agua, cuya escasez en la capital del estado para nadie es desconocida. La limitación del imprescindible líquido, que desde hace años ha marcado la vida de nuestra ciudad, es una circunstancia que nos obliga a tomar conciencia sobre el uso responsable y honesto del segundo más valioso recurso natural con el que contamos –porque el primero es nuestra propia vida-; por tal motivo, es inmoral la actitud con la que cientos de personas dispusieron sin permiso de la red pública para usufructuarla sin pagar el servicio por el cual la mayoría de los usuarios sí cubrimos el pago respectivo. La intencionalidad que se halla detrás de toda conexión furtiva de agua debe ser considerada como una afrenta social, porque el comportamiento de quien se conecta a una toma clandestina constituye una falta de respeto tanto hacia las instituciones y sus normas, como hacia las autoridades y la mayoría de los miembros de la sociedad que sí pagamos los servicios recibidos.

Por lo que al renglón jurídico respecta, resulta obvio que las conductas en las que incurrieron quienes se conectaron a las líneas de distribución de agua sin tener derecho a ello transgreden la legislación vigente. Así como el sentido común de la ciudadanía censura a la sustracción de combustible que algunas personas hacen en los ductos de PEMEX, de la misma manera –aunque con toda proporción guardada- es catalogado por la opinión pública el comportamiento de quienes manipulan las redes para tomar indebidamente el agua que nos pertenece a todos los chihuahuenses. La normatividad jurídica conduce a la misma conclusión, ya que en su artículo 208 el Código Penal del Estado de Chihuahua tipifica de modo nítido al delito de robo, al referir que comete tal ilícito “quien con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena total o parcialmente”. Por su parte, la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, en su artículo 40, establece que “Ningún usuario estará exento del pago de los derechos correspondientes, trátese de particulares o de dependencias o entidades de la administración pública de cualquier orden…” La finalidad de mencionar tales detalles de índole legal no es enjuiciar a quienes incurrieron en las equívocas conductas que ahora se analizan, sino concientizar a los responsables sobre el daño jurídico y social que causan mediante sus actos irregulares, pues más allá del ámbito personal de la deshonestidad e inmoralidad de sus actuaciones se halla el entorno social al que esas inapropiadas conductas vulneran, porque desobedecer la ley es trastocar el orden social y sus principios de convivencia colectiva. Desacatar las normas es amenazar la armonía de la vida en comunidad.

Bajo los puntos de vista económico y ambiental tampoco resulta poca cosa el menoscabo que puede causar ese elevado número de tomas furtivas. Si se considera un promedio de consumo bajo por cada una de esas 10 mil tomas equivalente a 20 metros cúbicos o $195.00 pesos de agua consumida cada mes –aunque la realidad demuestra que quien no paga el agua utiliza más del doble de este insumo que quien sí solventa dicho servicio-, se verá que la cantidad de dinero que dejó de ingresar a la JMAS mensualmente a causa del clandestinaje fue de al menos casi dos millones de pesos. Por otra parte, no es menos preocupante el dispendio de agua originado por esas conexiones subrepticias, mismas que tal vez en el más optimista de los casos implicarían un gasto de agua mensual de 200 mil metros cúbicos o 200 millones de litros, suficientes para saciar la sed de 1 millón de personas adultas durante 3 meses y medio.

Así, de esa magnitud son los perjuicios que la sustracción de agua provoca. Los chihuahuenses somos gente sensata y responsable, que se enorgullece de su respeto a los valores y las reglas de la convivencia. Reconozcamos los evidentes esfuerzos que el Gobierno Estatal hace para la mejoría del servicio, y eliminemos en nuestra ciudad la existencia de tomas de agua clandestinas.   

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