Sí fue fusilamiento: Cndh sobre caso Tlatlaya

Ciudad de México.- A casi cuatro meses de los hechos y tras desestimar una posible ejecución extrajudicial, el ombudsman Raúl Plascencia rectificó ayer su postura sobre la muerte de civiles a manos de militares el 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México.

Al dar a conocer ayer la Recomendación 51/2014, el presidente de la CNDH reconoció que en esos hechos 15 civiles -entre ellos tres menores de edad- habrían sido asesinados por elementos del Ejército.

Los restos de tres de las víctimas, explicó, fueron reubicados, lo que hace presumir una ejecución, y 12 más habrían sido asesinados después de haberse rendido.

Por otra parte, cuatro personas habrían muerto durante el enfrentamiento con los militares y tres más habrían sido víctimas del fuego cruzado.

Plascencia aseguró que el día de los hechos hubo un intercambio de disparos de menos de 10 minutos en las inmediaciones de una bodega donde quedaron los cuerpos.

De sus investigaciones de campo, la CNDH encontró en los cadáveres heridas producidas con arma de fuego: uno de ellos con signos de desnucamiento y otros cuatro presentaron fuertes golpes provocados por un objeto firme y bordes rombos, los cuales fueron propinados antes de ser asesinados.

En los hechos sobrevivieron tres mujeres que, según informó Sedena en un boletín oficial, fueron secuestradas por los presuntos delincuentes. Dos de ellas fueron consignadas al Cefereso de Tepic, Nayarit.

Según el Protocolo de Estambul aplicado para detectar tortura, ambas presentaron signos de asfixia con una bolsa, golpes y amenazas de índole sexual a manos de policías ministeriales del Estado de México, quienes las obligaron a declarar en contra de una lista de personas.

En la recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y al Gobernador mexiquense Eruviel Ávila, se consignó la alteración del lugar de los hechos: en las seis horas que demoró en llegar la Policía Ministerial se modificaron las posiciones de los cadáveres y de las armas; se sustrajeron ilegalmente los celulares de las víctimas, y no se preservaron correctamente las evidencias.

Pese a que los hechos en Tlatlaya ocurrieron el 30 de junio, la dependencia inició una investigación de oficio después del 9 de julio.

Por estos hechos, la PGR ya solicitó órdenes de aprehensión contra cuatro militares implicados, mientras que la Sedena retuvo a ocho.

Apenas el 23 de de septiembre Plascencia declaró: "Les puedo comentar que tenemos una claridad de que se trató de un enfrentamiento que duró cerca de 2 horas entre el Ejército y estas personas, de disparos entre unos y otros".