Abogado Oscar Castrejón protesta

Las muestras de desaprobación desde diferentes sectores de la justicia a la elección de los magistrados para cubrir las trece vacantes en el Supremo Tribunal de Justicia comenzaron desde el mismo momento que en el pleno del Congreso del Estado se llevaba a cabo la votación de las ternas.

A mitad de la sesión, David Óscar Castrejón Rivas, Presidente del Consejo Estatal del Colegio de Abogados, se levantó de entre el público y exhibió una cartulina con el mensaje "Respeto al Poder Judicial, a la trayectoria judicial" con la que pidió que se detuviera el proceso al no haberse escuchado a las barras y colegios de abogados.

Justo siete días después de la toma de protesta de los nuevos magistrados tuvo lugar la primera petición de amparo contra la elección, en el Juzgado Octavo de Distrito, curiosamente desde el interior del STJ y en la persona del Juez Hugo Acosta Hernández bajo el asesoramiento del abogado Maclovio Murillo Chávez.

En él, no sólo se exigió la revocación de la designación de los nuevos titulares de las salas, sino también de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la que se fundamentó el proceso bajo la denuncia de serias violaciones a los artículos 17 y 116 de la Constitución Federal y el 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Asimismo, puso de manifiesto la vulneración de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tanto que las designaciones no se realizaron en base a datos objetivos, exámenes y calificaciones para detectar a los mejor preparados para desempeñar un cargo de tan alta responsabilidad.

Dos días más tarde llegaría el segundo amparo, en esta ocasión interpuesto por Arturo Ramírez Luque, abogado externo al Poder Judicial, pero que anteriormente laboró en él, así como en el Poder Judicial Federal. Ni su paso por el Juzgado de Distrito B de Chihuahua ni por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República le valieron para pasar la primera criba y alcanzar la fase de entrevistas a los 39 "finalistas".

Asesorado por el propio Maclovio Murillo, el amparo se manejó en los mismos términos que el precedente y puso de manifiesto una experiencia contrastada y de la que el abogado aludió que carecían hasta "ocho magistrados políticos" de los trece designados.

Mientras esto sucedía, el Colegio de Abogados acordaba en asamblea la interposición de otro amparo afirmando sentirse en palabras de su presidente, Joaquín Sotelo, "defraudados por el proceso de selección y designación de los magistrados". 

"Le dimos un voto de confianza a ese procedimiento y finalmente el resultado es muy desfavorable debido a que las personas designadas, gran porcentaje, no cumplen con los requisitos de capacidad técnica para desempeñar ese cargo, no tienen la capacidad ni la experiencia para hacer sus funciones", apuntó el dirigente del órgano colegiado, quien apuntó la soberbia de las autoridades y que "la mano del gobernador se ve claramente involucrada en esto".

Todo ante la mirada de Luis Villegas Montes, postulado por Acción Nacional y designado para la Séptima Sala Civil, quien no dudó en defenderse en la asamblea señalando que el proceso seguido por el Legislativo Local copiaba el modelo federal.

"Si el constituyente hubiera querido que siguiera siendo un concurso de méritos, así se hubiera establecido, les puede gustar o no, pero con la pena es el modelo que tenemos en el modelo federal’’, señaló el ex diputado federal y asesor jurídico del grupo parlamentario del PAN.

Paralelamente, desde la Barra Mexicana Colegio de Abogados su presidente, Gilberto Mendoza García, anunció la presentación de otro amparo calificando el proceso de inmoral y señalando que "nos llama mucho la atención que se encuentren seis personas que realmente no cumplen a cabalidad con los que todo magistrado debe de conocer y de saber".

Mendoza denunció la intervención del Poder Ejecutivo en la elección, alegando que hasta seis de los nuevos magistrados estuvieron en algún tiempo vinculados a él y haciendo alusión a un "secretario del Registro Civil, un representante de la Conagua, un delegado estatal, Luis Villegas Montes un reconocido panista, ex diputado, ...".

"Simplemente son políticos, son personajes que se han dedicado a vivir del presupuesto y que ahora lleguen a una magistratura, en la manera que lo hicieron, obedece única y exclusivamente a intereses políticos", aseguró Gilberto Mendoza. Asimismo, informó de la interposición de otro amparo paralelo por parte de la Barra Mexicana de Colegios de Abogados a nivel nacional.

Por si no fuera poco, el abogado Maclovio Murillo manifestó estar dando forma a un amparo colectivo, respaldado al menos por una veintena de reconocidos funcionarios judiciales y totalmente independiente al que preparaban los diferentes órganos colegiados.

El litigador especializado en amparos no quiso revelar las identidades de quienes se ampararán solicitando la revocación no sólo de la designación de magistrados, sino también de la reforma del Poder Judicial y que se inicie nuevamente todo el proceso, "pero ahora con nuevas reglas".

"El proceso de designación de magistrados principalmente se basó en una reforma a la Constitución y a la Ley Orgánica que se hizo a modo para luego poder designar a los cuates del señor Gobernador, a los cuates de los diputados y a los cuates del Presidente del Supremo Tribunal", señaló abiertamente Murillo.

El abogado fue más allá en su crítica contra las designaciones, aseverando "¿cómo van a poder revisar a sus inferiores si no están preparados ni siquiera para ser jueces, menos para ser magistrados?". 

A este respecto, denunció que la mayoría de los designados para las salas penales "no ha estado nunca en una audiencia ni siquiera como invitados y sin embargo van a revisar el trabajo de juzgadores que tienen más de ocho años de preparación en el sistema oral adversarial".