La alternancia: un cambio en el modelo de gobernar para Chihuahua

“En México debe de privilegiarse la justicia y el estado de derecho por encima de cualquier otro interés público o privado”, dijo Mario Vázquez Robles, dirigente estatal del PAN al habar sobre las graves denuncias por corrupción y abuso de autoridad que pesan sobre el mandatario estatal de Chihuahua, César Duarte Jáquez, priista quien en días pasado fue denunciado por un grupo de senadores por enriquecimiento ilícito y los delitos que pudieran tipificarse por su inversión financiera y participación en la constitución del Banco Progreso Chihuahua S.A de C.V.

El líder del panismo en el estado precisó que existe en la PGR una denuncia en contra de Duarte Jáquez por su participación en el capital de la firma financiera señalada, con una inversión de 65 millones de pesos y que se fortalece con las declaraciones vertidas a los medios de comunicación por el propio gerente general de Progreso Chihuahua, Sergio Becerra.

“La primer interrogante que el mandatario estatal debe de responder a la sociedad chihuahuenses tiene que ver con el origen de los recursos que el mismo reconoce que invirtió en Progresa Chihuahua, pues no basta con decir que fue un “lotero” (vendedor de autos usados) muy exitoso y que desde niño se ha dedicado a la ganadería para justificar el origen de esos cuantiosos recursos. Si Duarte Jáquez antes de ser gobernador hubiera tenido en sus cuentas un ahorro de 65 millones de pesos para invertir en Progresa Chihuahua, ese recurso debió de aparecer en la declaración patrimonial que por obligación tuvo que presentar al asumir el cargo como gobernador”, dijo Vázquez Robles.

Los señalamientos por actos de corrupción van más allá de la duda razonable sobre el origen legítimo de los recursos que el mandatario estatal colocó a nombre de él y de su esposa en la firma financiera, pues quienes le acusan dicen estar convencidos de que fueron sustraídos del erario estatal.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece claramente que los servidores públicos deben de excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución  de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultad algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte (artículo 47, inciso XVIII).

La misma norma federal le obliga al gobernador a desempeñar su cargo sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción señalada anteriormente. El inciso XVIII de este mismo artículo establece su obligación de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial que arriba cuestionamos.

Vázquez Robles destacó el enorme contraste que existe entre el “manejo exitoso” de las finanzas personales del gobernador, que le permiten invertir en una sola exhibición 65 millones de pesos en una firma financiera que en breve tiempo lo convertirá en socio activo de un banco, con el enorme endeudamiento en el que tiene hundidas las finanzas del Estado de Chihuahua, cuyos compromisos financieros superan a la fecha la cifra de 42 mil millones de pesos. Vázquez Robles señala que las autoridades tiene la obligación de aclarar si ambos hechos no están ligados entre sí.

“Lo más preocupante es que esta conducta política Marca PRI se replica en toda la República Mexicana, comenzando desde el gobierno federal con el asunto de la ostentosa vivienda de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, valuada en más de 83 millones de pesos y cuyo origen financiero aún no ha sido explicado con satisfacción, hasta revisar la historia reciente con los gobernadores priístas de Tamaulipas, Tomás Yarrington, de Coahuila, Humberto Moreira, de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, del Estado de México, Arturo Montiel y Andrés Granier de Tabasco.

Es muy importante que las instituciones procuradoras e impartidoras de justicia funcionen. Solo así se podrá rescatar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Las autoridades deben de investigar a fondo todos los señalamientos que se han hecho y deslindar responsabilidades, para estar en condiciones de aplicar con todo rigor las sanciones que sean necesarias y ejemplares para la clase política.

“También es muy necesario que los ciudadanos sancionen electoralmente a quienes desde el poder abusan de la confianza que los ciudadanos les depositaron mediante el voto. “Por eso convocamos a la población a realizar un cambio necesario para Chihuahua; un cambio que no solo sea de los protagonistas de un solo partido político, sino del modelo de gobernar, del estilo que ese partido representa. Estoy convencido de que ha llegado nuevamente para Chihuahua el momento de la alternancia en el ejercicio del poder”, puntualizo Vázquez Robles.