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Cienfuegos y el control que ejerció en sinaloa

Culiacán.- Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) detenido actualmente en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, contó con fuerte presencia en el estado de Sinaloa durante...
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Culiacán.- Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) detenido actualmente en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, contó con fuerte presencia en el estado de Sinaloa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y ejerció control sobre la seguridad estatal mediante tres militares nombrados por el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

De acuerdo con información de Reforma, el paso por Sinaloa del general, identificado por la DEA bajo el alias de "El Padrino", estuvo marcado por la llegada de unos 3 mil 200 efectivos del Ejército y compras millonarias del Gobierno del estado a un único proveedor: la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada entonces por Cienfuegos.

Fue por esos año también que se registró una "guerra" interna en el Cártel del Sinaloa y una emboscada a militares en 2016, en la cual murieron cinco elementos.

El inicio de las acciones de la Sedena en Sinaloa tuvo lugar el 3 de enero de 2017, apenas dos días después de la toma de posesión de Quirino Ordaz, cuando se dio a conocer de forma oficial la llegada de los primeros mil 200 soldados al estado.

El propósito de la llegada de los efectivos era reforzar la seguridad en la entidad, que se había visto enturbiada por la emboscada del 30 de septiembre de 2016 registrada al norte de Culiacán, cuando cinco militares fueron asesinados como parte de las acciones del Cártel de Sinaloa para rescatar a uno de sus miembros. Además, hubo otros ocho elementos lesionados y un socorrista de la Cruz Roja herido de bala.

Salvador Cienfuegos mostró su indignación en el homenaje de cuerpo presente a los elementos caídos, e incluso advirtió que el Ejército iría "con todo, con la ley en la mano y la fuerza que sea necesaria" para dar con los responsables en lo que calificó como "una afrenta al Ejército".

"Enfermos, insanos, bestias criminales con armas de alto calibre", así fue como adjetivó a los responsables de perpetrar el cruento ataque contra los miembros del Ejército.

Los operativos de la Sedena continuaron durante octubre de 2016, hubo diversos enfrentamientos de los cuales sólo se proporcionó la cifra oficial de muertos y detenidos, todo enmarcado en la versión de que eran parte del grupo criminal implicado en la emboscada.

Ese periodo estuvo marcado por un repunte de la violencia en Sinaloa después de dos años en los que se había registrado una disminución durante la recta final de la administración de Mario López Valdez y la llegada de Ordaz Coppel, quien decidió encomendarle al Ejército la seguridad del estado.

En atención a la oferta de Cienfuegos, que le ofreció al mandatario priista una estrategia de seguridad liderada por militares, Quirino Ordaz designó a tres mandos militares por condición del general: Genaro Robles, general con trayectoria de 40 años, en la Secretaría de Seguridad Pública; teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, como su segundo al mando, y el también teniente coronel Sergio Piñeiro Camacho, quien llegó como subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo.

Los tres militares estuvieron a cargo de comandar la estrategia de la Sedena en Sinaloa, que estuvo basada en el gasto público para el pago de policías militares, la compra de armamento y la construcción de una base militar.

En marzo de 2017 se reforzó la presencia del Ejército en la entidad con la llegada de otros 300 efectivos, que alcanzaron la cifra aproximada de 3 mil 200 durante 2018.

Por estos elementos el Gobierno de Sinaloa pagó al menos 115 millones de pesos anuales, en cumplimiento a su compromiso de brindar alimentación, hospedaje, viáticos y estímulos económicos de 3 mil a 8 mil pesos según el grado militar.

Asimismo, se efectuó la compra de armamento y ocho vehículos blindados tipo DN XI mediante un convenio de colaboración con la Sedena por una suma de 36 millones de pesos. 

"El gobernador, desde el inicio de su administración, invirtió en una brigada de Policía Militar que van a formar parte de la Guardia Nacional, tenemos ya dos años trabajando con la Policía Militar", señaló Cristóbal Castañaeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública estatal desde agosto de 2018, tras el despido de Robles Casillas y la renuncia de Fermín Hernández Montealegre, otro militar propuesto por Cienfuegos.

El gobierno de Ordaz tambien realizó la compra de dos aviones no tripultados con un costo de 72.1 millones de pesos a la empresa mexicana Hydra Technologies. Debido a un convenio, la operación de los drones se comprometió exclusivamente al Ejército.

El convenio por la compra de los drones y entrenamiento del personal para su uso se efectuó junto a otros dos acuerdos que implicaron la construcción de una base militar en El Sauz, en Culiacán, y un centro de operaciones metereológicas en Mazatlán, ambas pagadas por el Gobierno estatal y operadas por la Sedena.

La base militar tuvo un costo total de mil 53 illones de pesos, de los cuales 739 millones 750 provinieron de recursos estatales y los 313 restantes del Instituto de Seguridad Social de las Fuezas Armadas Mexicanas.

La obra fue inaugurada el 27 de noviembre de 2018 mediante una ceremonia en la que participaron Quirino Ordaz, el presidente Enrique Peña Nieto y el propio Salvador Cienfuegos.

Todas esas compras y obras fueron de ayuda para fortalecer el Ejército comandado por Cienfuegos, que durante 2017 y 2018 estuvo en medio de una guerra interna del Cártel de Sinaloa, pues por esos años los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio, sostuvieron una guerra contra Dámaso López Núñez, "El Licenciado", y su hijo Dámaso López Serrano, "El Mini Lic", por el liderazgo de la organización, según repotes de la Secretaría de Seguridad Pública.

Aquella guerra culminó con la captura de "El Licenciado" en la Ciudad de México el 2 de mayo de 2017, así como la entrega voluntaria de "El Mini Lic" a Estados Unidos un mes después debido a presuntas amenazas por parte de la familia Guzmán.

Al menos 2 mil 600 asesinatos fueron el saldo de esa guerra, que se prolongó hasta finales de 2018 ante el reacomodo de liderazgos en la estructura de la organización criminal.

En medio de todo esto estuvieron los 3 mil 200 militares, que en enero de 2019 pasaron a ser elementos de la Guardia Nacional y fueron reasignados a otros estados del país.

En cuanto a la base militar El Sauz, a la fecha es ocupada por apenas 300 militares y sus familias, mientras que los vehículos blindados y los drones continúan en la Secretaría de Seguridad Pública estatal, bajo el mando de Castañeda Camarillo.

Con información de Debate.

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