Ciudad Juárez.- El representante de la Gubernatura del Estado en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, sostuvo que el Gobierno del Estado no incurrió en ningún incumplimiento relacionado con la operación del BRT-2, y aclaró que la controversia surge únicamente porque concluyó la vigencia del contrato de concesión y del comodato asociado, los cuales no fueron renovados conforme a lo establecido.
De acuerdo con el funcionario, el comodato mediante el cual el concesionario utilizaba unidades propiedad del Estado tenía un plazo claramente definido, mismo que fue ampliado en su momento para permitir a la empresa adquirir sus propios camiones y continuar prestando el servicio.
Al no concretarse esa obligación dentro del tiempo pactado, el contrato llegó a su término de manera natural, sin que existiera falta administrativa o legal por parte del Estado.
Ortiz Villegas enfatizó que no era necesaria una notificación adicional, ya que las condiciones y fechas de vencimiento estaban previstas desde la firma del acuerdo. Precisó además que la concesión no ha sido revocada, pero su ejercicio está condicionado al cumplimiento de los requisitos técnicos y operativos establecidos en el contrato original.
En el ámbito operativo, el representante estatal subrayó que la prioridad del Gobierno es garantizar la continuidad y fluidez del servicio de transporte público, particularmente para los miles de usuarios que diariamente utilizan la troncal BRT-2 y sus rutas alimentadoras.
En este sentido, explicó que dichas rutas se mantienen en operación, aun cuando no se cuenta con un dato exacto del número total de unidades en circulación.
De manera estimada, indicó que en una de las tres rutas alimentadoras operan entre seis y siete camiones, número que resulta suficiente para mantener el flujo del servicio y evitar afectaciones significativas a los usuarios.
Añadió que el enfoque de la autoridad ha sido resolver la operación en campo, más allá de entrar en formalismos que no abonan a la movilidad de la ciudad.
Finalmente, Ortiz Villegas reiteró que el Estado actuó conforme a la ley, priorizando el interés público y la movilidad urbana, y que cualquier definición futura sobre la concesión será determinada por las instancias competentes, siempre bajo el principio de asegurar un transporte eficiente, seguro y continuo para Ciudad Juárez.