Ciudad Juárez. — Una posible concesión de dos plantas tratadoras de aguas residuales por un periodo de 15 años encendió las alertas sobre el futuro financiero de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), luego de que el alcalde con licencia y coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, Cruz Pérez Cuéllar, denunciara que el proyecto elevaría considerablemente los costos de operación y comprometería recursos públicos durante más de una década.
Pérez Cuéllar cuestionó la viabilidad económica de la propuesta, al señalar que actualmente el mantenimiento de tres plantas representa un gasto aproximado de 33 millones de pesos mensuales, mientras que el nuevo esquema contemplaría destinar 45 millones de pesos cada mes para únicamente dos instalaciones.
De acuerdo con las cifras expuestas por el político juarense, la concesión significaría un desembolso de 540 millones de pesos anuales y hasta 8 mil 100 millones de pesos durante los 15 años de vigencia, sin considerar posibles ajustes contractuales o incrementos inflacionarios.
La diferencia resulta significativa, pues el nuevo esquema costaría 12 millones de pesos mensuales más que el gasto actual señalado, pese a contemplar una planta menos.
El coordinador morenista sostuvo que el monto proyectado incluso superaría los recursos que actualmente destina la JMAS al pago de energía eléctrica ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo costo anual estimó entre 320 y 330 millones de pesos.
Otro de los puntos que destacó fue el impacto sobre las finanzas del organismo operador, cuyo presupuesto anual ubicó en aproximadamente 3 mil 800 millones de pesos. Bajo esas estimaciones, la concesión absorbería alrededor del 14.2 por ciento de los recursos anuales disponibles.
Advirtió que comprometer una proporción de esa magnitud durante 15 años podría reducir la capacidad financiera de la JMAS para ampliar redes de distribución, mejorar el drenaje, modernizar infraestructura hidráulica y desarrollar nuevos proyectos de aprovechamiento del agua.
Entre las iniciativas que podrían resultar afectadas mencionó la ampliación de la denominada línea morada, destinada al aprovechamiento de agua tratada, así como otros proyectos relacionados con el suministro y la disponibilidad del recurso hídrico para la ciudad.
Pérez Cuéllar manifestó su desacuerdo con el proyecto independientemente de la empresa que pudiera resultar beneficiada, al considerar que las condiciones económicas planteadas no representarían una operación favorable para los intereses de Ciudad Juárez.
Asimismo, expresó preocupación por la información disponible sobre el procedimiento de autorización y señaló que el asunto podría ser sometido a consideración del Consejo Directivo de la JMAS este jueves 5 de noviembre.
Explicó que, por tratarse de un organismo descentralizado vinculado a la estructura estatal del agua, la eventual aprobación podría requerir otras instancias de autorización, incluido el Congreso del Estado, dependiendo de las características jurídicas de la operación.
El alcalde con licencia también cuestionó la falta de información pública sobre los alcances financieros y contractuales del proyecto, por lo que consideró necesario que la ciudadanía conozca las condiciones bajo las cuales se pretende comprometer el presupuesto del organismo.
Ante este escenario, anunció que buscará informar a los juarenses sobre las implicaciones de la propuesta y dar seguimiento a las decisiones que adopte el Consejo Directivo, sin descartar acciones de difusión pública para explicar los posibles efectos de la concesión.
La controversia coloca nuevamente bajo discusión el modelo de administración de los servicios hidráulicos en Ciudad Juárez, particularmente la participación de empresas privadas en infraestructura estratégica y las obligaciones financieras que podrían derivarse de contratos de largo plazo.
Hasta el momento, las cifras y condiciones señaladas corresponden a la denuncia pública de Pérez Cuéllar. Queda pendiente conocer la documentación oficial de la propuesta, sus estudios de viabilidad, los servicios específicos que comprendería la concesión y la postura de la JMAS frente a los señalamientos.
La decisión que pudiera tomar el Consejo Directivo abriría así un debate sobre el destino de recursos públicos que, de concretarse el contrato en los términos denunciados, quedarían comprometidos durante los próximos 15 años.Aletan