Juárez

Busca Gobierno Estatal regularizar transporte del Valle de Juárez

  • Por Editora M

-Revisa más de 400 concesiones


Ciudad Juárez.- El representante de la gubernatura estatal en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, aseguró que el Gobierno del Estado mantiene la intención de garantizar un sistema de transporte público regulado y funcional para los habitantes del Valle de Juárez, aunque dejó en claro que ningún servicio podrá operar fuera de la Ley de Transporte Público del Estado.

Durante declaraciones sobre la situación del transporte en la región, Ortiz Villegas explicó que actualmente existen unidades y rutas que requieren entrar a un proceso de regularización ante la Subsecretaría de Transporte, instancia encargada de verificar que los vehículos cumplan con las especificaciones técnicas necesarias para el traslado de pasajeros y cuenten con la concesión correspondiente.

El funcionario estatal enfatizó que las concesiones del transporte público no son transferibles de manera automática, por lo que cualquier cesión o modificación debe contar con el aval oficial de la autoridad competente.

“Lo que queremos es que exista transporte para el Valle de Juárez, pero tiene que ser un transporte regulado, con reglas claras y bajo la normatividad vigente”, expresó.
Indicó que el Gobierno del Estado mantiene apertura al diálogo con empresarios y transportistas interesados en prestar el servicio, por lo que se les ha invitado a acercarse a la Subsecretaría de Transporte para analizar la posibilidad de otorgar permisos provisionales que posteriormente puedan derivar en concesiones formales.

Ortiz Villegas señaló que el objetivo principal es garantizar movilidad para las familias del Valle de Juárez, especialmente en zonas donde el servicio resulta insuficiente o inexistente, aunque insistió en que no se permitirá la operación de sistemas irregulares o fuera del marco legal.
Conexión con el BRT y movilidad regional

Dentro de las alternativas que analiza el Estado, se contempla un esquema de conexión desde el centro de Ciudad Juárez hacia la Plaza Sendero, buscando integrar la movilidad regional con el sistema de transporte semimasivo BRT, aunque sin generar competencia desleal con el sistema ya establecido.

El representante estatal aclaró que no se contempla que este esquema funcione como una ruta alimentadora tradicional, debido a que el Valle de Juárez involucra recorridos entre distintos municipios, lo que representa costos operativos y necesidades distintas a las del transporte urbano convencional.
“El Valle necesita movilidad y lo importante es que el servicio pueda operar de manera regulada y eficiente”, puntualizó.

Añadió que mientras se avanza en la regularización del sistema, las autoridades continúan explorando alternativas temporales para atender la demanda de transporte en esa región del estado.

Transportistas denuncian acoso y retención de unidades
En medio de las negociaciones y revisiones, algunos transportistas han denunciado presuntos actos de acoso y retención de unidades por parte de autoridades, situación que también fue abordada por Ortiz Villegas.

El funcionario afirmó que las inquietudes del sector serán escuchadas y atendidas, aunque reiteró que todas las unidades deberán cumplir con los permisos y concesiones requeridas por la ley.
“Jamás podrá haber transporte sin regulación ni normativas. 

Todos tienen que ajustarse a la Ley del Transporte Público del Estado”, sostuvo.

Asimismo, confirmó que existe una manifestación programada para el viernes frente a las oficinas de Pueblito Mexicano, donde transportistas buscarán exponer sus demandas relacionadas con permisos, operatividad y regularización de rutas.

Respecto al tema de las tarifas, Ortiz Villegas indicó que únicamente la Subsecretaría de Transporte tiene facultades para definir o autorizar cualquier ajuste tarifario.

*Revisarán más de 400 concesiones*
En otro tema relacionado con el transporte público, el representante estatal informó que el Gobierno del Estado iniciará una revisión integral de más de 400 concesiones, de las cuales alrededor de 200 se encuentran actualmente inactivas.

Explicó que muchas de las concesiones vigentes vencerán el próximo año, por lo que se analizará cuáles concesionarios han cumplido con las disposiciones establecidas en la Ley del Transporte Público del Estado y con la actualización del año modelo de las unidades.

Ortiz Villegas recordó que hace aproximadamente dos años y medio se autorizó un incremento a la tarifa del transporte con el propósito de que los concesionarios invirtieran en la modernización de las unidades.

“Algunos sí cumplieron y actualizaron sus camiones, pero otros no lo hicieron. Ahora se tendrá que revisar quién verdaderamente cumplió”, declaró.

La administración estatal analiza un esquema mediante el cual los concesionarios que acrediten inversiones y modernización de unidades podrían obtener una ampliación de sus concesiones por 10 años adicionales.

Proponen transporte eléctrico
Como parte del proceso de modernización, también se estudia la posibilidad de incorporar sistemas de transporte eléctricos de último modelo, lo que permitiría renovar parte de la flotilla sin costo directo para el gobierno estatal.

Sin embargo, Ortiz Villegas aclaró que cualquier ampliación de concesiones estará condicionada al cumplimiento total de la normatividad y a la comprobación real de inversiones por parte de los concesionarios.

“No basta con decir que se hizo una inversión; tiene que verificarse que realmente se cumplió con los lineamientos y con el año modelo requerido”, indicó.

Precisó que quienes hayan cumplido con las disposiciones legales podrán acceder a la ampliación de concesiones, mientras que quienes no acrediten cumplimiento simplemente no recibirán la renovación correspondiente.

“No se trata de cancelar concesiones de inmediato, pero sí de definir quién puede continuar operando y quién no”, añadió.

El funcionario también dejó claro que proyectos relacionados con camiones nuevos o sistemas modernos de transporte no serán aprobados automáticamente, ya que primero deberá existir certeza jurídica, cumplimiento legal y compromiso de inversión.

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