Exponen reforma penitenciaria de fondo en el estado

Ciudad Juárez.— El subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Ricardo Fernández Acosta, expuso los alcances de la reforma penitenciaria integral que se impulsa en Chihuahua desde 2023, al afirmar que la seguridad del estado depende, en gran medida, de un control ordenado, legal y transparente al interior de los centros penitenciarios.

Durante su intervención, el funcionario subrayó que uno de los principales retos ha sido romper con la narrativa histórica que responsabiliza a los penales de todos los problemas de inseguridad, para sustituirla por una visión integral, en la que el control, la vigilancia, la inteligencia y la reinserción social forman parte de una misma estrategia estatal de seguridad.

Fernández Acosta recordó que, al inicio de la administración, en 2023, el sistema penitenciario de Chihuahua enfrentaba una crisis estructural; una sobrepoblación del 42 por ciento, carencia de uniformes para los custodios, inexistencia de videovigilancia funcional, déficit de personal operativo y condiciones que propiciaban el desorden interno y los autogobiernos.

Ante este escenario, explicó, la SSPE tomó la decisión de reconstruir el sistema desde la raíz e integrarlo plenamente a la estrategia estatal de seguridad pública. 

Como parte de esta transformación, se fortaleció la plantilla laboral con la incorporación de 193 nuevos custodios, se logró la homologación salarial, se otorgaron bonos compensatorios y de riesgo a más de 1,200 elementos y se garantizó la entrega de uniformes completos por dos años consecutivos.

El subsecretario destacó también el reconocimiento institucional a los oficiales caídos en cumplimiento de su deber, como parte de una política de dignificación y fortalecimiento moral del personal penitenciario, así como la implementación de intervenciones extraordinarias de supervisión y control, con la participación de los tres órdenes de gobierno.

En materia de infraestructura, Fernández Acosta informó la creación de más de 800 nuevos espacios penitenciarios, con énfasis en el Centro de Reinserción Social número 3 (Cereso 3), uno de los más presionados por la sobrepoblación. 
Estas acciones, junto con la eliminación de privilegios indebidos, como las denominadas celdas VIP, permitieron avanzar en el orden interno y en la recuperación de la gobernabilidad en los centros.
Como resultado de estas medidas, la sobrepoblación penitenciaria se redujo de 42 a 11.26 por ciento, una de las disminuciones más significativas a nivel nacional. 

A ello se suman 383 traslados a penales federales y 1,088 a centros estatales, con el objetivo de optimizar la distribución de la población penitenciaria y reducir riesgos operativos.

El subsecretario resaltó el incremento sustancial en las labores de supervisión y control, al pasar de 119 mil revisiones a casi 400 mil inspecciones en 2025, lo que derivó en miles de decomisos de objetos prohibidos y en una reducción de conflictos internos. 

“Hoy los penales dejaron de ser cajas negras; son espacios monitoreados y transparentes”, afirmó.

Uno de los pilares de la reforma, dijo, ha sido la inversión tecnológica, con la instalación de más de mil cámaras de videovigilancia, sistemas de aduanas inteligentes, equipos de rayos X, inhibidores de señal y la integración total a la plataforma Centinela, lo que permite monitoreo en tiempo real y la generación de inteligencia penitenciaria. 

Tan solo en 2025, se produjeron más de 7 mil productos de inteligencia, con enfoque preventivo.
Fernández Acosta enfatizó que la reinserción social es parte esencial de la seguridad, por lo que se fortalecieron los programas de educación, cultura, deporte y trabajo dentro de los centros penitenciarios.

 Además, se impulsó el empleo post-penitenciario mediante alianzas con el sector empresarial y comités de fomento laboral, con el objetivo de reducir la reincidencia y facilitar la reintegración de las personas privadas de la libertad a la sociedad.

En este sentido, destacó el crecimiento de la participación de la población penitenciaria en programas educativos, de alfabetización, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, particularmente durante 2025, así como la diversificación de los servicios de reinserción entre 2019 y 2026.

Finalmente, el subsecretario informó que Chihuahua avanza en procesos de reconocimiento nacional y en el inicio de certificaciones internacionales, como la de la American Correctional Association (ACA), con la meta de consolidar un modelo penitenciario moderno, profesional y humano.

“La transformación del sistema penitenciario es una condición indispensable para la paz duradera”, concluyó Fernández Acosta, al señalar que Chihuahua se encamina a convertirse en un referente nacional en seguridad pública y reinserción social, con un modelo sustentado en control, tecnología, profesionalización y respeto a la legalidad.