Llaman contadores a reforzar cumplimiento de Ley Antilavado

Ciudad Juárez.- El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) llamó a empresas, profesionistas y ciudadanía a fortalecer el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, ante la reforma que entrará en vigor en julio de 2025.

Durante una sesión informativa realizada este jueves, Juanita Barraza, presidenta del IMCP, recordó que esta legislación surgió en 2012, se publicó en 2013 y su reglamento apareció en 2014. 

Subrayó que, aunque la norma tiene más de una década, fue hasta 2024 cuando la Secretaría de Hacienda y el SAT comenzaron a darle atención prioritaria. 

“La Ley Antilavado debe ser tan conocida como el ISR o el IVA; es parte del blindaje para evitar que recursos ilícitos ingresen al sistema económico”, señaló.

En su intervención, José Hernández, vicepresidente de Práctica Externa del instituto, resaltó que la labor del IMCP es informar sobre los retos del cumplimiento normativo en materia de prevención del lavado de dinero, especialmente para sectores susceptibles como el inmobiliario, comercios con alto uso de efectivo, actividades fiduciarias, fintech, operaciones con activos virtuales y comercialización de joyería, metales y piedras preciosas. 

Aclaró que estas actividades no son ilícitas, pero sí requieren controles, identificación plena del cliente y reportes cuando los montos superan los umbrales marcados en UMAs.

Por su parte, Evangelina Reyes, vicepresidenta de Imagen y Difusión, enfatizó que desde su fundación en 1961 el instituto ha buscado que la comunidad empresarial conozca las disposiciones legales y fiscales que inciden en su operación. 

“Alertamos a los negocios para que no se conviertan en víctimas involuntarias de operaciones con recursos ilícitos. 

La desinformación puede llevar a sanciones millonarias e incluso a la quiebra”, advirtió.

El contador público Rogelio Muñoz señaló que uno de los cambios más relevantes es la precisión de responsabilidades para quienes realizan actividades vulnerables.

Explicó que deben mantener expedientes actualizados, identificar plenamente a quienes solicitan servicios y emitir avisos a la UIF y al SAT cuando se superen los montos establecidos. Recordó que las multas pueden ir desde poco más de 22 mil pesos hasta varios millones, según la gravedad del incumplimiento.

A su vez, el contador Humberto Grijalba destacó que la reforma de 2025 no implica una nueva ley, sino un fortalecimiento operativo para que autoridades y sector privado coadyuven en la detección de riesgos. 

“La Ley Antilavado no es fiscal, pero sí complementa al sistema financiero para prevenir el uso de empresas como vehículos de lavado”, explicó.

Como parte del esfuerzo de actualización, el IMCP anunció el inicio de un seminario especializado en materia antilavado, impartido por expositores certificados por la UIF. 

El programa comenzará el día 28 y concluirá el 27 de febrero, con el fin de ofrecer una guía clara sobre obligaciones, umbrales, actividades vulnerables y riesgos de incumplimiento.

El IMCP cerró reiterando que la capacitación y el cumplimiento puntual de la ley son esenciales para proteger la estabilidad de empresas y profesionistas ante los cambios regulatorios previstos para 2025.