Presentan demanda contra autoridades de Doña Ana

Esto por aprobar presuntamente de forma ilegal el proyecto Project Jupiter

El Paso, Texas.– El Centro de Derecho Ambiental de Nuevo México (New Mexico Environmental Law Center) y varios residentes del área presentaron una demanda contra la Junta de Comisionados del Condado de Doña Ana, a la que acusan de actuar de manera “ilegal” al aprobar el controvertido Proyecto Jupiter, un centro de datos que se planea construir a las afueras de Santa Teresa.

La organización ambiental impugnó la aprobación de tres ordenanzas relacionadas con dicho proyecto, las cuales, aseguran, fueron aprobadas sin cumplir con los procedimientos legales correspondientes.

El primer decreto autoriza la emisión de bonos de ingresos industriales por 165 mil millones de dólares para apoyar el desarrollo del centro de datos, mientras que los otros dos permiten el uso de fondos de la Ley de Desarrollo Económico Local (LEDA, por sus siglas en inglés) para el mismo fin.

La demanda fue presentada el 17 de octubre ante el Tercer Tribunal Judicial del Distrito, e incluye también como demandantes a José Saldaña Jr., residente de Sunland Park; Vivian Fuller, de Santa Teresa; y al Congreso de Empoderamiento del Condado de Doña Ana.

De acuerdo con el Centro de Derecho Ambiental, el 19 de septiembre la Junta de Comisionados aprobó los bonos industriales y la primera ordenanza LEDA, y el 14 de octubre votó a favor de la segunda.
Ambas votaciones se resolvieron con un resultado de 4 a 1.

Los demandantes solicitan que el tribunal revise y anule las tres ordenanzas, argumentando que los comisionados no siguieron las leyes locales ni estatales al momento de aprobarlas.

Según señalan, la decisión se basó en una única solicitud incompleta para los bonos industriales, con páginas en blanco y sin información clave sobre los impactos del proyecto.

“Pese a las deficiencias en la solicitud del Proyecto Jupiter, la Junta del Condado adoptó las tres ordenanzas para impulsar la construcción de este centro de datos de gran escala”, denunció el grupo en un comunicado.

Asimismo, acusaron a funcionarios del condado de haber sostenido reuniones a puerta cerrada con los desarrolladores meses antes de que la comunidad conociera el proyecto, incluso firmando un acuerdo de confidencialidad con las empresas involucradas.

El grupo ambiental también advirtió que centros de datos como Project Jupiter consumen enormes cantidades de agua y energía, provocando un fuerte impacto en las redes eléctricas locales y en el suministro público, además de aumentar los costos de servicios, el ruido y la contaminación en las comunidades vecinas.

El proyecto contempla, además, la construcción de una microred eléctrica, plantas de energía de gas natural, almacenamiento con baterías y una planta desalinizadora, en una zona donde los residentes ya enfrentan dificultades históricas para acceder a agua potable limpia y asequible.

“La decisión de la Junta del Condado de comprometer fondos y recursos locales con desarrolladores foráneos contradice el derecho del público a que sus autoridades actúen conforme a la ley y en beneficio de sus comunidades”, señalaron los demandantes.

Finalmente, el grupo solicitó al tribunal suspender la implementación de las ordenanzas mientras se resuelve el litigio, para asegurar que el proyecto solo avance una vez que el condado cumpla plenamente con las leyes locales y estatales.