En los pasillos empresariales de Ciudad Juárez, el tema de la presunta privatización parcial del agua comenzó a generar más preguntas que respuestas. La controversia estalló cuando Cruz Pérez Cuéllar, ahora coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, denunció públicamente un proyecto para concesionar durante 15 años el mantenimiento de dos plantas tratadoras de la JMAS. Lo que despertó curiosidad en los círculos políticos no fue solamente la denuncia, sino el origen de la información y la oportunidad de hacerla pública, particularmente cuando Pérez Cuéllar ya no se encuentra al frente de la administración municipal. Detrás de esta controversia circula una versión que apunta hacia el propio Consejo de la JMAS. Según comentarios, un empresario y miembro del consejo de apellido Ibarra habría buscado acercamientos para obtener una de las concesiones próximas a concluir, situación que habría llegado al conocimiento del presidente del consejo denla JMAS Roberto Ramos. La misma versión habla de diferencias internas y de una separación del empresario Ibarra del órgano colegiado por un supuesto conflicto de intereses. Toda apunta a que Ramos transmitió información directamente a Pérez Cuéllar. Sin embargo, el señalamiento abre una línea de investigación sobre quiénes participan en las decisiones y qué intereses empresariales podrían encontrarse alrededor de los contratos. El tamaño del negocio explica buena parte de la controversia. De acuerdo con las cifras presentadas por Pérez Cuéllar, el esquema anterior costaba 33 millones de pesos mensuales por tres plantas, mientras que la nueva propuesta contempla 45 millones por solamente dos. Son 540 millones de pesos anuales y un compromiso nominal de 8 mil 100 millones durante 15 años, sin considerar posibles ajustes contractuales. Una diferencia que exige explicaciones técnicas y financieras, pero que también coloca bajo escrutinio al Consejo de Administración; ¿quién propuso las nuevas condiciones, qué empresas están interesadas y qué mecanismos existen para impedir conflictos de intereses? La disputa tampoco puede separarse del escenario político. Pérez Cuéllar mantiene una confrontación pública con decisiones de la administración estatal, de la cual depende la JMAS, y esta denuncia coloca nuevamente al organismo en el centro del debate. Pero una cosa es cuestionar un contrato millonario y otra demostrar que detrás de él existen intereses particulares indebidos. La prueba estará en las actas del Consejo, los expedientes de contratación, las declaraciones de posibles conflictos de intereses y las condiciones financieras del proyecto. Porque el fondo de este asunto no es solamente quién filtró la información o quién aprovechó políticamente la denuncia, sino quién pretende administrar un negocio de miles de millones de pesos y bajo qué condiciones se comprometerían los recursos públicos de Ciudad Juárez.
