LA DISLOCACIÓN

Si bien es cierto que no hay vuelta de hoja en la resolución dictada en forma definitiva por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito en el Conflicto Competencial 20/2025, los argumentos de este son muy claros: los recursos federales, ya sean aportaciones o participaciones, administrados por las entidades federativas y los municipios, no pierden su naturaleza, por lo tanto, la fiscalización de los mismos es competencia de la federación, a través de la Auditoría Superior de la Federación, así lo dispone el artículo 79 constitucional. Por lo anterior, el proceso penal instruido en contra del ex Secretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez, de Pedro López Elías, titular del despacho contable y de Javier Corral, a quienes se le acusó de estar involucrados en el desvío de recursos públicos (peculado) por casi 100 millones de pesos, ahora será llevado por la FGR… ni pex Pero, pero, los abogados no le midieron el agua a los camotes, resulta y resalta que Héctor Acosta Félix, el Auditor Superior del Estado, señaló que “la resolución que el Tribunal otorgó en favor del ex gobernador Javier Corral, disloca las competencias entre la ASF y la ASE, pero además las investigaciones que se siguen en contra de César Duarte y los expedientes X quedarían sin efectos. Es una decisión dañina, porque aparte trae como consecuencia entonces que los asuntos de la llamada justicia para Chihuahua, que son en gran parte recursos de participaciones federales, con esta resolución, pues entonces pareciera que los tribunales locales no podrían sancionar a los ex colaboradores, del ex gobernador César Duarte e incluso al propio ex gobernador César Duarte" ¿Qué sigue? Pues que los abogados de los acusados de los expedientes X tomen la iniciativa de solicitar la nulidad de todos los procesos e inicien la lluvia de demandas penales y de responsabilidad patrimonial en contra del propio Corral, Peniche, Maclovio Murillo, Gema Chávez, MPs, peritos, agentes investigadores, jueces y magistrados que cometieron diversos delitos, abusos, falsedades y excesos, por una facultad que nunca le correspondió al Gobierno del Estado: ejercer acción penal en contra de exfuncionarios y particulares, sino que siempre debió haber sido materia federal, por supuestos desvíos que la Auditoría Superior de la Federación nunca observó ni presentó denuncias ante el Ministerio Público Federal, por lo que fácilmente se deduce que todo fue orquestado como una vulgar venganza, exenta de legalidad y de constitucionalidad. Los carniceros de ayer, serán las reses de hoy