Acusan retroceso en derechos políticos con reforma electoral
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Chihuahua.- Coordinados por Pamela Pérez Gómez, representantes de organizaciones civiles y colectivos sociales de Chihuahua expresaron su rechazo y profunda preocupación por la Reforma Electoral publicada el 30 de junio, la cual calificaron no como un simple ajuste de reglas, sino como un retroceso en derechos políticos, participación ciudadana e igualdad logrados tras años de lucha y construcción institucional.
Los colectivos argumentaron que la reforma viola el principio de progresividad de los derechos humanos consagrado en el Artículo 1° de la Constitución, que prohíbe expresamente adoptar medidas regresivas que reduzcan el nivel de protección ya alcanzado.
Señalaron que entre los procesos 2020-2021 y 2023-2024, las acciones afirmativas permitieron importantes logros en representación:
2020-2021: 423 candidaturas indígenas registradas.
2023-2024: 435 candidaturas de pueblos indígenas, personas con discapacidad y diversidad sexual, de ellas 102 resultaron electas 40 regidurías indígenas, 8 regidurías para personas con discapacidad, 2 diputaciones indígenas, 4 regidurías y 1 diputación para personas de la diversidad sexual.
Ahora con la reforma, personas con discapacidad y diversidad sexual deberán compartir una cuota de apenas el 2% de las regidurías que los partidos postulen en todo el estado.
Mientras que para los pueblos indígenas se limita la facultad del Instituto Estatal Electoral para ampliar medidas de representación en municipios y diputaciones
En lugar de ampliar la protección de los derechos político-electorales de grupos históricamente discriminados, la reforma reduce los mecanismos existentes y disminuye el nivel de protección ya alcanzado, señalaron las organizaciones.
Ante este escenario, los colectivos han presentado: 30 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales ante el Tribunal Estatal Electoral.
4 incidentes de inejecución de sentencia respecto al mandato de legislar la elección directa de regidurías.
Solicitudes de acciones de inconstitucionalidad ante el Congreso del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la CNDH.
Las organizaciones aseguraron que continuarán agotando todas las vías jurídicas, electorales y de derechos humanos necesarias para defender los derechos políticos de la ciudadanía chihuahuense
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