Afirma Tesorería que proyecto de barredoras fue planeado y costeable

Chihuahua.- La tesorera municipal de la capital, Aída Amanda Córdova Chávez, defendió el esquema de arrendamiento para el servicio de barredoras en la ciudad, al confirmar que el contrato fue pactado por un periodo de diez años y aprobado por el Cabildo dentro del presupuesto municipal.

La funcionaria aseguró que la contratación integral resulta más conveniente e integral que la compra directa de maquinaria.

Las declaraciones de la tesorera se dan luego de que el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, cuestionara públicamente la durabilidad y el costo del esquema aplicado en Chihuahua capital. Pérez Cuéllar señaló que mientras en Ciudad Juárez el costo por kilómetro barrido se fijó en 354.24 pesos durante el periodo 2022-2024, en la capital el Ayuntamiento paga 482.56 pesos por kilómetro, lo que representa una diferencia del 36.2 por ciento o un sobreprecio estimado de 43 millones de pesos. Asimismo, criticó que un acuerdo a diez años comprometa las finanzas de administraciones futuras.  

Al ser cuestionada al respecto, Amanda Córdova sostuvo que el proyecto se encuentra perfectamente planificado y responde a una necesidad imperante del municipio. Explicó que en su momento se evaluó la viabilidad de adquirir las unidades, pero se concluyó que no era costeable para las arcas municipales.

La tesorera detalló que la administración optó por seguir un modelo similar al utilizado en el arrendamiento de las patrullas de Seguridad Pública. Precisó que no se trata únicamente de rentar las barredoras, sino de contratar el servicio de limpieza en su totalidad, delegando al proveedor la responsabilidad del mantenimiento, reparaciones y operatividad de las maquinas.

Respecto al funcionamiento de la maquinaria, Córdova explicó que las labores se realizan de forma permanente en la jornada nocturna para abarcar toda la ciudad sin obstaculizar la circulación diurna. Añadió que las condiciones ofrecidas originalmente por el prestador contemplaban un plazo mayor, pero tras las negociaciones se acordó fijar la vigencia del contrato en una década, acuerdo que contó con el aval del Cabildo municipal.