Chihuahua.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó la iniciativa presentada por la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, para incorporar al Código Penal de Chihuahua el delito de cohabitación forzada contra niñas, niños y adolescentes, con penas de ocho a 15 años de prisión y multas de hasta 2 mil 500 días para quienes obliguen, coaccionen, induzcan, gestionen u oferten a menores de 18 años para formar una unión de hecho.
La reforma establece que el delito se configura con o sin el consentimiento de la persona menor de edad, al reconocer su condición de vulnerabilidad y la necesidad de proteger sus derechos.
Durante la presentación de su voto razonado, Argüelles Díaz citó cifras de la Secretaría de Salud correspondientes a 2024, según las cuales en Chihuahua se registraron 3 mil 114 nacimientos de madres menores de 18 años. De esos casos, en mil 873 el padre era mayor de edad, mientras que mil 228 madres tenían menos de 14 años al momento del parto.
La legisladora señaló que, aunque el matrimonio infantil está prohibido en el país, persisten las uniones de hecho que buscan evadir la ley.
“Son niñas, no esposas”, expresó, al advertir que estas situaciones pueden derivar en abandono escolar, violencia y pérdida de oportunidades para las menores.
La modificación adiciona el artículo 184 al Código Penal estatal, con el propósito de armonizar la legislación local con el marco federal y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Argüelles Díaz explicó que, además de establecer sanciones, es necesario impulsar campañas de prevención y concientización para que las familias y comunidades conozcan las consecuencias de estas uniones y las responsabilidades legales de quienes las propician.
Asimismo, reconoció el consenso entre las distintas fuerzas políticas para aprobar el dictamen y consideró que representa un avance en la protección de la infancia.
“Ninguna niña debe ver truncados sus sueños, su educación ni su futuro por decisiones impuestas”, afirmó la diputada, quien sostuvo que el objetivo es garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar sus proyectos de vida sin que se les impongan relaciones o convivencias.
Señaló que, aunque la legislación constituye una herramienta indispensable, erradicar esta problemática también requiere atender las causas de desigualdad y vulnerabilidad social que la favorecen.