Canalizan apoyo en salud y vivienda a familias desplazadas en la sierra

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Chihuahua, Chih.– El secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, Enrique Rascón Carrillo, informó que el Gobierno del Estado ha desplegado un operativo integral de apoyo para las familias que se han visto desplazadas de sus lugares de origen debido a los recientes hechos de violencia registrados en las comunidades de Cinco Llagas, El Ocote y El Manzano, en la región serrana. El esquema de atención incluye soporte directo en materia de vivienda, salud y educación.

Debido a las condiciones de inseguridad en sus comunidades, los núcleos familiares afectados se trasladaron hacia las localidades de Baborigame, Hidalgo del Parral y Chihuahua capital. En estos puntos, las autoridades estatales mantienen un seguimiento puntual y personalizado para cada uno de los casos.

Rascón Carrillo mencionó que, ante esta contingencia de carácter humanitario, la gobernadora Maru Campos Galván instruyó a los integrantes de su gabinete a mantener una coordinación total y transversal, con el objetivo prioritario de atender la emergencia social que impera en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Al respecto, el funcionario explicó que la mandataria estatal activó formalmente la Mesa Permanente de Desplazamiento Forzado Interno, la cual opera bajo dos componentes fundamentales: el primero de ellos enfocado estrictamente en la seguridad pública y el resguardo de las zonas afectadas; el segundo, centrado en la atención humanitaria.

En este último rubro participan de manera conjunta dependencias como la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, el DIF Estatal, la Secretaría de Salud y la propia Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, canalizando servicios de asistencia médica y alimentaria de forma prioritaria.

Finalmente, el secretario estatal aclaró que el Centro de Atención a Víctimas (CEAVE) de la Fiscalía General del Estado es la única instancia legalmente facultada para emitir cifras oficiales sobre el número de familias desplazadas. Lo anterior obedece a que se requiere agotar un procedimiento jurídico formal y el levantamiento de las denuncias correspondientes para que los afectados puedan ser integrados formalmente en el catálogo de víctimas del estado.