Chihuahua.- Ante el registro de mil 93 niñas, niños y adolescentes víctimas de violación y abuso sexual durante 2025 en Ciudad Juárez, la diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, exigió la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes, con presupuesto propio, personal exclusivo y capacidad técnica para investigar desde la primera denuncia.
De acuerdo con las cifras expuestas por la legisladora, de las víctimas registradas, 564 fueron por violación y 529 por abuso sexual, lo que representa un promedio de casi tres agresiones diarias.
Asimismo, señaló que los casos de violación infantil aumentaron 9.5 por ciento en comparación con 2024. En un panorama más amplio de violencia contra menores, se contabilizaron 2 mil 365 víctimas en cinco categorías: violencia familiar, violación, abuso sexual, omisión de cuidados y maltrato infantil.
Del total, el 67.1 por ciento correspondió a niñas y más de la mitad de las víctimas tenía entre cero y 11 años. Además, entre enero y septiembre de 2026 se integraron 483 carpetas de investigación por violación, lo que, de acuerdo con los datos presentados, coloca a Ciudad Juárez en el primer lugar nacional en este delito.
Pérez Reyes sostuvo que la investigación de agresiones contra menores requiere métodos especializados y personal capacitado para recibir testimonios sin revictimizar a las víctimas, preservar pruebas y actuar con prontitud.
La propuesta contempla la integración de equipos multidisciplinarios, cobertura en todo el estado con una sede fortalecida en Ciudad Juárez y mecanismos de transparencia que permitan dar seguimiento al avance de las investigaciones, sin comprometer la identidad de las víctimas.
"Una madre no debería convertirse en investigadora para conseguir justicia para su hija o hijo", subrayó la legisladora.
Advirtió que la creación de esta fiscalía debe estar acompañada de recursos suficientes y resultados verificables, al considerar que las niñas y los niños necesitan una respuesta efectiva de las autoridades.
"Cuando una niña o un niño pide ayuda, el Estado tiene la obligación de escuchar, creer, proteger e investigar", concluyó.